Las eléctricas públicas que proponían BNG y PSOE: sin socios privados, pero entrando en proyectos energéticos 

La crisis energética que espoleó la invasión rusa de Ucrania, en medio de un complejo proceso de descarbonización y de una espiral inflacionista, llevó el coste de la electricidad al primer plano del debate público. Los precios marcaron récords, se implementó la excepción ibérica y se apresuraron las empresas en buscar acuerdos de suministro a largo plazo (PPA) a la espera del desarrollo de más renovables. No es de extrañar que con esos antecedentes, las autonómicas gallegas depararan un buen puñado de medidas para impulsar reformas desde la Xunta que permitiesen asegurar un suministro más barato.

De hecho, tanto el BNG como el PSdeG recuperaron en sus programas la creación de una empresa pública de energía, una idea que viene de muchos años atrás y que tiene antecedentes de escaso impacto social en Galicia, pues el Gobierno gallego cuenta con el Inega (Instituto Enerxético de Galicia), es el principal accionista de Sotavento y socio de referencia de Reganosa. A pesar de algunas coincidencias con lo expresado en sus programas, nacionalistas y socialistas han acogido con desconfianza que Alfonso Rueda anuncie una comercializadora desde la utility Recursos de Galicia, empresa constituida bajo la fórmula de la colaboración público-privada.

El plan de Rueda es que esta comercializadora tenga como clientes objetivos a sectores estratégicos de la economía gallega y a los vecinos de los proyectos de generación de energía. El dirigente autonómico aseguró que «ofertará una energía 100% renovable, por un precio estable y sustancialmente por debajo de mercado».

Tanto BNG como PSOE pusieron en duda que esta comercializadora acabe beneficiando a la ciudadanía. La diputada Olalla Rodil consideró que parecía casi una broma después de que el PP lleve años rechazando la propuesta de su partido de crear una empresa pública de energía y «trabajando para el lobby de las eléctricas». Gómez Besteiro abogó por una fórmula «100% pública» y tildó de «confusa» la red de instituciones público-privadas alentadas por Rueda. Pero, ¿cuál era la propuesta de los partidos de la oposición?

Las propuestas del BNG

El programa con el que Ana Pontón alcanzó el hasta ahora techo de votos del BNG incluía la creación de una «empresa pública de energía liderada por la Xunta y abierta a la participación de las entidades locales». La principal función sería la participación pública en el sector energético, incluyendo la producción. De hecho, los nacionalistas planteaban recuperar los saltos hidroeléctricos de competencia gallega cuya concesión ya venció para su explotación pública o para la restauración de los cauces.

Adicionalmente, el BNG también pretendía crear centros de investigación y desarrollo tecnológico, uno de carácter más global con el Inega y las universidades para dedicarse a la innovación en renovables, a la electrificación de la economía o a la digitalización y redes inteligentes; y otro más específico sobre almacenamiento energético.

Estas propuestas se combinaban con la confección de un nuevo ordenamiento eólico y con la tarifa eléctrica galega, la compensación que piden los nacionalistas en forma de energía barata por ser una comunidad de elevada producción.

La energética del PSdeG

El programa del PSdeG apostaba también por la creación de una sociedad «100% pública«, encargada de gestionar las energías renovables de Galicia con el objetivo de generar beneficios para todos los gallegos y gallegas». Esta empresa estaría «abierta a la colaboración con el sector privado», garantizando que los recursos naturales «serán aprovechados en favor del desarrollo industrial de nuestro país, para crear empleo y dinamizar sectores productivos».

Esta idea del impacto positivo en el territorio estaba también en la ordenación eólica de los socialistas, pues proponían priorizar en las autorizaciones administrativas «las medidas compensatorias de contenido social para las comunidades afectadas por la instalación de los parques. Concretamente, aludía a iniciativas sociales, participación de los vecinos en la energía generada mediante proyectos de autoconsumo o al despliegue de estaciones de carga para vehículos eléctricos.