La guerra política por Altri se traslada al Congreso por los 280 millones en ayudas

Lejos de calmar los ánimos, la declaración de impacto ambiental otorgada por la Xunta a la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo) ha elevado los decibelios de la discusión política. Las miradas se centran ahora en el Gobierno de Pedro Sánchez, que tomará dos decisiones clave para la viabilidad del proyecto. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica debe contemplar la conexión eléctrica que garantice un suministro suficiente a la factoría en la planificación de la red de transporte. Por otro, el Ministerio de Industria debe decidir sobre las ayudas que ha solicitado la pastera portuguesa y que considera imprescindibles para materializar la inversión de 1.000 millones en la planta gallega. Altri aspira a 280 millones de los fondos europeos, 30 procedentes del Perte de descarbonización, que el departamento que dirige Jordi Hereu debería resolver próximamente; y otros 250 millones en ayudas directas.

Estos dos hitos clave para la fábrica de pasta soluble y fibras textiles están extendiendo la presión política desde Galicia al propio Congreso, donde BNG y Sumar se preparan para endurecer su discurso frente al Gobierno. El primero ya ha dejado claro que conceder fondos públicos a Altri traspasaría una «línea roja» que condicionaría la relación de la formación nacionalista con el Ejecutivo, tras ser uno de los partidos que facilitó tanto la investidura de Sánchez como la propia acción de Gobierno. La formación que lidera Yolanda Díaz y que forma parte del Gobierno de coalición considera la factoría de Palas de Rei «un atentado ambiental que llevará por delante el río Ulla y que supone una amenaza para la salud», por lo que también ha exigido que se le deniegue el acceso a las ayudas.

La pasada semana, el mismo día que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta dio luz verde a Altri, el ministro de Industria dijo ser consciente del «debate social» que despierta el proyecto, pero matizó que los procedimientos de concesión de los fondos europeos están reglados y fundamentados en análisis técnicos. «Nosotros estamos en la posición de tramitarlo como cualquier otro proyecto», dijo Jordi Hereu.

La ofensiva del BNG

La primera fuerza de la oposición en Galicia prepara una ofensiva global contra el proyecto de Altri y el visto bueno ambiental de la Xunta, lo que implicará iniciativas a nivel local, en el Parlamento gallego, en las Cortes españolas e incluso en el Parlamento europeo, donde ya ha demandado a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que la fábrica de Palas de Rei quede al margen de los fondos europeos por ser «altamente contaminante» y «vulnerar directivas de obligado cumplimiento». El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, preguntará este miércoles al ministro de Industria en la sesión de control al Gobierno sobre la posible concesión de las ayudas a Altri: «Una autorización de estos fondos a Altri afectaría a cualquier relación futura: esto es una línea roja para el BNG», dijo Rego.

El diputado nacionalista, en una comparecencia ante los medios, instó al Ejecutivo central a «escuchar el clamo popular que rechaza este proyecto lesivo para Galicia» y dejó claro que otorgar ayudas a Altri «va en contra de los principios de sostenibilidad y supone una traición a los intereses de la mayoría social gallega».

Rego también avanzó la pregunta que formulará a Jordi Hereu en la sesión de control: «Atendiendo al gran impacto ambiental y socieconómico negativo que tendrá el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, ¿está el Ministerio de Industria en disposición de denegar los fondos públicos del Perte de descarbonización que pretende la empresa?». La resolución de este programa de ayudas debería conocerse en breve y la compañía lusa aspira a obtener 30 millones en la convocatoria.

¿Referendos sobre Altri?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está en posiciones similares a las del BNG con respecto a la fábrica de Palas de Rei. Su partido, Sumar, registrará una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno central a que no otorgue fondos a Altri para construir la planta, e irá un poco más allá, pues propone realizar un referendo sobre el proyecto en los municipios afectados directa o indirectamente, lo que comprendería a todos los concellos que recorre el Ulla y los de la ría de Arousa.

La portavoz de Sumar en el Congreso, la gallega Verónica Martínez Barbero, subrayó este martes la «responsabilidad» de la Xunta por «dar luz verde a un proyecto que atenta contra el futuro de Galicia». «Un atentado ambiental que llevará por delante el río Ulla y que supone una amenaza para la salud», consideró. Sumar entiende que la concesión de fondos públicos a Altri sería contrario a la normativa europea, que indica que los proyectos «no deben hacer un daño significativo». La formación considera, por tanto, que la pastera no puede ser «bajo ninguna circunstancia merecedor de ayudas a la descontaminación cuando contamina más que cualquier pastera existente en España».

El PSdeG pone en duda las ayudas a Altri

El CEO de la compañía lusa, José Soares de Pina, dio por hecho que el «exigente» proceso para obtener el permiso ambiental en Galicia acreditaba que el proyecto de Palas de Rei cumplía los requisitos europeos para acceder a los fondos públicos. Sin embargo, los socialistas gallegos han sostenido durante los últimos días que esto no está en absoluto claro. Lo hizo el propio secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien dijo no creer merecedora a Altri de ayudas extraordinarias, en referencia a los alrededor de 250 millones que quiere obtener la pastera para construir la factoría.

Este martes fue la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, la que expresó sus dudas sobre el proyecto y su acceso a fondos europeos. Advirtió que «la propia Declaración de Impacto Ambiental está llena de condicionantes», por lo que es dudoso que cumpla los requisitos establecidos por la UE, como «la mitigación del cambio climático» o la protección de los recursos sostenibles y la economía circular. «Le va a costar», auguró la ex alcaldesa de Lugo. Aún así, reconoció que a veces hay que «dar licencias» a pesar de «no compartir la filosofía» o que no guste «lo que allí se apruebe»: «Que un edificio pueda pintar su fachada de negro, no hay ninguna norma que lo impida; la instalación de un negocio de juego, nadie lo quiere en su calle ni en su barrio, pero si cumple los requisitos las licencias hay que darlas», dijo.