El inmigrante y la economía

La victoria de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales USA y su promesa de realizar una deportación masiva de inmigrantes reaviva con especial intensidad la controversia sobre el papel de la inmigración en la economía. Aunque la situación en Estados Unidos tiene características específicas, la posibilidad de aplicar políticas restrictivas similares en otros lugares invita a reflexionar sobre sus efectos en economías como la española y la gallega. La pregunta es: ¿qué ocurriría desde un punto de vista económico si se prescindiese de la población inmigrante en España y en Galicia?

La mano de obra inmigrante se ha convertido en un factor básico de las economías española y gallega. Debemos recordar que, según el informe sobre el mercado laboral español realizado por el Instituto EY-Sagardoy, dos tercios del incremento del empleo de 2024 han sido ocupados por personas de nacionalidad extranjera, especialmente en sectores como el primario, la hostelería, la construcción, el turismo y los cuidados. Basta con observar el campo o el mar en Galicia: sin el trabajador emigrante, las tareas agrarias y pesqueras se verían seriamente comprometidas.

Repudiar la fuerza laboral que implica la población emigrante supondría dejar vacantes numerosos puestos de trabajo extremadamente difíciles de cubrir –el trabajador autóctono los rechaza, empecemos por ahí–, lo que pondría en elevado riesgo la viabilidad de múltiples actividades económicas. La pérdida de esta mano de obra tendría consecuencias inmediatas en los costes laborales, que subirían de manera relevante. A su vez, este encarecimiento provocaría un aumento de los precios finales de bienes y servicios. La reducción potencial del colectivo trabajador procedente de la inmigración tendría, por tanto, un efecto relevante en la inflación.

La mano de obra inmigrante se ha convertido en un factor básico de las economías española y gallega

La falta de trabajadores desincentivaría igualmente la inversión, en especial en aquellos sectores más dependientes de la inmigración, lo que provocaría la ralentización del crecimiento económico. Este fenómeno se suma a otro problema estructural: el envejecimiento demográfico. En las últimas décadas, la inmigración ha conseguido compensar, aunque fuese parcialmente, la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población autóctona. Sin la llegada de nuevos habitantes, lo que implicaría una reducción de la población activa, los modelos económicos y sociales de España y, especialmente, Galicia enfrentarían un futuro incierto que podría afectar, entre otros ámbitos, al sostenimiento del sistema público de pensiones.

Un último efecto a tener en cuenta es la relación con los lugares de origen. La presencia de población emigrante refuerza los vínculos con economías emergentes lo que multiplica las transacciones comerciales y financieras internacionales, un factor de dinamización de las economías respectivas y de competitividad dentro del mercado global.

No es frecuente encontrar consideraciones como las anteriores en el discurso político y en el debate presente en los medios de comunicación. La victoria de Trump y el auge de las corrientes ultraderechistas hacen pensar que tales reflexiones son más necesarias que nunca. Por supuesto por motivos éticos e incluso históricos; pero también por razones económicas y demográficas que deberían pasar al primer plano de las decisiones. Ignorar las contribuciones de la población inmigrante, además de fracturar la sociedad, erosiona las bases mismas del progreso y la sostenibilidad económica.