Concursos públicos: el gran expolio del sector privado

¡Ey, Tecnófilos! Hablemos claro: los concursos públicos en España no son una herramienta de competencia, sino un mecanismo de saqueo institucionalizado. Se presentan como procedimientos transparentes, abiertos y equitativos, pero en la práctica son una farsa donde el ganador está decidido de antemano. La ley del más fuerte aquí no es la del mejor empresario, sino la del que mejor se arrodilla ante el poder político de turno.

Es un gran teatro el de los concursos públicos. Cualquiera que haya intentado competir en un proceso de adjudicación pública sabe cómo funciona la trampa:

• Pliegos de condiciones hechos a medida para que sólo una empresa pueda cumplir los requisitos.
• Criterios de evaluación subjetivos que permiten al jurado justificar cualquier decisión.
• Filtros burocráticos absurdos diseñados para dejar fuera a las empresas nos deseadas

El resultado, dinero público no asignado al mejor postor, sino al más sumiso, al más leal, al más “conocido” en los pasillos del poder.

No estamos hablando de una simple picaresca empresarial. Esto es corrupción pura y dura. Un expolio donde el dinero que sale del sudor de autónomos, trabajadores y empresas productivas se convierte en botín para los protegidos del sistema.

El clientelismo es una herramienta de dominación

El problema va más allá del despilfarro económico. El clientelismo público no sólo premia al fiel, sino que castiga al que no se pliega. Si una empresa osa competir legítimamente, cuestionar las reglas del juego o, peor aún, no mostrar la debida pleitesía al poder, la represalia es inmediata:

• Expulsión silenciosa de los concursos futuros
• Inspecciones fiscales, auditorías sorpresa y burocracia infinita
• Bloqueo de acceso a cualquier contrato público

Y si el empresario en cuestión decide denunciarlo, la justicia tarda años en actuar, si es que alguna vez lo hace. Mientras tanto, su negocio está muerto.

El mensaje es claro, o juegas según sus reglas o te destruyen.

La partitocracia y las élites extractivas

Este sistema no es fruto del azar, sino de un modelo político diseñado para convertir el sector público en un negocio privado de los partidos políticos.

La partitocracia ha creado dos clases extractivas en España:

• La élite extractiva, formada por políticos, altos funcionarios y sus empresas afines, que viven de los contratos públicos y las subvenciones
• Las masas extractivas, una red clientelar de empleados públicos, asesores y beneficiarios de ayudas que sostienen el poder de los primeros a cambio de prebendas.

El resultado es que el sector privado real, el que no depende del BOE, está condenado a pagar la fiesta.

Los empresarios independientes: el enemigo del sistema

Y aquí entramos en el gran tabú: los verdaderos empresarios, aquellos que no dependen del Estado, son un problema para el poder. Juan Roig y Amancio Ortega. Son los únicos grandes empresarios que han creado imperios sin lamer botas políticas; no dependen de concursos públicos, sino del mercado y no pueden ser chantajeados con regulaciones o impuestos a medida. Por eso se les ataca con saña. Mientras las empresas del IBEX 35, sumisas al BOE, callan y aceptan su papel de vasallos, Roig y Ortega son vilipendiados por políticos resentidos que no soportan la idea de que existan empresarios exitosos a los que no pueden controlar.

Una sociedad civil amordazada

El gran problema es que este modelo clientelar ha conseguido lo que quería: una sociedad sumisa, que no cuestiona el saqueo y que solo se atreve a quejarse en la taberna.

Los ciudadanos, en lugar de exigir que el dinero público se gestione con transparencia, han asumido que el sistema es intocable. El que se queda es un loco o un peligroso antisistema. Mejor callar, agachar la cabeza y esperar a que no te toque la lotería de la ruina fiscal o el cierre por asfixia burocrática.

Me pregunto si se puede romper ese círculo vicioso. Y sí, creo que sí, pero no con parches. Hay que desmontar el sistema clientelar de raíz:

• Eliminar la discrecionalidad en los concursos públicos. Nada de criterios subjetivos. O se cumplen los requisitos o no.
• Hacer públicos todos los procesos de adjudicación, con nombres y apellidos
• Reducir el tamaño del Estado. Menos gasto público significa menos oportunidades para el saqueo
• Eliminar la impunidad política. Responsabilidad penal para quienes manipulen adjudicaciones.

El problema es que ningún partido quiere cambiar esto. Porque todos, sin excepción, viven de este sistema.

Así que la gran pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando que nos roben en la cara?

¡Se me tecnologizan!