Renovables, territorio y empresas: un equilibrio ineludible

Curso tras curso acostumbro a plantear a mi alumnado una cuestión relevante en el contexto de la gestión empresarial: si tuviésemos que elegir entre eficacia y eficiencia, ¿con qué nos quedaríamos? Dicho de otro modo, ¿es más importante tener claro el objetivo o la manera en que gestionamos los recursos para alcanzarlo?

El debate que en las últimas semanas enfrenta a la Xunta de Galicia, las patronales y las grandes empresas del sector eólico no es tan distinto a esa cuestión inicial. El Gobierno gallego ha propuesto un modelo para el desarrollo de energías renovables que busca repercutir directamente en las comunidades locales y fortalecer la competitividad de las empresas gallegas. Esta propuesta se sustenta en dos pilares clave: la promoción de contratos PPAs (Power Purchase Agreements) que implique que los nuevos promotores eólicos destinen al menos el 50% de la energía generada a empresas gallegas mediante acuerdos de suministro a largo plazo; y la repotenciación obligatoria de parques eólicos con más de 25 años. Aunque bien intencionadas, estas medidas han encontrado resistencia, con críticas que las consideran un intento de intervención económica y que podrían desencadenar arbitrajes internacionales.

El fondo de este conflicto radica, teóricamente, en la tensión entre dos visiones: una que busca que los recursos naturales de Galicia beneficien directamente al territorio, y otra que defiende la libertad empresarial y la competencia en un mercado globalizado. Y digo “teóricamente” porque, en la práctica, es evidente que las comunidades locales han sido históricamente marginadas en el reparto de beneficios derivados de las energías renovables. Y es un hecho que la Xunta busca revertir esta dinámica, un objetivo que. en mi opinión, es tan legítimo como necesario. Tampoco creo que sea discutible el interés de la Xunta de Galicia por crear un marco jurídico seguro, que fomente la inversión y genere atractivo para nuevos capitales. Cualquier observador atento puede inferir que libertad de mercado y libre competencia son marcos de desarrollo de cualquier política industrial en el seno de la comunidad gallega, por lo que tampoco ahí hay cuestión.

Entonces, si el objetivo está claro y no es objeto de debate, ¿dónde está el problema? Desde mi punto de vista, radica en cómo lo estamos planteando. Galicia tiene un enorme potencial en energías renovables, cuenta con experiencia en el sector y dispone de un marco normativo que puede ser una buena base para liderar la transición energética. Sin embargo, para que este liderazgo sea posible, es fundamental que las reglas del juego estén alineadas con los objetivos, que las infraestructuras se modernicen y que el diálogo con el sector sea fluido. Un sector, por cierto, que ha desempeñado -y desempeña- un papel fundamental en Galicia, con una gran capacidad de generación de empleo de calidad y actividad económica.

Por lo tanto, mal haríamos si permitimos que unas reglas mal entendidas nos desvíen de ese objetivo tan claro como necesario. Parece obvio que nos hemos despistado en la forma y velocidad de avance hacia esa meta común, el mítico desfase entre los árboles y el bosque. La lógica invita a pensar que debe flexibilizarse la normativa sobre la repotenciación para adaptarla a las particularidades de cada parque eólico, garantizando la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Tampoco podemos olvidar que los parques eólicos antiguos, técnicamente aptos para la repotenciación, no siempre resultan rentables sin ayudas específicas, máxime cuando muchos aún no están completamente amortizados y tienen una vida útil ampliable. Por tanto, es fundamental tener en cuenta estas realidades al diseñar normativas que busquen un equilibrio entre los intereses del territorio y los de las empresas que han realizado inversiones en la comunidad. Esa misma lógica prima la zanahoria sobre el palo, lo que equivale a establecer incentivos para los contratos PPAs y la modernización de infraestructuras que fomenten la inversión y refuercen la confianza empresarial, en lugar de imponer requisitos restrictivos. Los ajustes realizados en los presupuestos para 2025 muestran los primeros pasos hacia un enfoque más consensuado, asentado en esa lógica, aunque probablemente quede camino por recorrer.

En definitiva, se trata de transformar un conflicto en una oportunidad. Galicia tiene una oportunidad histórica para construir un modelo energético sostenible, competitivo y orientado a las personas. El reto es grande, pero los beneficios potenciales son aún mayores: creación de empleo, atracción de inversión y desarrollo de una economía verde y competitiva. Lo que tiene que quedar claro es que el problema no es el objetivo, que nadie discute: aprovechar los recursos de Galicia para abaratar la factura energética de los gallegos y fortalecer la economía local. La cuestión reside en cómo hacerlo. Y aunque el camino pueda parecer complicado, el diálogo y la flexibilidad son herramientas poderosas para avanzar, acompañadas de una buena dosis de calma y otra mayor de determinación. Por cierto, entre eficacia y eficiencia, siempre gana lo primero. Quien no sabe a dónde ir, no llega a ningún lado.