Sobre una imprescindible atención a las necesidades de las empresas y sectores

La reducción de la jornada laboral es una propuesta que trae consigo un abanico de posibles beneficios y desafíos. La preocupación del empresariado gallego y español refleja la necesidad de un enfoque equilibrado y bien estructurado. La implementación de esta medida debe ser precedida por un diálogo social profundo y por estrategias que aseguren que los beneficios para los trabajadores no se traduzcan en un lastre para la viabilidad y la competitividad de las empresas. Solo a través de un entendimiento mutuo y de soluciones prácticas se podrá encontrar un equilibrio que beneficie tanto a trabajadores como a empresarios en el complejo tejido económico de España.

En un entorno económico donde las pequeñas y medianas empresas (pymes), micropymes y los autónomos son el corazón del tejido productivo, cualquier política gubernamental requiere un análisis meticuloso y, sobre todo, un consenso en el diálogo social. La reciente propuesta de reducción de la jornada laboral, que ha suscitado un amplio debate, no es una excepción. Esta medida, aunque puede parecer un avance hacia una mayor conciliación y bienestar laboral, tiene implicaciones que merecen una reflexión profunda, desde todas las perspectivas.

A todo ello hay que sumar un número muy importante de vacantes no cubiertas, un absentismo laboral por incapacidad temporal contingencia común en continua escalada y una necesidad de mejorar la productividad en los diferentes sectores productivos.

En Galicia, con una economía diversa que depende en gran medida de las pequeñas y medianas empresas y el trabajo autónomo, esta medida, de implantarse sin los necesarios equilibrios, tendría un impacto significativo, especialmente en la competitividad y en la negociación colectiva.

Para muchos autónomos y pymes, el principal reto es mantener o incluso aumentar la productividad, así como atraer personas trabajadoras. La realidad para muchos pequeños negocios es que cada hora cuenta. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ya advertimos que, en muchos sectores, como hostelería, comercio y servicios, donde la atención al cliente y la disponibilidad son cruciales, la jornada de trabajo es clave para mantener la capacidad para atender a los clientes y, en consecuencia, evitar una disminución en los ingresos.

De lo contrario, los costes adicionales asociados a la contratación de personal o pago de horas extras podrían ser prohibitivos para muchas pymes. En Galicia, donde la densidad de pymes es alta, esto podría traducirse en una presión financiera significativa y en que las empresas vean afectada su capacidad para competir.

Desde la CEG hemos manifestado también nuestra preocupación, ya que cualquier cambio en la normativa laboral debe ser diseñado con un entendimiento claro de las realidades del tejido empresarial, especialmente cuando se trata de pymes que enfrentan desafíos estructurales y financieros significativos.

Del mismo modo, hemos indicado que afectaría nuevamente a las empresas cuyo terreno de juego es la licitación pública, que no podrían llevar los incrementos de costes mediante la revisión de precios, al estar imposibilitada por la normativa de contratación del sector público, abocándolas a una situación problemática, más aún en un escenario de ralentización económica. 

CEPYME ha estimado que la reducción no negociada del tiempo de traba­jo manteniendo las remuneraciones en sus niveles actuales, conllevaría un mínimo coste directo de 11.800 millones. Un coste directo de 11.800 millones por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar, pero que se continuarían remune­rando y a las que habría que sumar 30.600 millones de euros, que supone el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.

En un mercado cada vez más globalizado, la competitividad es un factor crucial. El debate debiera centrarse en cómo mejorar la productividad de nuestros sectores productivos y empresas para incrementar la eficiencia, no solo a través de medidas que impulsen tecnologías facilitadoras y medidas de I+D+i, sino que también de mejora de la cualificación de las personas, de flexibilidad interna, de mejora en la distribución irregular de jornada, de reducción de los indicadores de absentismo y horas de trabajo perdidas, entre otras. En definitiva, de medidas que apoyen la consecución de mayores márgenes de productividad en un deseable equilibrio entre las expectativas de las personas trabajadoras y las necesidades de competitividad de la empresa.

Teniendo en cuenta que este análisis se debe hacer sin postergar y teniendo en cuenta en todo momento nuestra negociación colectiva y el principio de autonomía de la misma como un elemento fundamental de nuestro marco de relaciones laborales. Una negociación colectiva en la que se vienen estableciendo mejoras para cada parte en ese necesario equilibrio ya mencionado. 

La reducción de la jornada laboraldebe ser considerada con cautela en regiones como Galicia, donde muchas empresas operan con márgenes reducidos. Una reducción sin un adecuado acompañamiento en términos de productividad y eficiencia podría afectar negativamente a la capacidad de las empresas para sostenerse y generar empleo.

