El Supremo da la razón a Taboada y Ramos frente a Adif por una de las obras más caras y complejas del AVE a Galicia

La construcción del tramo de Alta Velocidad entre Pedralba de la Pradería (Zamora) y Ourense constituyó un reto técnico de ingeniería por la orografía que atraviesa, representando uno de los más complejos de la línea entre Madrid y Galicia. Así describe el complicado trazado el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que presume de una obra integrada por 31 túneles y otra treintena de viaductos.

En concreto, el tramo suma 126 kilómetros de túneles, siendo el más largo el túnel bitubo de O Corno, con 8,6 kilómetros. Pues bien, ese túnel, que une las localidades de Cerdedelo, en Laza, y Prado, perteneciente a Vilar de Barrio (Ourense), es sin duda uno de los que ha traído más de cabeza no solo a los técnicos de Adif, sino también a su equipo jurídico. Y es que la adjudicación de la obra ha llegado al Tribunal Supremo.

El proceso judicial

El pasado mes de junio, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictaba una sentencia dando la razón a la UTE adjudicataria de la obra, integrada por la gallega Taboada y Ramos y Corsán Corviam, que fue adquirida en su día por Isolux para formar la novena constructora española por ingresos y acabó en quiebra en 2017.

Los equipos jurídicos de ambos grupos habían recurrido una sentencia previa de la Audiencia Nacional, de 2020, que le daba la razón, en esa ocasión, a Adif y admitía una resolución previa a las reclamaciones de ambas compañías por el proceso de adjudicación del túnel de o Corno y los modificados posteriores. La obra era de 80 millones de euros, con un plazo de ejecución de 72 meses.

Las decisiones de Adif

La UTE solicitó en su demanda inicial ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo la nulidad de pleno derecho de la resolución de Adif. Consideraban Taboada y Ramos y Corsán Corviam que resolución impugnada era nula de pleno derecho por prescindir total y absolutamente de las normas de procedimiento legalmente establecido, “pues Adif ordenó a la UTE, sin la previa tramitación de ningún procedimiento que ejecutase las obras contratadas, sin ejecución de la galería de ataque intermedio (GAI) en el proyecto adjudicado y es a posteriori, cuando las obras ya están ejecutadas, cuando Adif inicia un expediente de modificación del contrato”, decían.

“La resolución impugnada”, subrayaban, “es nula por alteración de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato”, insistían. Y el Supremo, pese al criterio de la Audiencia Nacional, les da la razón. Lo hace con un voto particular de uno de los magistrados de la sala, disconforme con la sentencia de sus compañeros.

El Supremo considera en su sentencia que, “cuando el ministro de Fomento adoptó la resolución de fecha 25 de noviembre de 2016 por la que se acordó la continuidad provisional de las obras, el contrato estaba resuelto, por lo que la resolución de 25 de noviembre de 2016 por la que se acordó la continuidad provisional de las obras objeto del contrato es nula y debe quedar sin efecto, lo que determina la estimación del presente recurso”, de ambas compañías, y la retroacción de las actuaciones.

Abonada a la obra pública

Taboada y Ramos, con base en Silleda, fue fundada por un concejal del PP que hoy sigue al frente de la compañía, y es tradicional adjudicataria de obra pública en Galicia, que suele colocarse en los primeros puestos de las licitaciones año tras año.

En este caso, con la del túnel de O Corgo (vía derecha), Taboada y Ramos también presumía de obra, que ejecutaba en UTE desde 2012 para Adif. “Se trata”, decía, “de la ejecución con medios convencionales de un túnel de 8,5 kilómetros de longitud y 52 metros de sección que cruza los montes de Laza-Cerdedelo, además de la construcción de los viaductos de aproximación a ambas vías”. “Las necesidades de ejecución de este proyecto”, explicaban, “implican la gestión de medios y recursos que trabajan las 24 horas de los 7 días de la semana”.