El camino de la SEPI: de la privatización de Alcoa a la entrada en Telefónica y la incógnita de Talgo

Después de meses en los que, en Galicia, se ha debatido sobre la posibilidad de que el Estado acabe entrando en el capital del complejo de aluminio de San Cibrao, en manos de Alcoa, la administración pública, vía Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha desembarcado en Telefónica y ha abierto la puerta a hacer lo mismo con Talgo, movida por la máxima del compromiso a defender empresas estratégicas.

El anuncio de la entrada de la SEPI en Telefónica ya hace meses que suscitó críticas por parte del comité de empresa de Alcoa y del BNG, que sostienen que la vía de la intervención pública es la más beneficiosa para acabar con la cíclicas crisis del complejo de A Mariña lucense y las amenazas de marcha de los de Pittsburgh. El PP también acabó abriéndose a la posibilidad de una intervención «temporal» si la continuidad de la planta no estuviese asegurada. En la actualidad, y a la espera de poder captar fondos vía Perte, los americanos aseguran que no están dispuestos a continuar financiando las ingentes pérdidas, insisten, de la factoría de aluminio primario y la refinería de alúmina.

Alarmas en la actualidad

Hace tan solo dos semanas, el grupo anunció su intención de solicitar una modificación de los acuerdos de viabilidad pactados con la plantilla y, además, reveló que mantenía conversaciones con “potenciales compradores fiables”, algo que despertó las alarmas de los sindicatos, que temen la repetición del fiasco de A Coruña y Avilés, en donde las dos factorías que poseía Alcoa fueron a liquidación y su último dueño, Alu Ibérica, es objeto de una investigación en la Audiencia Nacional por presunta descapitalización fraudulenta.

Lo cierto es que la historia de participación pública del Estado en el negocio de Alcoa y en Telefónica guardar similitudes y diferencias. En la actualidad, el Gobierno, vía SEPI, acaba de formalizar la compra de un 3% de la empresa de telecomunicaciones para avanzar así en el objetivo de hacerse con un 10% de la compañía, convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa, que considera estratégica. La operación es una respuesta a la decisión de Saudí Telecom de hacerse con hasta un 9,9% de la que antaño fue la operadora pública española de telefonía.

Dos procesos distintos

Al contrario de lo ocurrido con Telefónica, la irrupción de la SEPI en Alcoa estuvo sobre la mesa en 2021, pero el Ejecutivo acabó rechazando esa posibilidad por motivos muy distintos. Después de poner en marcha un ERE en la factoría de aluminio primario y de que este fuese tumbado por los tribunales, la propia multinacional abogó por vender la planta a la sociedad pública por un euro para que luego esta la traspasase a un nuevo comprador. La operación no se llevó a cabo ya que, entre otras cuestiones, los americanos querían pactar una salvaguarda, un blindaje que los alejase de futuras reclamaciones.

Aunque este hecho nunca llegó a ser confirmado públicamente, distintas fuentes empresariales aseguran que, en aquella altura, los de Pedro Sánchez sí que llegaron a barajar una opción más parecida a la que ahora pone en práctica con Telefónica. Abrirse a tomar una participación a través de la SEPI si el negocio de San Cibrao acababa en manos de un comprador solvente, que aportase garantías de futuro.

Privatización

Tanto Telefónica como el actual negocio de Alcoa, heredero de Inespal, fueron públicos en el pasado. La salida del Estado de ambas compañías culminó hace 27 años, en 1997, pero desde entonces hasta ahora el papel jugado por el Gobierno con ambas compañías también ha sido muy distinto.

Al término de la dictadura, en 1978, la participación estatal en Telefónica llegaba al 35,34% del capital. Fue ya en la década de los 90, siendo Felipe González presidente, que comenzó el proceso de desinversión, al vender el Estado en bolsa un 10,7% del paquete público. La salida se culminó en 1997, con el Ejecutivo de José María Aznar, de nuevo mediante una oferta pública de venta en bolsa.

Ese mismo año se llevó a cabo la privatización de Inespal, pero el proceso fue bien distinto. Entonces, los centros productivos del grupo se repartían por San Cibrao, A Coruña y Avilés. Además también había fábricas de productos laminados de Alicante, Amorebieta (Vizcaya) y Sabiñánigo (Huesca); las de extruidos en Irurtzun (Navarra), Noblejas (Toledo) y Valls (Tarragona), además de otras dos en Barcelona de embalaje flexible y tapones para botellas. El Ejecutivo central defendió la necesidad de la privatización debido a las abultadas pérdidas del grupo, que el entonces ministro Josep Piqué cifró en casi 70.000 millones de pesetas en siete años.

Compensaciones millonarias

En este caso, el Gobierno ejecutó un venta directa mediante concurso. “El fuerte carácter cíclico del negocio del aluminio forzó la búsqueda de un socio internacional capaz de aportar fortaleza financiera, red comercial y tecnología. Inespal, aunque era líder en el mercado español, carecía de tamaño para competir con los grandes grupos multinacionales que dominaban la industrial del aluminio, cada vez más globalizada y concentrada empresarialmente”, apunta la SEPI. “La oferta seleccionada fue la de Alcoa, cuyo plan industrial perseguía consolidar el grupo de aluminio español como un sólido competidor internacional”, añade en su página web, para especificar que el importe de venta “fueron unos 370 millones de euros”.

El proceso de venta siempre ha sido tachado de oscurantista y muy beneficioso para Alcoa. De hecho, de los casi 400 millones de dólares aportados, 200 eran para pagar deuda. Además, hubo una serie de acuerdos que nunca vieron la luz. El Ejecutivo acordó un precio especial de electricidad con la compañía durante 10 años, con una prórroga de otros cinco más. Un precio máximo pactado por megavatio: si el coste de la energía subía, la SEPI pagaba la diferencia. Es decir, durante quince años, el Estado siguió gastando dinero en una empresa ya privatizada.

Durante años fue una incógnita el precio que se le abonaba anualmente. La SEPI no aportaba en sus cuentas anuales esta información hasta que los auditores le obligaron a hacerlo. El último año que la sociedad de participaciones industriales registra pagos a Inespal en sus cuentas es en 2011, y estos fueron de 42,6 millones de euros. En 2010, el Estado habría dado a Alcoa 75,3 millones de euros, 68 millones en 2009 y 37 en 2008.

La SEPI, por tanto, ha gastado tanto en intervenir como en privatizar empresas. Habrá que ver cuál es el próximo paso a seguir. Esta semana, el ministro de Industria, Jordi Hereu, indicó, preguntado por una posible entrada de la SEPI en Talgo ante la posibilidad de que acabe en manos del grupo húngaro Magyar Vagon, que el Gobierno “está, evidentemente, para defender proyectos industriales estratégicos en este país”.