Un ecosistema muy competitivo e hiperregulado
El exceso de regulaciones aumenta la burocracia, lo que genera retrasos y costes adicionales para las empresas, afectando a su eficiencia operativa y competitividad; también dificulta la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, limitando el crecimiento empresarial y la inversión en investigación y desarrollo
Comentarios
En el dinámico mundo empresarial actual, la competencia se ha convertido en el pan de cada día. Para un empresario gallego, ya sea un emprendedor local, una pyme en crecimiento o una multinacional establecida, el entorno competitivo puede ser tanto un desafío como una oportunidad. Desde la perspectiva de un emprendedor gallego, la globalización y las normativas europeas son elementos clave que moldean su camino hacia el éxito.
Para el empresario gallego, la globalización presenta un escenario lleno de posibilidades y desafíos. Por un lado, brinda acceso a mercados internacionales, tecnologías innovadoras y talento diverso. Por otro, implica competir con empresas de todo el mundo, adaptarse a diferentes culturas empresariales y cumplir con regulaciones cambiantes.
En este contexto, las normativas europeas juegan un papel crucial. Si bien pueden brindar estándares de calidad y seguridad, también pueden imponer restricciones y costos adicionales a las empresas locales. El empresario gallego busca un equilibrio entre la protección del consumidor y la flexibilidad para innovar y competir en el mercado global.
Los empresarios gallegos y europeos esperan que las administraciones nacionales y europeas proporcionen un entorno propicio para la innovación y el desarrollo empresarial. Esto incluye medidas para reducir la burocracia, fomentar la inversión en investigación y desarrollo, y promover la formación y cualificación del talento humano.
En un ecosistema empresarial altamente competitivo, los empresarios gallegos buscan equilibrar las oportunidades globales con las regulaciones locales y europeas. La clave para el éxito radica en la capacidad de adaptarse rápidamente, innovar constantemente y colaborar con las administraciones para crear un entorno empresarial favorable para todos.
La iniciativa privada precisa seguridad jurídica, bajos niveles de burocracia, paz social, incentivos y apoyos no solo fiscales, económicos y financieros, sino también de apoyo institucional y de aceptación e integración en el territorio de los establecimientos productivos e inversiones como fuente de riqueza, que serán elementos clave que condicionen la apuesta de los operadores y la atracción de los proyectos potencialmente más valiosos para Galicia.
Exceso de regulación
La hiperregulación aumenta la burocracia, lo que genera retrasos y costes adicionales para las empresas, afectando a su eficiencia operativa y competitividad.
El exceso de regulaciones dificulta la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, limitando el crecimiento empresarial y la inversión en investigación y desarrollo. La complejidad normativa puede resultar en confusiones y errores de cumplimiento, lo que expone a las empresas a riesgos legales y sanciones económicas.
La carga regulatoria adicional puede desviar recursos y tiempo de las actividades principales de las empresas, afectando a su capacidad para centrarse en la creación de valor y la generación de ingresos.
Para estudiar la calidad regulatoria existen diversos indicadores, generados tanto por instituciones públicas como privadas. Uno de los más destacados es el que recibe como nombre Indicadores de la Política Regulatoria y Gobernanza (IREG), trabajo que elaboran los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Otro indicador que mide la calidad regulatoria de los países es el informe Doing Business, un trabajo anual elaborado por el Banco Mundial que estudia las regulaciones que afectan a once distintas áreas de la vida de un negocio. El estudio toca desde los procedimientos y costes que rigen el proceso de apertura de una empresa al modo en el que se alcanzan permisos de construcción o de conexión a la red eléctrica, así como la burocracia y el peso de los impuestos, la apertura comercial o el marco legal que asegura el cumplimiento de contratos.
Un último indicador que puede ser útil para medir la calidad regulatoria de los distintos países es el Índice de Libertad Económica que elabora el Instituto Fraser. Dicho trabajo mide el grado en el que las naciones permiten niveles más o menos elevados de laissez faire económico.
En todos estos informes, se analiza como la hiperregulación impacta directamente en la generación de riqueza, en el PIB de los estados, en la deuda pública, en la generación de gasto de los consumidores, en el desempleo o en la generación de nuevos puestos de trabajo, en la innovación, entre otros factores.
España lidia con un preocupante estancamiento en cuanto a su marco regulatorio, circunstancia especialmente grave en lo referido a la carga normativa y sus efectos sobre la libertad económica y empresa.
Mientras que los primeros años de la democracia trajeron consigo reformas que favorecieron un mayor grado de libertad para hacer negocios y una mayor competencia en los diferentes mercados de capitales, bienes y trabajo, los datos acreditan que la evolución posterior ha sido insatisfactoria, con el consecuente deterioro del clima regulatorio en el que se mueven las empresas y los agentes económicos en España.
Según el Índice de Libertad Económica en el mundo del Instituto canadiense Fraser, en el área de regulación solo hemos pasado del puesto 47 en 1970 al puesto 40 en 2021.
Según el informe Doing Bussiness, España ocupa el puesto 30 a nivel mundial en el ranking. Sin embargo, en relación con las facilidades para la apertura de un negocio, que registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y los costos asociados a estos procedimientos, ocupamos el puesto 97, cuestión directamente relacionada entre otros aspectos con la complejidad regulatoria y la carga burocrática.
Otros efectos de la hiperregulación
Económicamente, la carga regulatoria puede cifrarse en cientos o miles de euros anuales, dependiendo del sector y las obligaciones normativas específicas. Para las pequeñas y medianas empresas, la hiperregulación afecta la flexibilidad y capacidad de adaptación de las PYMEs, incrementando los costes operativos y disminuyendo su competitividad en el mercado.
Igualmente, puede representar un porcentaje significativo de los ingresos anuales de una PYME, impactando su rentabilidad y capacidad de crecimiento.
En cuanto a su impacto en la creación de nuevas empresas, puede actuar como una barrera de entrada para la creación de nuevas empresas, desincentivando la inversión y la innovación empresarial, y limitando la competencia en el mercado.
Desde la Confederación de Empresarios de Galicia ya hemos explicado a los gobiernos autonómico y estatal, que la fiscalidad afecta directamente a la competitividad, tamaño y supervivencia de las empresas y debería facilitar su continuidad mediante medidas que no afecten a su liquidez.
Actualmente la recaudación fiscal de nuestras administraciones asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero, al mismo tiempo, amenaza los niveles de renta de las familias y los resultados de las empresas, especialmente de las pymes.
Según datos de la propia Agencia Tributaria, hasta noviembre de 2023 los ingresos crecieron un 5,5%, y más concretamente en el mes de noviembre los ingresos tributarios alcanzaron los 17.536 millones, lo que supone un 9% más que el mismo mes de 2022.
Mientras tanto, las empresas hacen verdaderos equilibrios para mantener su actividad ante los problemas que se dan en las cadenas de suministro, la imparable alza de los precios de las energías y otros inputs y la incerteza, que dificulta la toma de decisiones y la realización de inversiones productivas.
El principal objetivo a perseguir es que las empresas dispongan de suficientes recursos y liquidez para desarrollar su actividad.
Hemos propuesto y solicitado, y lo seguiremos haciendo, avanzar en el diseño de un sistema fiscal más simplificado y armonizado, que ofrezca un marco fiscal claro y transparente que aporte mayor seguridad jurídica a nuestras empresas y que permita atraer inversiones, talento e iniciativas emprendedoras a Galicia.
Un marco competitivo, que garantice no solo la estabilidad y desarrollo de planes a largo plazo de las empresas gallegas y evite la deslocalización hacia regiones o países con una fiscalidad más beneficiosa, sino también atrayendo inversores y emprendedores que identifiquen a Galicia como un lugar en el que puedan poner en marcha sus proyectos con la mayor rapidez y con un régimen fiscal atractivo tanto para la compañía como para sus promotores y por supuesto para sus trabajadores.
El principal objetivo que perseguimos es que las empresas dispongan de suficientes recursos y liquidez para generar oportunidades, pese a las dificultades. Hemos de avanzar en el diseño de un sistema fiscal más simplificado y armonizado.
Resulta esencial impulsar la actividad económica, el crecimiento y la generación sostenida de empleo. Esto debe hacerse respaldando a las empresas en este entorno de incertidumbre, evitando que cualquier medida adoptada introduzca rigideces y costes adicionales que puedan frenar el ya amenazado ritmo de creación de empleo.
Regulación “inteligente”
Volviendo al problema de la hiperregulación y su abordaje, se plantea como estrategia la llamada regulación inteligente: normas y reglas que sienten las bases para el desarrollo de la actividad económica y no supongan un obstáculo injustificado para la prosperidad de los negocios privados.
Ello se está impulsando y trabajando en todas las áreas económicas del mundo: Estados Unidos y Europa tienen planes específicos para mitigar la hiperrregulación y sus efectos. Hay mucho trabajo por delante.
En el caso de Europa, se habla de calidad normativa y se focaliza en la evaluación ex ante y ex post de cada disposición: antes de que salga es necesario analizar sus efectos y también seguir a posteriori sus resultados.
Desde los años 90 la Unión Europea ha articulado diferentes iniciativas de control normativo y de simplificación.
En el caso de España, también podemos observar diferentes disposiciones normativas y planes que tenían entre sus objetivos dicha simplificación.
A pesar de la normativa comunitaria que trata de coordinar y armonizar normativas para hacer efectivo el mercado único de la Unión Europea, a pesar de la Ley de Unidad de Mercado en España, las empresas siguen encontrando dificultades para operar en diferentes comunidades autónomas, cuando menos para conocer con seguridad la normativa por la que han de regirse.
Pero además de esta convivencia de entes reguladores, por decirlo así, tenemos que decir que la actividad de cada uno de ellos no es limitada, sino en muchos casos sigue siendo expansiva y en determinados casos con una convivencia no siempre pacífica.
En España en 2023, se han aprobado 683 nuevas normas de ámbito estatal, 2 normas al día; 4 leyes orgánicas, 13 leyes ordinarias, 259 reales decretos, 8 reales decretos leyes y 399 órdenes ministeriales; 240.000 páginas del Boletín Oficial del Estado. Ello supone que para estar al corriente, deberíamos leer en torno a 650 páginas del BOE al día.
Las comunidades autónomas publicaron 1.036.000 páginas durante 2023 y la UE ha publicado ese año 2180 normas (directivas, reglamentos y decisiones) y contaba con más de 32.000 normas en vigor.
Para una pequeña o mediana empresa (pyme) gallega, el ecosistema competitivo puede parecer abrumador. Las multinacionales dominan muchos sectores, y las barreras de entrada pueden ser altas. Sin embargo, las pymes tienen la ventaja de la agilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.
Las normativas europeas a menudo representan una carga adicional para las pymes, especialmente en términos de cumplimiento y regulación. Aunque estas normativas buscan garantizar la igualdad de condiciones y la protección del consumidor, pueden resultar onerosas para las empresas más pequeñas, que tienen recursos limitados para cumplir con todos los requisitos.
Para una multinacional con presencia en Galicia, la competencia no solo se limita al ámbito local, sino que abarca un escenario global. Estas empresas deben equilibrar la estandarización de procesos a nivel mundial con la adaptación a las particularidades del mercado gallego y europeo.
Las normativas europeas suelen ser bienvenidas por las multinacionales, ya que ofrecen un marco regulatorio coherente en todos los países miembros. Sin embargo, también pueden generar complejidades adicionales debido a las diferencias en la interpretación y aplicación de estas regulaciones en cada país.
En el ámbito europeo, la armonización de normativas es fundamental para promover la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la diversidad de las empresas en cada país miembro y garantizar que las regulaciones no creen obstáculos injustos para las pymes y los emprendedores.
