La asociación que denunció la prórroga de la AP-9 ve más cara la concesión que su rescate
En-Colectivo ve "preocupante" la posición del Gobierno de España ante el expediente abierto por Bruselas y ve más económico para las arcas públicas un rescate que el actual formato de la concesión
La AP-9 conecta Galicia de norte a sur desde Ferrol hasta Tui / EP
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En-Colectivo mueve ficha. La asociación de consumidores que en su momento denunció las prórrogas en la concesión de la AP-9 ha recalcado este jueves en que es más costoso para las arcas públicas el actual formato de esta concesión hasta 2048 que un hipotético rescate.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Diego Maraña, ha calificado de «preocupante» la posición del Gobierno de España ante el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, al insistir en unos argumentos que las autoridades europeas ya han rechazado. Maraña ha afeado al Ejecutivo central que utilice expresiones como «indefensión» o «inseguridad jurídica» en su respuesta a la Comisión, cuando ésta se limita a «defender la legalidad», que «no se cumplió» en la prórroga de la concesión aprobada en 2000 por el gobierno presidida entonces por José María Aznar.
Tras recordar que la autopista AP-9 es la única vía que comunica Galicia de norte a sur, sin tener otra alternativa equiparable, Diego Maraña ha recordado que esta infraestructura, tras más de medio siglo, aún no se ha amortizado y genera un beneficio del 40 %. «Cualquier juez, en una reclamación por lucro cesante, puede preguntar a Audasa por la amortización y echar cuentas, porque tuvo beneficios que no le corresponderían», ha apuntado.
A vueltas con los números del Gobierno
Por otra parte, ha cuestionado las cifras aportadas por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que cifró en 6.000 millones el coste de rescatar la concesión y transferir la autopista a Galicia. «Hablan de cifras astronómicas, pero no aclaran de donde salen», ha incidido, antes de recordar que la propia concesionaria estimó la compensación en 2.200 millones, una cifra ratificada por el Consejo de Estado, que expuso que el coste de mantener la concesión «sería mucho mayor».
«Si hubiera voluntad política, hace unos años que la AP-9 sería gratuita», ha subrayado el presidente de En-Colectivo, que ha vuelto a lamentar que «los gallegos son españoles de tercera» para el Gobierno que, sin embargo, «sí tiene dinero para otros territorios, como Cataluña«.
