La gratuidad de la AP-9: un imperativo para el desarrollo empresarial y social

La Autopista del Atlántico, más conocida como AP-9, es una de las infraestructuras viales más importantes de Galicia. Su relevancia no solo radica en conectar las principales ciudades gallegas, sino también en su papel crucial para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, la situación actual de esta autopista, marcada por los peajes, suscita un debate intenso sobre la necesidad de su gratuidad.

Los peajes en la AP-9 representan una carga significativa para los usuarios diarios, que son en su mayoría ciudadanos y pequeños empresarios. Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) entendemos que el coste adicional de los peajes puede convertirse en una barrera económica que limita la movilidad, afectando negativamente la calidad de vida y el acceso a oportunidades laborales y educativas. Para los empresarios y empresarias, especialmente aquellos que dependen del transporte por carretera, los peajes suponen un coste operativo adicional que reduce la competitividad y los márgenes de beneficio.

Además, la estructura actual de peajes puede disuadir a las empresas de establecerse en Galicia, favoreciendo otras regiones con infraestructuras viales gratuitas o más económicas. La gratuidad de la AP-9 podría revertir esta tendencia, atrayendo inversiones y fomentando el desarrollo económico regional. Las empresas tendrían menores costes logísticos, lo que se traduciría en precios más competitivos para los consumidores y una economía más dinámica y atractiva para nuevas inversiones.

Necesitamos costes de transporte competitivos, también por carretera. Es imprescindible arbitrar las medidas necesarias para conseguir este objetivo y entre otras medidas necesitamos liberar la AP-9 como arteria principal de conexión. Es una cuestión unánime y de consenso en Galicia, que debe materializarse cuanto antes pues se trata de una vía que no tiene alternativa competitiva en la gran mayoría de su recorrido.

Contar con un sistema de infraestructuras adecuado en Galicia, es una condición fundamental para la competitividad de nuestras empresas y para el desarrollo económico y social de nuestro territorio.

Nuestro territorio ha sido objeto de numerosos planes a nivel autonómico y estatal, que contemplaban importantes inversiones, durante los últimos años, en materia de infraestructuras, especialmente de transporte. En todo caso, el ritmo de ejecución de las mismas y por lo tanto de inversión no ha sido ágil, acumulando retrasos muy importantes, que condicionan nuestra competitividad teniendo en cuenta la situación periférica gallega.

Dada la relevancia de las competencias de ámbito estatal, es necesario hacer seguimiento en Galicia del cumplimiento de la planificación prevista y de las reivindicaciones a trasladar en defensa de las necesidades de nuestra comunidad en esta materia; así como la coordinación entre las diferentes administraciones competentes en el desarrollo de las actuaciones.

Necesitamos una apuesta firme por la cohesión y vertebración territorial del noroeste de la Península Ibérica, en una situación de partida desfavorable respecto a otros territorios de la Unión Europea que penaliza la competitividad de nuestras empresas en el mercado único europeo y en el mercado mundial.

Para obtener costes de transporte competitivos, desde la CEG consideramos imprescindible arbitrar las medidas necesarias para conseguir este objetivo en la Autopista del Atlántico y concretamente la transferencia de dicha AP-9 a Galicia, transferencia avalada unánimemente por el Parlamento de Galicia, pero que no ha sido aceptada por el Gobierno central.

La viabilidad de hacer gratuita la AP-9 es una cuestión compleja que involucra tanto factores económicos, como políticos.

Contar con los empresarios, como parte directamente afectada por las infraestructuras de transporte tanto en calidad de usuarios como de operadores, será clave para la planificación e identificación de necesidades.

Se requiere de un trabajo coordinado entre entidades públicas y privadas, con otras comunidades autónomas, con el Gobierno del Estado, entre países y con la Comisión Europea. Es la única fórmula para asegurar objetivos y plazos razonables y ciertos.

La viabilidad de hacer gratuita la AP-9 es una cuestión compleja que involucra tanto factores económicos, como políticos. Desde un punto de vista económico, el coste de mantenimiento de la autopista es sustancial. Los ingresos por peajes son una fuente importante de financiación para estos trabajos de mantenimiento. Sin embargo, es posible explorar alternativas de financiación, como la reasignación de fondos públicos o la obtención de subvenciones europeas.

Desde el ámbito político, la decisión de eliminar los peajes en la AP-9 requiere voluntad política y un consenso entre diferentes niveles de gobierno. A nivel nacional, el Gobierno de España tendría que priorizar esta inversión en su agenda, mientras que a nivel autonómico, la Xunta de Galicia debería abogar firmemente por esta medida. Además, es crucial considerar la opinión pública y el apoyo de los ciudadanos, quienes se beneficiarían directamente de la eliminación de los peajes.

En el contexto europeo, la gratuidad de las autopistas no es un fenómeno desconocido. Varios países de la Unión Europea han implementado sistemas viales gratuitos, financiados a través de impuestos o subvenciones estatales y europeas. En este sentido, la UE podría ser un aliado estratégico en la financiación de la AP-9 gratuita, especialmente si se enmarca dentro de proyectos de cohesión territorial y desarrollo regional.

La Unión Europea tiene programas específicos destinados a mejorar la infraestructura y fomentar el desarrollo económico en regiones menos favorecidas. Galicia, con su perfil socioeconómico, podría beneficiarse de estos programas. Sin embargo, la obtención de fondos europeos requiere una planificación meticulosa y la presentación de proyectos sólidos que demuestren el impacto positivo de la gratuidad de la AP-9 en el desarrollo regional y la integración europea.

Por lo tanto, para la CEG la gratuidad de la AP-9 no es solo una cuestión de aliviar el bolsillo de los ciudadanos y empresarios gallegos, sino también una estrategia clave para impulsar el desarrollo económico de la región. Si bien la eliminación de los peajes presenta desafíos económicos y requiere una decidida voluntad política, es una inversión en el futuro de Galicia. La colaboración entre los gobiernos autonómico y nacional, junto con el apoyo de la Unión Europea, es fundamental para hacer de esta medida una realidad.

La pregunta no es si es viable hacer gratuita la AP-9, sino cuándo y cómo se implementará. La respuesta reside en un enfoque integrado que combine financiamiento inteligente, voluntad política y el respaldo de la ciudadanía. Solo así, Galicia podrá avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo, donde la movilidad y el desarrollo económico no estén restringidos por barreras económicas.