Arco Iris reclamará en los tribunales el embargo de los bienes de la aseguradora del ‘Prestige’
La organización ecologista solicitará la medida ante la Audiencia Provincial de A Coruña después de que de los tribunales del Reino Unido hayan bloqueado el pago de los 885 millones de indemnización por el hundimiento
Catástrofe del ‘Prestige’ – Álvaro Ballesteros – Archivo
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La organización ecologista Arco Iris reclamará ante la Audiencia Provincial de A Coruña el embargo de todos los bienes de London P&I Club, la aseguradora del ‘Prestige’, en todos los países de la Unión Europea como consecuencia de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en la que se deniega el cobro al Estado español de los 885 millones en concepto de indemnización por el hundimiento del buque.
Así lo informan desde la organización al tiempo que hacen referencia al fallo de la Audiencia Provincial sobre la reclamación planteada a nivel estatal para reclamar un dinero establecido, por sentencia, en los tribunales españoles.
Arco Iris,única representada en la causa penal del ‘Prestige’ por el movimiento ecologista, afirma que su intención es instar en la ejecutoria ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña «el embargo de todos los bienes (empresas mercantiles, cuentas bancarias, fondos y productos financieros) que pertenecen a la aseguradora en países europeos.
En este sentido, indica que su intención es «reiniciar la pieza ejecutoria seguida ante la Audiencia de A Coruña», además de denunciar la postura de la aseguradora en relación a esta catástrofe.
Bloqueo de la indemnización
El juez Christopher Butcher estimó el recurso de la aseguradora London P&I Club argumentando que la sentencia del Tribunal Supremo español es «incompatible» con el arbitraje británico y su ejecución sería contraria al principio de res judicata (cosa juzgada) que rige en el Reino Unido.
La Justicia británica respalda el procedimiento iniciado por London P&I Club para obligar a España a presentar su reclamación ante el derecho inglés, en base a que la demanda era de tipo contractual y respondía a las normas inglesas de conflicto de leyes.
El dictamen conocido el pasado viernes respalda esa posición y bloquea la indemnización de 855 millones que fijó el Supremo español por el vertido de crudo frente a las costas gallegas. A entender el juez, dicha resolución es «incompatible» con sus procesos arbitrales.
