El BNG presiona al Gobierno para subir el SMI en casi 200 euros al mes
La senadora del BNG, Carmen Da Silva, reclama al Gobierno que eleve el SMI hasta los 1.320 euros al mes al que considerar que la subida propuesta por el comité de expertos está "muy lejos" de la recomendada por el Consejo de Europa
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a Néstor Rego y Carme da Silva
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El BNG mueve ficha por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En plenas negociaciones del Ministerio de Trabajo con los sindicatos para revalorizar el SMI, la senadora del Bloque, Carmen Da Silva, explica en una pregunta escrita registrada en el Senado que en 2024 el salario mínimo (1.134 euros) representó el 51,5% del salario medio, que el año pasado alcanzó los 2.200 euros según datos de la Agencia Tributaria.
El objetivo de Da Silva es establecerlo a los niveles indicados en la Carta Social Europea. De esta forma, anima al Gobierno a ir más allá de la subida que han propuesto los expertos que le asesoran en esta materia. Y es que este alza del 3,4% propuesta «está muy lejos del salario mínimo recomendado por el Consejo de Europa. «Debería de haber sido del 60% y, por lo tanto, llegar a los 1.320,04 euros al mes [en 14 pagas] para 2025», reclama la senadora en el documento, al que ha accedido Europa Press.
La hoja de ruta marcada por el comité de expertos que asesora al Gobierno para la subida del SMI marca un incremento del 3,4% para este año (hasta los 1.172,5 euros) o un 4,4% (situándolo en 1.184 euros al mes). Con todo ello, el BNG ha preguntado al Gobierno si no debería coger como referencia los mismos datos que maneja el Comité Europeo de Derechos Sociales que toma como referencia los módulos salariales que publica la Agencia Tributaria. A renglón seguido, la senadora ha querido saber si el Ejecutivo tiene previsto cumplir con el contenido de la Carta Social Europea y situar el SMI en 60% del salario medio para 2025.
Por último, el BNG ha preguntado sobre cuál va a ser el posicionamiento del Ministerio ante una eventual resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que dictamine el incumplimiento por parte del Estado en lo que al SMI se refiere, y si rectificará para cumplir «efectivamente» con la Carta Social.
