¡Pues claro que no!

El Gobierno ha presentado la condonación de 83.000 millones de euros en deuda autonómica como un alivio financiero, cuando en realidad esconde un claro trasvase de carga fiscal entre comunidades. Porque, por mucho que se intente disfrazar de un acto de justicia redistributiva, el resultado es que unas comunidades salen ganando mientras otras ven cómo su esfuerzo de años por mantener unas cuentas saneadas se traduce en un castigo. Y no se trata de una cuestión técnica, sino de un ejercicio de lógica: si se perdona una deuda, alguien tiene que pagarla.

El origen de esta propuesta se encuentra en el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, que establecía que el Gobierno condonaría el 20% de la deuda de Cataluña. Para evitar un escándalo por trato de favor, se extendió la medida a todas las comunidades. Sin embargo, no todas reciben el mismo beneficio. Este juego de equilibrios tendrá ganadores y perdedores, porque condonar deuda autonómica no es otra cosa que trasladarla al conjunto de los españoles. En este esquema, Galicia es una de las grandes perjudicadas, porque recibe una condonación de deuda por habitante inferior a la media, pero al mismo tiempo tiene que asumir un incremento de la deuda estatal igual al del resto. Es decir, los gallegos pasamos a deber más dinero neto mientras otros territorios ven cómo su carga se aligera.

Si la intención del Gobierno fuese realmente aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas, la condonación debería haberse aplicado de forma equitativa y transparente. Sin embargo, los criterios empleados no son homogéneos y generan una discriminación territorial evidente. Si analizamos la metodología utilizada para calcular las condonaciones, el resultado no solo confirma estas desigualdades, sino que agrava la percepción de arbitrariedad. Así, se establece un mínimo de condonación del 19,3% sobre la deuda total de cada autonomía, lo que favorece a las más endeudadas, como Cataluña o Comunidad Valenciana, mientras que las que han sido más prudentes con sus cuentas reciben menos ayuda. Se prima, asimismo, a aquellas comunidades autónomas que han sufrido infrafinanciación, cualquiera que sea el concepto que el Gobierno -o sus socios- entienden como tal. El hecho de que Cataluña salga beneficiada parece, ciertamente, un mal chiste.

 Además, se introduce un criterio adicional según el cual aquellas autonomías que en el pasado subieron más los impuestos reciben una condonación mayor, como si la carga fiscal elevada de los ciudadanos de esos territorios justificase ahora una transferencia extra de recursos. Por no hablar del derecho legítimo a utilizar sus competencias en materia fiscal, en el que ahora el Gobierno se inmiscuye.

Galicia es una de las grandes perjudicadas, porque recibe una condonación de deuda por habitante inferior a la media

El problema de fondo no es solo el agravio comparativo, sino el mensaje que se envía con esta medida. Se premia a las comunidades que más se endeudaron y se castiga a las que mantuvieron unas finanzas públicas equilibradas. Se refuerza la idea de que endeudarse más de la cuenta no tiene consecuencias, porque tarde o temprano alguien acudirá al rescate. Y se genera un incentivo perverso que agrava aún más el problema estructural del sistema de financiación autonómica, porque las comunidades seguirán gastando más de lo que ingresan con la certeza de que el Estado terminará absorbiendo su deuda.

Lo más grave es que esta condonación no está sujeta a ninguna condición. No se exige a las comunidades que reduzcan su gasto o que adopten medidas de ajuste fiscal. No se establece ningún compromiso de control del déficit. No se impone ningún plan de racionalización del gasto público. Simplemente, se les perdona una parte de su deuda sin más. Y esto sienta un precedente peligrosísimo, porque las comunidades que han recibido la condonación saben que, si vuelven a endeudarse en exceso, siempre podrán esperar una nueva quita en el futuro. De hecho, la presente condonación actúa como un seguro gratuito contra los efectos de futuros ciclos económicos adversos, eliminando cualquier incentivo para que las comunidades ahorren en los buenos tiempos y refuercen su solvencia para los momentos de crisis. Es decir, justo lo contrario de lo que sería deseable en un sistema de financiación sensato. Difícil superar esta invitación a la irresponsabilidad fiscal.

Galicia ha rechazado esta condonación de deuda y con razón. No porque no quiera recibir ayuda, sino porque no puede aceptar que una medida de este calado se decida de forma unilateral, sin debate, sin criterios objetivos y con un reparto diseñado para beneficiar a unos territorios a costa de otros. Porque lo que Galicia necesita no es una quita de deuda arbitraria, sino una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice un reparto justo y equitativo de los recursos públicos. Si de algo podemos estar seguros es de que la deuda no desaparece, solo cambia de bolsillo. Y en este caso, Galicia vuelve a estar en el bolsillo de los que pagan.