El BNG acusa a la Xunta de «dumping» con su comercializadora de energía

El BNG arremete contra la Xunta de Galicia por su plan para impulsar una comercializadora de energía a precios reducidos a empresas y poblaciones afectadas por la instalación de proyectos renovables. La viceportavoz primera del Bloque, Olalla Rodil, ha ironizado con que la comercializadora de energía anunciada por el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras el «retiro espiritual» de Sober es una «gran cortina de humo» para intentar tapar las «nefastas consecuencias que tiene para Galicia la política energética del PP» y para «seguir beneficiando al lobby energético».

«Lo único que está haciendo el PP es avanzar hacia delante en su política depredadora y al servicio de sus empresas amigas», ha denunciado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha comparecido junto al portavoz de Energía del BNG, Xosé Manuel Golpe. A juicio de Rodil, la comercializadora «ni será pública esta ni lo es la empresa que la promueve, Recursos de Galicia, en la que la Xunta solo tiene el 30% del accionariado, siendo el 70% restante de empresas privadas que nada tienen que ver con el sector eléctrico y mucho menos con la producción de energía».

«El Gobierno de Rueda intenta calmar el enorme malestar social que está generando su boom eólico depredador y la inseguridad jurídica generada en el sector por la propia Xunta», ha añadido la diputada nacionalista, antes de subrayar, en este punto, la paralización cautelar de varias decenas de parques eólicos por parte del TSXG. También se ha referido al «caos» generado por la gestión del PP, «con fragmentaciones ilegales de parques, proyectos eólicos en espacios protegidos o parques fuera de las áreas de desarrollo eólico».

El BNG vaticina venta a pérdidas

En paralelo, Rodil ha sembrado la duda sobre el «riesgo de ilegalidad» que tiene «la venta a pérdidas que contempla una comercializadora que, ha subrayado, según la propia Xunta, «va a comprar la energía a las grandes productoras que impulsan los nuevos parques eólicos para venderla por debajo del precio de mercado». «La venta de la pérdidas, por debajo de precio de mercado, es dumping y es ilegal», ha esgrimido.

Rodil ha emplazado, además, al Gobierno de Rueda a aclarar si finalmente va a ser la Xunta, con el dinero público de los gallegos y las gallegas, la que «va a pagar la diferencia entre lo que cobrarán por la energía las grandes productoras y el precio por debajo del mercado que se pretende ofertar con la comercializadora».

«¿Va a asumir ese diferencial el 70% del capital privado de Recursos de Galicia o va a ser una vez más el gobierno gallego y con él el conjunto de la sociedad de este país el que tenga que pagar la factura?», se ha preguntado, antes de esgrimir que «no es creíble» que el PP hable de una «política energética social» después de «cargarse el complemento autonómico del bono social térmico que beneficiaba a más de 80.000 familias que hoy tienen más dificultades para pagar la factura de la luz».

Las propuestas del BNG

Frente a este plan, Rodil ha reiterado las medidas que propone el BNG y que ha detallado Xosé Manuel Golpe: una empresa de energía 100% pública que abarcaría producción, distribución y comercialización, y la creación de una tarifa eléctrica gallega.

Golpe ha enfatizado que el principal objetivo de la empresa pública que propone el Bloque es el de «participar en la explotación de los recursos naturales de Galicia, comercializar la energía a precios que permitan la competitividad de las empresas y también luchar contra la pobreza energética». Para conseguir su fin, la empresa pública que reivindican los nacionalistas participaría de los nuevos proyectos de generación energética , bien dentro del accionariado o bien a través de la cesión de una parte de la energía generada, no comprando paquetes a las grandes productoras.

El BNG defiende, además, la recuperación de las concesiones hidráulicas caducadas para la gestión pública, fomentar el autoconsumo y promover las comunidades energéticas de base social. Los nacionalistas también proponen que esa empresa pública, en colaboración con otros departamentos del Gobierno, podría llevar a cabo programas de rehabilitación energética de viviendas o medidas de mejora de la eficiencia en instalaciones públicas industriales.

Asimismo, ha insistido en que «nada impide» la creación de una tarifa eléctrica gallega, que tenga en cuenta el exceso de generación que hay en Galicia, con un promedio de exportación de un 47% a un 50%, y la distancia entre la generación y el consumo. Una tarifa que, ha recalcado, serviría para tanto para «impulsar la reindustrialización» como para «abaratar la factura eléctrica del tejido social e industrial».