Lo que se juega Galicia con el atún tailandés

La alerta ya está sobre la mesa. La industria conservera gallega, columna vertebral del tejido productivo costero, se juega su futuro inmediato ante las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Tailandia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha trasladado esta semana al sector su compromiso de hacer todo lo posible para que el atún quede excluido del tratado.

Pero la conserva gallega se juega mucho más que una partida arancelaria. Si el atún se incluye entre los productos liberalizados, el impacto sobre la economía gallega puede ser profundo y duradero. Por eso, la exclusión de este producto no es un gesto simbólico: es una decisión estratégica que debe responder al riesgo real que supone para uno de los sectores más punteros de Galicia.

Galicia lidera la producción de conservas de pescado en Europa. Solo en el ámbito del atún, concentra más del 70 % de la actividad nacional y genera miles de empleos directos e indirectos. Es una industria intensiva en conocimiento, comprometida con la innovación, la trazabilidad y la sostenibilidad. Y es, además, un vector de cohesión territorial: muchas conserveras son el principal sostén económico de municipios costeros.

La nueva legislación pesquera tailandesa, lejos de reforzar esas garantías, ha rebajado los controles justo en el momento en que avanzan las negociaciones con Bruselas

Frente a ello, Tailandia es el mayor productor mundial de conservas de atún, pero opera en condiciones radicalmente distintas. Sus estándares laborales, ambientales y de control de pesca ilegal (IUU) están muy lejos de los exigidos en Europa. La nueva legislación pesquera tailandesa, lejos de reforzar esas garantías, ha rebajado los controles justo en el momento en que avanzan las negociaciones con Bruselas. La entrada masiva de productos más baratos, elaborados bajo condiciones de menor exigencia, supone un riesgo sistémico para toda la cadena de valor gallega. Es el ejemplo de manual de “dumping normativo”: competir reduciendo estándares en lugar de mejorar productividad.

Y no hablamos de una amenaza difusa. La entrada de atún tailandés sin aranceles podría suponer, según cálculos del propio sector, hasta 24.000 toneladas en solo dos años. El precedente de Vietnam —con 11.500 toneladas libres de arancel— demuestra que es un escenario plausible. En términos empresariales, supondría una presión a la baja sobre precios y márgenes, poniendo en riesgo el equilibrio de un sector competitivo, pero altamente regulado. El impacto sería directo: caída de precios, reducción de márgenes y pérdida de empleos. Pero también indirecto, al desincentivar la inversión en innovación y deslocalizar la producción. Aquí no hablamos solo de latas: hablamos de empleo, cohesión territorial y soberanía industrial.

Desde la lógica económica, abrir el mercado sin simetría regulatoria penaliza a quien cumple y premia a quien externaliza costes sociales y ambientales. Desde la lógica territorial, poner en peligro un ecosistema empresarial que sostiene comarcas enteras es un error de política industrial y de cohesión. Y desde la lógica geopolítica, la UE no puede seguir proclamando su “modo de vida europeo” mientras erosiona su base productiva a cambio de tratados sin garantías.

La defensa del sector conservero gallego no es una bandera local, sino una cuestión de competitividad, empleo y futuro industrial. Galicia no reclama privilegios. Exige reglas claras, justas y recíprocas. Porque en esta negociación no está en juego solo el precio del atún, sino el valor de una industria que da sentido económico a nuestro mar.