Tavares deja Stellantis en medio de una disputa de 277 millones con el fisco español

Stellantis lleva años enzarzado con Hacienda por los impuestos que debe pagar en España. Lo estuvo durante prácticamente toda la etapa de Carlos Tavares y continúa pendiente de litigios, arbitrajes y procedimientos amistosos a la salida del directivo portugués, que presentó su renuncia esta semana en medio de una crisis de ventas del grupo, especialmente en el mercado norteamericano, su principal motor de beneficios.

En las últimas cuentas presentadas por el grupo español del fabricante automovilístico, las provisiones por riesgos fiscales ascendían a 276,9 millones. Pese a ser una cifra elevada, es la más baja de los últimos años debido a la resolución de un arbitraje con la Agencia Tributaria respecto a la deducibilidad de los royalties que repartían intragrupo las distintas filiales de la compañía. Las provisiones ascendían a 407,6 millones a cierre de 2022, pero se rebajaron 134,5 millones con la resolución de este proceso.

Stellantis tiene cuentas fiscales pendientes de aclarar desde el año 2011 y se prolongan hasta el año 2017. Previsiblemente, a medida que avancen las inspecciones, surgirán más si no se llega a un entendimiento con Hacienda.

La factura del Impuesto de Sociedades

Según explica la compañía en las cuentas anuales de Stellantis España, la provisión de 277 millones se corresponde con la comprobación de la situación tributaria del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2011-2014 de Peugeot Citroën Automóviles España, una de las compañías que fue absorbida por Stellantis España en la reestructuración posterior a la fusión con Fiat Chrysler. Tras estas inspecciones, se produjeron similares actuaciones en los ejercicios posteriores, entre 2015 y 2017. La factura del impuesto de sociedades es la más relevante, pero a ella hay que añadir las inspecciones a Opel España por el mismo tributo y por el IVA para el periodo 2015-2017, con unos 70 millones en juego. Las actas en disconformidad también afectaron a otra de las antiguas filiales, PSAG, aunque por importes menores.

En conjunto, el riesgo fiscal que identifica el fabricante en su balance alcanza los 217,5 millones, a los que habría que añadir casi 56 millones más en intereses de demora. Para resolver la discrepancia con la Agencia Tributaria, Stellantis y Hacienda iniciaron procesos amistosos encaminados a evitar la doble imposición internacional a partir del año 2020. Además, el grupo tiene abiertos dos procesos de arbitraje, uno ante las autoridades fiscales españolas y otro ante las francesas. La compañía cuenta con avales bancarios para cubrir las actas recurridas por valor de 154,8 millones para el periodo entre 2011 a 2014 y de 132,9 millones para el periodo 2015-2017.