Choque político entre Xunta y Gobierno por la acogida de migrantes

La derivación al territorio nacional de las personas migrantes procedentes de Canarias ha generado un nuevo punto de fricción entre el Gobierno central y el autonómico. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a calificar de “desordenada” la gestión del Ejecutivo ya que considera que las comunidades están recibiendo “poca información” sobre el número de personas que van a acoger, dónde se hospedarán, su estado o sobre las necesidades que presentan.

El presidente gallego ha incidido en que «no es la primera vez» que se reparten migrantes entre comunidades para aliviar una zona «tensionada» como lo está ahora Canarias, pero, dice, «sí es la primera vez que se hace con tan poca información».

Según Rueda, los gobiernos autonómicos no tiene «prácticamente ninguna» información sobre el número de personas que recibirán, los destinos a los que serán dirigidos, los establecimientos en los que se alojarán, «cuánto va a ser el tiempo de estancia» o en qué estado de salud se encuentran y las necesidades que presentan.

«Esto debería hacerse de una forma mucho más ordenada, precisamente para intentar hacerlo bien», ha añadido el presidente de la Xunta, que ha afirmado que «todo esto es tan sencillo como sentarse a hablar» para «coordinar» mejor la respuesta de las administraciones a la situación.

La versión del Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha apelado a la solidaridad para la acogida en la comunidad autónoma a los más de más de 400 migrantes (350 en Sanxenxo, 40 en Sobrado dos Monxes y 12 en Vigo).En cuanto al tiempo de estancia ha señalado que «la idea es un mes, pero veremos la circunstancia», ha señalado en relación al momento en el que se produzca esta acogida para «aliviar la presión en Canarias». 

Blanco ha incidido en que hubo contactos por su parte, ya el martes, con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «para comunicarle la previsión de las personas que iban a venir y las zonas dónde iban a ubicarse puntualmente». También ha insistido, en relación a las críticas suscitadas a este respecto por parte de algún regidor, que habló con ellos. «Con algunos hablé el miércoles a primera hora de la mañana», ha aseverado para precisar que, en todo caso, esta acogida no va «a desbordar necesidades de la administración».

Además, ha remarcado que actuó siendo «consciente de que había que tener transparencia con ellos», en referencia a los mandatarios municipales de A Coruña, Vigo, Sanxenxo y Sobrado dos Monxes, de cara a la acogida en sus respectivos municipios. Cuestionado sobre este último y las posibles reticencias de su alcalde, ha ratificado que habló el martes con él y que volverá a hacerlo hoy. «No es una presión demasiado alta en cuanto al número de personas que se tienen que remitir a Sobrado», ha aclarado.

En cuanto a los contactos con las administraciones implicadas, el delegado del Gobierno ha subrayado que también se contestó a la carta remitida por la Consellería de Política Social. Por otra parte, ha precisado que el jueves habló de nuevo con Rueda y con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para mantener un contacto fluido en relación a esta cuestión

BNG apela a la solidaridad

La líder del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que «toca ser generosos» en la acogida de migrantes y ha censurado que la Xunta «siga las instrucciones de Génova» con sus críticas a la gestión del Gobierno en este asunto.

«Tenemos que ser un país de acogida y hay que hacerlo colaborando y no entrando en polémicas estériles que creo que tienen el riesgo de agitar discursos de odio que no pueden tener cabida en la sociedad», ha afirmado.

La postura del Foro Galego de Inmigración

Por su parte, el Foro Galego de Inmigración denuncia el «racismo institucional» promovido, según ha asegurado, por «grupos políticos y representantes máximos de comunidades autónomas» ante la llegada de migrantes desde Canarias y pide que las administraciones cumplan con los derechos humanos.

Tal y como ha trasladado en un comunicado, el Foro reprocha que se considere a las personas migrantes «como mercancía, carente de derechos humanos». «Son personas, cada una de ellas, con un proyecto vital y como tal deben ser reconocidos», expresa. En esta línea, recuerda que las personas que llegan a Canarias son «un número infinitamente menor que los turistas que visitan esas Islas», por lo que creen que «no son un problema para un Estado grande y desarrollado económicamente».

Por eso, piden al Gobierno central y al resto de administraciones públicas competentes una respuesta que cumpla con los derechos humanos: «acogida, acceso a apoyo legal personalizado, rapidez en las posibles solicitudes de asilo y refugio y garantía de unas condiciones dignas de vida durante el tiempo necesario».