Así se desmanteló el centro creado en A Coruña tras el ‘Prestige’ para controlar vertidos en el mar

El pasado mes de noviembre se cumplió el vigésimo primer aniversario del hundimiento del Prestige. El accidente de este petrolero cargado con 77.000 de fuel desencadenó una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la comunidad que aún sigue dando sus últimos coletazos en el ámbito judicial. Y es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales rechazó aplicar la sentencia del Tribunal Supremo español para que las aseguradoras del petrolero paguen la compensación al considerarla «incompatible» con el arbitraje británico, bloqueando así el abono de 855 millones de euros de indemnización.

A la catástrofe del Prestige le siguió el denominado Plan Galicia, que el Gobierno central que por aquel entonces capitaneaba José María Aznar puso en marcha para paliar los efectos adversos de esta contaminación que sufrió la costa de la comunidad. Entre las medidas aprobadas se encontraban el impulso del proyecto del puerto exterior de A Coruña (Punta Langosteira), cuyas obras arrancarían en 2005, así como la conexión del AVE entre Galicia y Madrid o la construcción del Parador de Muxía (inaugurado en 2020).

La creación del Cepreco

Pero además de estas medidas encaminadas a revitalizar la economía gallega y, en el caso del puerto de Punta Langosteira, a prevenir casos como el Urquiola, el Mar Egeo o el Prestige, el Gobierno central también puso en marcha del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral (Cepreco). La institución, que tuvo como presidenta a Purificación Morandeira, se creó con la intención de articular una cooperación real entre la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de prevención y lucha contra la contaminación derivada del tráfico marítimo.

El Cepreco también fue encargado de articular una intensa actividad en lo relativo a la reclamación al Fondo Internacional de Compensación (FIDAC), con sede en Londres, de las indemnizaciones correspondientes, para paliar los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

El Cepreco fue creado por Real Decreto 2182/2004, de 12 de noviembre y tenía su sede en la torre de control marítimo de A Coruña. El organismo era dependiente del Ministerio de la Presidencia, pero tan solo operó durante un total de seis años. «Se derogó mediante el Real Decreto 1227/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1130/2008, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino», aclaran fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino pasó a atribuirse las funciones del Cepreco a partir de 2010. Estas giran en torno a la «la elaboración o dirección de estudios, propuestas y planes, en materia de protección del litoral y prevención de la contaminación marítima accidental». A estas funciones se suman la elaboración de la «propuesta del plan integral de contingencias sobre actuaciones en el litoral y de formación sobre prevención y lucha contra la contaminación», tal y como aseguran desde el departamento que encabeza Teresa Ribera.

Además, en el Real Decreto que supuso el fin de la andadura del Cepreco también se contemplaba «la colaboración [del Ministerio de Medio Ambiente] con el Ministerio de Fomento para potenciar las actuaciones en materia de protección de la ribera del mar», así como un Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marítima.

La crisis de los pélets

De esta forma, las atribuciones del Cepreco han quedado diluidas entre las del Ministerio de Medio Ambiente (fue adscrita a la Secretaría General del Mar) y, más recientemente, entre las del Ministerio para la Transición Ecológica. El organismo desapareció, de esta manera, 13 años antes de poder dar respuesta como entidad propia y con base en Galicia, a crisis como la vivida recientemente tras el vertido de las 26,3 toneladas de pélets que se encontraban a bordo de los contenedores del Toconao.

Sobre este punto, la Xunta de Galicia decidió rebajar el nivel de emergencia por la crisis de los pélets al 1, el mínimo. El Ejecutivo gallego tomó la medida tras comprobar que “la incidencia de llegada descendió notablemente” y que la cantidad de pélets no llega “a los ratios mínimos” que los organismos internacionales recomiendan “para su recogida”. Y es que, tras haber recogido más de 3.500 kilogramos de pélets desde el inicio de la crisis, las cantidades extraídas de la costa gallega cada día han ido a menos hasta el punto de desplomarse un 94% en cinco días.