Match point

Más que un acuerdo in extremis, que también, el paquete fiscal recientemente aprobado supone una síntesis entre tácticas políticas combinadas a corto plazo y falta de visión estratégica. Las medidas incluidas y las promesas realizadas evidencian tanto una clara inconsistencia en la política fiscal como un debilitamiento de la seguridad jurídica, emitiendo un mensaje confuso hacia inversores y ciudadanos.

Una de las cuestiones más controvertidas es la promesa de reactivar el impuesto a las energéticas. Este impuesto, aprobado en su momento como respuesta a la subida extraordinaria de los precios de las materias primas tras el estallido de la guerra en Ucrania, perdió su sentido una vez normalizados los precios. Reavivarlo carece de justificación económica actual, penalizando a un sector estratégico para el crecimiento económico y la transición energética. En un momento en el que España necesita atraer inversiones masivas en infraestructuras energéticas renovables, mantener esta amenaza de imposición fiscal genera incertidumbre, desincentiva inversiones a largo plazo y posiciona al país en desventaja competitiva frente a economías que buscan energía barata para potenciar su desarrollo, como Estados Unidos. Pero nada esto parece importar cuando el populismo fiscal avanza sin prisa ni pausa.

Las energéticas no son las únicas en el punto de mira. El impuesto a la banca, que ahora se convierte en ordinario y gestionado por comunidades autónomas y haciendas forales, también plantea serias dudas. Este gravamen grava doblemente el margen de intermediación, afectando de manera indirecta a los clientes bancarios, especialmente a las clases medias y bajas, que dependen de los depósitos bancarios para rentabilizar sus ahorros. Las políticas fiscales nunca son neutras, y tienen un impacto directo en el ciudadano promedio. El resultado es una penalización regresiva que contradice la narrativa de justicia social que el Gobierno intenta promover. No es que quien pague quien más tiene -discutible principio, pero inútil su oposición-, sino que el talonario de la votación lo pagaremos entre todos. Quienes tenemos nómina, un poquito más. Pero eso ya lo sabemos.

Puede quedarnos el consuelo de que algunas medidas claramente perjudiciales, como los impuestos a las Socimis y al diésel, no hayan salido adelante. Sin embargo, su mera inclusión y posterior retirada pone de relieve una peligrosa imprevisibilidad legislativa. De hecho, algunas empresas cotizadas experimentaron caídas en su valoración debido a estas propuestas, y aunque el gobierno finalmente no las haya implantado, el daño en términos de confianza y percepción de estabilidad ya está hecho.

Las políticas fiscales nunca son neutras y tienen un impacto directo en el ciudadano promedio

La falta de coherencia y previsibilidad fiscal no solo afecta a las empresas, sino también al ciudadano medio, que no tiene muy claro por dónde andar en términos de coste energético, acceso a la vivienda y movilidad. Por ejemplo, la subida de impuestos al diésel, aunque temporalmente detenida, sigue generando incertidumbre sobre la viabilidad de esta tecnología en el futuro, afectando decisiones de consumo e inversión. De los sufridos fumadores ya ni hablo, que es todo cuanto pueda decir será políticamente incorrecto.

Más allá de las decisiones técnicas, este paquete fiscal evidencia un enfoque improvisado puramente político, donde el objetivo principal es sobrevivir al día a día. El Gobierno ha sacado todo el arsenal de ingeniería parlamentaria para mantener sus propuestas a flote, pero esta táctica, mezcla de promesas inciertas y acuerdos ad hoc, erosiona claramente la confianza. Prometer a unos partidos lo que se acaba retirando a otros y mantener incertidumbre sobre impuestos decisivos genera una sensación de inestabilidad que frena el desarrollo económico.

Con unos presupuestos sin horizonte y un ajuste fiscal en ciernes, España necesita una política fiscal que proporcione certidumbre, incentive la inversión y apueste por sectores estratégicos como el energético, lo que implica incentivarlos, no lo contrario. Sin embargo, el diseño de medidas fiscales se dirige a resolver problemas inmediatos de gobernabilidad, a costa de comprometer la estabilidad a largo plazo. Con esta máxima, el Gobierno ha logrado salir del paso una vez más. La pregunta es: ¿a qué coste? Necesitamos una política fiscal clara y coherente que permita planificar el futuro, no una sucesión de maniobras improvisadas que solo generan desconfianza. En realidad, me voy a enmendar a mí misma. El mensaje emitido no es confuso, sino clarísimo: vamos como pollo sin cabeza. Mientras el sillón aguante.