Las sanciones de Renfe por los retrasos de los Avril y la incertidumbre con Sidenor agitan el fin de año de Talgo

Se complica el fin de año para Talgo. Si hace unos días trascendía que la operadora pública Renfe mantiene su intención de reclamar todas las sanciones al fabricante de trenes por el retraso en la entrega de los Avril (S106) –con los que se conecta por Alta Velocidad Galicia y Asturias con Madrid– ahora se suma la posible retirada de la oferta de Sidenor por el 29,9% de la compañía, en manos del fondo Trilantic. 

Desde la compañía presidida por José Antonio Jainaga, que en su día mostró interés por la planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao, han señalado que la operación “no es una cuestión de vida o muerte” y que, en caso de no conseguir el apoyo de los actuales accionistas se retirarían evitando así “gastar tiempo y energía inútilmente”. 

La siderúrgica vasca habría ofrecido cuatro euros por acción, valorando la participación en 150 millones de euros y el total de la compañía en unos 500 millones de euros, un precio un 20% inferior al ofrecido por el consorcio húngaro Ganz Mavag sobre el 100% del fabricante de trenes el pasado marzo (opa que fue bloqueada por el Gobierno por razones de seguridad nacional). 

Los de Jainaga presentaron el pasado 16 de octubre su oferta definitiva por Talgo. Desde el fondo Trilantic exploran otras ofertas con el objetivo de presionar a Sidenor para que eleve el precio de su oferta. 

Otro de los posibles compradores es el fondo Polaco de Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) que ha estado sondeando lanzar una oferta concreta por la compañía, según han informado varios medios del país. El PFR contaría ya con la financiación y con una ferroviaria a través de la que ejecutar la operación: la compañía Pesa, ,especializada en fabricación de locomotoras, trenes regionales y tranvías.

La presión de Renfe

La batalla con Renfe es otro de los puntos que ha marcado el año a Talgo. Tal y como avanza Cinco Días la operadora pública no estaría dispuesta a renunciar “a un solo euro” de los reclamados al fabricante. 

En concreto, la compañía exige 116 millones por incumplimiento del contrato, al no entregar los 30 trenes Avril en plazo. Los convoyes, que deberían ser entregados en enero de 2021, no estuvieron operativos hasta casi dos años más tarde. Además de ello se reserva la reclamación de 50 millones por el lucro cesante que supuso no contar con la nueva flota  y otros 80.000 euros por cada día de retraso adicional desde el pasado 1 de abril por daños y perjuicios.

Renfe también ha pedido nuevas compensaciones por los fallos técnicos que los trenes han sufrido en los primeros meses de funcionamiento, cuyo importe aún está por determinar, argumentando que los fallos de los S106 han puesto un perjuicio económico para la compañía al tener que abonar las indemnizaciones a los usuarios que hayan sufrido estas averías. 

El conflicto estaría a punto de entrar en los tribunales después de que el operador público exigiese a Talgo el pago de los 116 millones y de que el fabricante haya mostrado su resistencia. De hecho, el fabricante ha comunicado a la CNMV que no está dispuesta a pagar esa multa, ya que ha defendido durante todo el proceso que los retrasos en la entrega estaban justificados, bien por causas de fuerza mayor como la pandemia, o por otros problemas ajenos a su propia gestión. 

Desde la compañía consideran “improcedentes” las sanciones y así se lo ha comunicado formalmente a Renfe en una contestación que «aporta nuevos argumentos y justificaciones que refuerzan la validez y suficiencia de las razones previamente presentadas».