La Xunta reclama 150 millones a Ausonia o Barna Import Médica por el ‘cártel de los pañales’
La Xunta de Galicia cifra en 150 millones su reclamación a las firmas sancionadas por la CNMC por la fijación de precios de los absorbentes entre 2004 y 2013 y se abre a extender el periodo investigado a ocho años atrás
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, comparece tras el Consello. – XUNTA
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La Xunta de Galicia pone cifras a su reclamación por el denominado cártel de los pañales para adultos. La administración autonómica cifra en 150 millones de euros su petición a las firmas multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber establecido acuerdos para fijar los precios de los absorbentes financiados por el sistema nacional de salud para adultos no hospitalizados.
El Tribunal Supremo ha rechazado las últimas apelaciones de empresas multadas por la CNMC y abre la puerta a una reclamación que asciende a los 150 millones de euros para las facturas de entre 2004 y 2013, pero que podría crecer, ya que se estudia extender la reclamación a ocho años atrás.
Las empresas en la diana
La administración gallega ha explicado que se está haciendo «una estimación de costes hacia atrás», ya que la CNMC consideró acreditado que varias empresas y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) habían conformado un cártel entre 1996 y 2013 para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de estos pañales, que se venden en farmacias.
Ya en enero pasado, la Xunta envió una reclamación por vía administrativa a todas las empresas que formaban parte de este cártel y, han señalado fuentes autonómicas, ahora «trabaja en la presentación de la reclamación por vía judicial».
El caso se destapó en 2016, cuando la CNMC impuso casi 129 millones de euros en multas a estas entidades, entre ellas Ausonia -luego Procter & Gamble-, Barna Import Médica o Algodones del Bages. Fue precisamente Procter & Gamble, la empresa que fue multada con la mayor cuantía (unos 68 millones de euros) la que desveló esta práctica irregular para acogerse al programa de clemencia y librarse de la sanción.
Según la CNMC, las empresas -que sumaban una cuota del mercado del 95 %-, con apoyo de la Federación, llegaron a acuerdos para fijar los precios de los absorbentes financiados por el sistema nacional de salud para adultos no hospitalizados. «Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios) desde al menos diciembre de 1996 hasta junio de 2010», expuso la Comisión en su momento.