Algunas empresas ya han expresado su preocupación manifestando, a nivel particular, que la reducción de la jornada laboral resultaría perjudicial para su modelo de negocio, puesto que una reducción en la jornada implicaría un aumento en los costes laborales y podría afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus plazos de producción y mantener la competitividad en el mercado. Para muchas empresas, la flexibilidad en la jornada laboral actual es una herramienta vital para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Cualquier cambio en la normativa laboral debe ser diseñado con un entendimiento claro de las realidades del tejido empresarial

La reducción de la jornada laboral es una propuesta que trae consigo un abanico de posibles beneficios y desafíos. La preocupación del empresariado gallego y español refleja la necesidad de un enfoque equilibrado y bien estructurado. La implementación de esta medida debe ser precedida por un diálogo social profundo y por estrategias que aseguren que los beneficios para los trabajadores no se traduzcan en un lastre para la viabilidad y la competitividad de las empresas. Solo a través de un entendimiento mutuo y de soluciones prácticas se podrá encontrar un equilibrio que beneficie tanto a trabajadores como a empresarios en el complejo tejido económico de España.

En un entorno económico donde las pequeñas y medianas empresas (pymes), micropymes y los autónomos son el corazón del tejido productivo, cualquier política gubernamental requiere un análisis meticuloso y, sobre todo, un consenso en el diálogo social. La reciente propuesta de reducción de la jornada laboral, que ha suscitado un amplio debate, no es una excepción. Esta medida, aunque puede parecer un avance hacia una mayor conciliación y bienestar laboral, tiene implicaciones que merecen una reflexión profunda, desde todas las perspectivas.

A todo ello hay que sumar un número muy importante de vacantes no cubiertas, un absentismo laboral por incapacidad temporal contingencia común en continua escalada y una necesidad de mejorar la productividad en los diferentes sectores productivos.

En Galicia, con una economía diversa que depende en gran medida de las pequeñas y medianas empresas y el trabajo autónomo, esta medida, de implantarse sin los necesarios equilibrios, tendría un impacto significativo, especialmente en la competitividad y en la negociación colectiva.

Para muchos autónomos y pymes, el principal reto es mantener o incluso aumentar la productividad, así como atraer personas trabajadoras. La realidad para muchos pequeños negocios es que cada hora cuenta. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ya advertimos que, en muchos sectores, como hostelería, comercio y servicios, donde la atención al cliente y la disponibilidad son cruciales, la jornada de trabajo es clave para mantener la capacidad para atender a los clientes y, en consecuencia, evitar una disminución en los ingresos.

De lo contrario, los costes adicionales asociados a la contratación de personal o pago de horas extras podrían ser prohibitivos para muchas pymes. En Galicia, donde la densidad de pymes es alta, esto podría traducirse en una presión financiera significativa y en que las empresas vean afectada su capacidad para competir.

Desde la CEG hemos manifestado también nuestra preocupación, ya que cualquier cambio en la normativa laboral debe ser diseñado con un entendimiento claro de las realidades del tejido empresarial, especialmente cuando se trata de pymes que enfrentan desafíos estructurales y financieros significativos.

Del mismo modo, hemos indicado que afectaría nuevamente a las empresas cuyo terreno de juego es la licitación pública, que no podrían llevar los incrementos de costes mediante la revisión de precios, al estar imposibilitada por la normativa de contratación del sector público, abocándolas a una situación problemática, más aún en un escenario de ralentización económica. 

CEPYME ha estimado que la reducción no negociada del tiempo de traba­jo manteniendo las remuneraciones en sus niveles actuales, conllevaría un mínimo coste directo de 11.800 millones. Un coste directo de 11.800 millones por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar, pero que se continuarían remune­rando y a las que habría que sumar 30.600 millones de euros, que supone el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.

En un mercado cada vez más globalizado, la competitividad es un factor crucial. El debate debiera centrarse en cómo mejorar la productividad de nuestros sectores productivos y empresas para incrementar la eficiencia, no solo a través de medidas que impulsen tecnologías facilitadoras y medidas de I+D+i, sino que también de mejora de la cualificación de las personas, de flexibilidad interna, de mejora en la distribución irregular de jornada, de reducción de los indicadores de absentismo y horas de trabajo perdidas, entre otras. En definitiva, de medidas que apoyen la consecución de mayores márgenes de productividad en un deseable equilibrio entre las expectativas de las personas trabajadoras y las necesidades de competitividad de la empresa.

Teniendo en cuenta que este análisis se debe hacer sin postergar y teniendo en cuenta en todo momento nuestra negociación colectiva y el principio de autonomía de la misma como un elemento fundamental de nuestro marco de relaciones laborales. Una negociación colectiva en la que se vienen estableciendo mejoras para cada parte en ese necesario equilibrio ya mencionado. 

La reducción de la jornada laboraldebe ser considerada con cautela en regiones como Galicia, donde muchas empresas operan con márgenes reducidos. Una reducción sin un adecuado acompañamiento en términos de productividad y eficiencia podría afectar negativamente a la capacidad de las empresas para sostenerse y generar empleo.

Algunas empresas ya han expresado su preocupación manifestando, a nivel particular, que la reducción de la jornada laboral resultaría perjudicial para su modelo de negocio, puesto que una reducción en la jornada implicaría un aumento en los costes laborales y podría afectar la capacidad de la empresa para cumplir con sus plazos de producción y mantener la competitividad en el mercado. Para muchas empresas, la flexibilidad en la jornada laboral actual es una herramienta vital para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y asegurar la continuidad de sus operaciones.