Una Ley de Vivienda fallida que aumenta el problema del alquiler

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno bipartito y sus socios ha agravado aún más el gran problema de vivienda que tenemos en Galicia con una oferta de alquiler en mínimos y una demanda en máximos

Viviendas vacías en alquiler Galicia

Viviendas en alquiler / Europa Press

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La demagogia legisladora ha destrozado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia y ha agravado, aún más, el gran problema que tenemos en Galicia con una oferta de vivienda en alquiler en mínimos y una demanda en máximos. Esta norma, aprobada por el Gobierno bipartito y sus socios, da finalmente la puntilla al mercado de la vivienda en alquiler habitual en Galicia y en España.

No está contemplada ni sola una medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento, más bien, todo lo contrario. Es una ley que penaliza al propietario de vivienda y hay que recordar que en Galicia el 98,5% de los propietarios son pequeños ahorradores.

Se trata de una norma letal para los inquilinos vulnerables y los más jóvenes puesto que reduce notablemente sus posibilidades de poder alquilar. También ahuyenta la inversión en arrendamientos de personas físicas como jurídicas y, en especial, de inversores foráneos.

La Ley de Vivienda es una norma letal para los inquilinos vulnerables y los más jóvenes

No ha aliviado los precios, todo lo contrario, y ha reducido notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada en un escenario en el que la demanda seguirá creciendo a razón de un 7% anual. Por otro lado, somete al propietario de una vivienda que sufra una okupación a un calvario cruel e injusto que destruye por completo el significado de la propiedad privada en nuestro país. Y no, las viviendas turísticas no tienen la culpa y quien las demoniza solo comete un error. Son un efecto colateral de una legislación fallida, sin más.

No ha aliviado los precios, todo lo contrario, y ha reducido notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada en un escenario en el que la demanda seguirá creciendo a razón de un 7% anual. Por otro lado, somete al propietario de una vivienda que sufra una okupación a un calvario cruel e injusto que destruye por completo el significado de la propiedad privada en nuestro país. Y no, las viviendas turísticas no tienen la culpa y quien las demoniza solo comete un error. Son un efecto colateral de una legislación fallida, sin más.

La responsabilidad de hacer las cosas mal no la tiene el ciudadano o la sociedad, la tiene el legislador, única y exclusivamente. Está Ley de Vivienda es un ataque frontal a la propiedad privada y espero que la Xunta de Galicia, al invadir claramente las competencias de nuestra comunidad autónoma, la recurra, por su más que posible inconstitucionalidad. Tal y como se establece en el artículo 27.3 de nuestro Estatuto de Autonomía «las competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del Territorio son competencia exclusiva de Galicia».

Estamos ante una Ley de Vivienda estatal que únicamente ha creado más inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación aumentando considerablemente el galimatías normativo. Por supuesto es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. Ante esto preguntaría ¿en base a que parámetros y que mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler?, ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios?

No, la vivienda no es un mercado persa, por mucho que se empeñe el actual Gobierno bipartito de tratarlo como tal. La aplicación de la ley sería compleja y rocambolesca, ya que, para darle un presunto encaje legal, se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías tal como propone el Ejecutivo. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales.

En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva.

Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y de burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. Por todo ello, espero una modificación sustancial de la nueva legislación que derive hacia una tendencia más flexible y más liberalizadora.

La responsabilidad de hacer las cosas mal no la tiene el ciudadano o la sociedad, la tiene el legislador, única y exclusivamente

Hay que recordar que en nuestro sistema jurídico la Ley del Suelo es nuestra Ley de Vivienda porque el artículo 47 de la Constitución lo que empodera es a las administraciones públicas a salvaguardar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Por ello, esta Ley del Suelo es la que determina todo tipo de reservas y cesiones necesarias para destinar un suelo a vivienda asequible, que precisamente es de lo que carecemos.

Hay que recordar que en nuestro sistema jurídico la Ley del Suelo es nuestra Ley de Vivienda porque el artículo 47 de la Constitución lo que empodera es a las administraciones públicas a salvaguardar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Por ello, esta Ley del Suelo es la que determina todo tipo de reservas y cesiones necesarias para destinar un suelo a vivienda asequible, que precisamente es de lo que carecemos.

Y finalizo. Se necesitan normativas claras, concretas, agrupadas, legibles y sobre todo dos palabras clave: seguridad jurídica. ¿Que se debería hacer? Pues dotar al mercado de la vivienda de seguridad jurídica real que fuese capaz de movilizar únicamente un 2% del total de viviendas vacías en nuestra Galicia, que según el INE son más de 506.000, para conseguir aumentar la oferta y bajar los precios.

Hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler es lo único que derivará en aliviar los precios y atender la fuerte demanda. No hay varitas mágicas. Y por ello respaldo y apoyo el cambio en la normativa que la Xunta de Galicia ha aprobado de adaptación de locales y oficinas para uso de viviendas porque debe contribuir a paliar el grave problema de la falta de oferta de viviendas en alquiler.

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