Stellantis paga 53 millones en multas y duplica las provisiones por las demandas del ‘cártel del coche’

La cascada de demandas contra el denominado cártel del coche ha llevado a Stellantis a provisionar 6,9 millones para hacer frente a las posibles indemnizaciones a sus clientes. Esta partida duplica los 3,3 millones que había reservado el grupo en 2022 por el mismo motivo, de manera que añade 3,6 millones más ante los numerosos procedimientos judiciales.

El fabricante con planta en Vigo fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2015 junto a los principales operadores del sector por intercambiar información sensible y concertar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Junto a Stellantis, también BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford recibieron multas por los intercambios de información entre sus comercializadoras, que controlaban cerca del 90% del mercado, según la resolución de la entidad que preside actualmente Cani Fernández.

La compañía que capitanea, por ahora, Carlos Tavares, pagó el año pasado 53,3 millones a causa de esas multas, una vez que el Tribunal Supremo consideró acreditada la existencia del cártel y declaró firmes las sanciones. De este importe, 22,8 millones corresponderían a la actual Stellantis España, que ejerce como principal sociedad del grupo español, y otros 30,49 millones a la antigua comercializadora PSAG, absorbida por la primera, según los datos que recoge la compañía en las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Las multas, que alcanzaron en conjunto los 171 millones, salpicaron también a Opel y a Fiat, aunque en la etapa de la antigua PSA, cuando todavía no conformaban un mismo grupo.

Las demandas de clientes

Stellantis explica que desde mediados de 2022 está recibiendo «numerosas reclamaciones judiciales y extrajudiciales de clientes» en las que piden indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el cártel en la compra de sus vehículos. Los usuarios afectados entienden que al adquirir los coches bajo el efecto de la concertación de precios tienen derecho a una compensación por el teórico sobrecoste que pagaron. Es decir, entienden que en un mercado sin adulterar habrían podido comprar más barato.

Esta tesis, equivalente a la de otros procedimientos como el del cártel de camiones, derivó en una oleada de demandas. En el caso de Stellantis, está obteniendo sentencias «en su mayor parte total o parcialmente favorables, aunque no permiten confirmar una tendencia futura», dice la compañía. Además, señala el grupo, existe un «alto nivel de incertidumbre» respecto a las reclamaciones extrajudiciales ya que desconoce cuántas se convertirán en procedimientos judiciales.

Indemnizaciones

Los magistrados están optando habitualmente por indemnizaciones que oscilan entre el 5% y el 10% del coste del vehículo, aunque hay variaciones entre las demandas, incluyendo desestimaciones de las mismas. Según la Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los grupos que aglutina a demandantes, hay más de una treintena de modelos del fabricante que se comercializaron durante el periodo en el que estuvieron en funcionamiento los intercambios de información, entre 2006 y 2013.

En el caso de Citröen, en esos años comercializó el Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo. Peugeot, por su parte, vendió en el periodo los modelos Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ.