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Los litigios heredados de las cajas gallegas costaron al Estado 338 millones más al margen del rescate
Finalizan las garantías frente a litigios concedidas por el Frob a los compradores de la banca nacionalizada con un coste de 2.055 millones; de estos, un 16% corresponden a las coberturas otorgadas a Abanca, aunque el desembolso fue mayor con las de BBVA o Caixabank
Los exdirectivos de Novagalicia en la Audiencia Nacional. De izquierda a derecha, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes / EFE
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La secuencia de distopías que encadena el siglo XXI a golpe de virus o guerras tiene en el Frob un elemento representativo de su primera gran crisis. El fondo de rescate bancario fue el instrumento creado para rescatar la banca caída en el crack financiero mediante operaciones acordeón que equivalían a la nacionalización de las entidades, que posteriormente fueron, en su mayor parte, vendidas al mejor postor. El actual presidente de la entidad, Álvaro López Barceló, compareció este martes en la comisión de economía del Congreso, donde dio por concluidas las garantías ofrecidas a los compradores de aquella banca nacionalizada.
Estas garantías eran blindajes que se incorporaban a los contratos de venta para garantizar a los nuevos dueños la cobertura frente a posibles quebrantos derivados de litigios, algunos vinculados a operaciones singulares y otros más transversales al conjunto del sector, como cláusulas suelo y otros contratos de productos híbridos. Estas garantías costaron al Estado 2.055 millones y han quedado finiquitadas después de que en 2023 se cerrase el esquema de protección de activos (EPA) firmado con CaixaBank por la resolución de Banco de Valencia.
Es una cifra baja si se tiene en cuenta que el Frob temía que alcanzase los 11.000 millones, aunque también es cierto que se suma a los 56.545 millones movilizados para el rescate bancario y de los que, por ahora, se han recuperado poco más de 6.000 millones. Esta recaudación irá subiendo con los dividendos de Caixabank, donde el fondo de rescate controla el 17,88% del capital, y podría crecer notablemente en caso de una futura desinversión, pues su participación está valorada en más de 7.000 millones.
El blindaje de Abanca
También Abanca, la entidad que Juan Carlos Escotet creó tras adquirir la quebrada Novagalicia por 1.003 millones en 2013, disfrutó de este sistema de protección. Según los datos del fondo de rescate, el Estado hubo de desembolsar 338 millones para cubrir a Abanca de responsabilidades heredadas de las operaciones de las antiguas cajas gallegas, Caixanova y Caixa Galicia. Representa un 16% de los 2.055 millones abonados para el conjunto de las entidades financieras.
El coste asociado a Novagalicia es inferior que el de Cajasur (392 millones), Banco de Valencia (371 millones), Banco Ceiss, formado por Caja España y Caja Duero (430 millones); y Catalunya Banc (524 millones). Los blindajes se extendieron a BBK, que absorbe Cajasur; Unicaja, que integra Banco Ceiss; Caixabank, que compra Banco de Valencia; y a BBVA, que adquirió Catalunya Bank.
Además del coste derivado de los litigios, en la cuenta de Novagalicia hay que sumar 9.052 millones de rescate, de los que el erario público ha recuperado, según sus propios datos, 783 millones.
Respecto a las garantías concedidas al equipo de Escotet, el fondo público destaca en su memoria de ejercicio que liberó una provisión de 17,2 millones el pasado ejercicio, que estaban reservados para posibles pagos adicionales en la operación de transmisión de activos a Sareb –el banco malo donde fue a parar el ladrillo tóxico de la banca rescatada–, y en causas relacionadas con productos híbridos y cláusulas suelo.
