Xeal tumba el plan de la Xunta para blindar el futuro de sus fábricas días después de venderlas

Cuando la deuda presionaba ya con fuerza a Villar Mir y a la propia Ferroglobe, que encadenaba números rojos y había perdido el 85% de su valor en bolsa en un año, una de las primeras opciones del grupo para salir del atolladero fue intentar vender las centrales hidroeléctricas de Ferroatlántica. La inyección de liquidez que pretendía con esa operación quedó en nada a causa de una resolución de Augas de Galicia de 2017. En ella concluía que las concesiones no permitían segregar los saltos de la actividad industrial representada las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría. El veto a la segregación de las centrales frenó en seco la venta al fondo Brookfield. Villar Mir acabaría vendiendo dos años después, en 2019, las centrales y las plantas, todo junto, al fondo Sixth Street por 170 millones, transacción que originó la creación de Xeal, la sociedad que pasó a controlar el negocio.

Desde entonces, el principal cordón de seguridad que tienen las fábricas, consolidado tanto en la resolución de la Xunta como por los tribunales, es conformar una unidad de negocio con la producción de energía mediante centrales hidroeléctricas, 10 instalaciones desplegadas por los ríos Xallas y Grande con una capacidad de 167 megavatios. Las factorías, fundamentales para la actividad industrial de la comarca, no pueden separarse de las concesiones, ni las centrales pueden operar sin mantener la producción industrial.

Sin embargo, Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestruturas que dirige Ethel Vázquez, estableció un segundo blindaje para las fábricas cuando autorizó la venta a Sixth Street. En la aprobación de la operación, en octubre de 2019, el organismo impuso como condición que la nueva concesionaria presentara un plan de viabilidad a 10 años para garantizar la continuidad de la actividad de ferroaleaciones. Este segundo cinturón de seguridad acaba de desabrocharse. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ha revocado.

Xeal gana 20 días después de vender el negocio

En una sentencia del pasado 27 de octubre, la Sala de lo Contencioso estima el recurso presentado por Xeal (Sixth Street) contra la exigencia de la Xunta de presentar dicho plan de viabilidad. Entienden los magistrados que ese requisito no encuentra acomodo en el el Reglamento del Dominio Público Hidráulico ni en ninguna otra norma, por lo que debe ser anulado. «Carece de sentido examinar la idoneidad u oportunidad del plan de viabilidad cuando la norma que disciplina la autorización del cambio de titularidad de la concesión no lo exige», sintetiza el fallo.

La resolución judicial, que enmienda una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Santiago que había rechazado el recurso de Xeal, llegó 21 días después de que el fondo acordase la venta de las plantas de Cee y Dumbría y las diez centrales hidroeléctricas al grupo checo Energo-Pro, que se quedó también con el proyecto para construir una estación reversible de bombeo del Monte da Ruña, infraestructura que estaría al margen del régimen concesional de las centrales.

La actividad industrial sigue protegida

Si bien es obvio que la condición anulada por el TSXG perseguía garantizar la actividad industrial de las factorías, el fallo no invalida las resoluciones anteriores, especialmente la del año 2020, que vinculaban la producción de ferroaleaciones y la energética. De hecho, los magistrados dejan constancia de ello en su argumentación, al señalar que Augas de Galicia «se limitó a imponer como condición extintiva la presentación de un plan de viabilidad a diez años sin mencionar la norma de cobertura, sencillamente porque no existe, lo que tiene que conducir necesariamente a la anulación de esa condición, por más que pueda resultar comprensible que se deba garantizar la viabilidad de la industria de ferroaleaciones,
dada la dependencia que tiene del suministro de energía, y por más que sea acorde con la finalidad que persiguen las concesiones hidroeléctricas, de estar vinculadas a la actividad industrial de las fábricas de ferroaleaciones».

Y añade: «El posible incumplimiento de las condiciones que la normativa y los títulos concesionales originarios imponen tiene una vía de reacción, que es la de extinguirlos en los supuestos que contemplan los artículos 161 y siguientes del RDPH». Es decir, la Sala está recordando que Augas de Galicia puede acabar con la concesión si se incumplen las condiciones de la misma, entre ellas, la de preservar la actividad industrial, aunque no considera de recibo que para tal objetivo se imponga la elaboración de un plan de viabilidad a 10 años.

Fábricas venidas a menos

Sin embargo, una cosa es mantener la actividad industrial y otra es la manera en la que se hace. El comité de empresa de las plantas de A Costa da Morte ha levantado acta de ello en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años, alertando del descenso del empleo y de la actividad en las instalaciones. Tras hacerse pública la venta a Energo-Pro, la CIG emitió un comunicado en el que señalaba que en los últimos cuatro años, con la propiedad de Sixth Street y la gestión de Ithaka, se habían destruido 43 puestos de trabajo y unos 80 eventuales. El empleo vinculado a las factorías ha pasado de unas 400 personas a 250 en los últimos cuatro años.

Además, indicaba el sindicato que de los cinco hornos que estaban en marcha en 2019, actualmente solo habría uno encendido y con un bajo nivel de actividad.