Venta de la dueña de la AP-9: Sacyr ‘levanta’ en la Audiencia Nacional 14 millones por IVA mal cobrado por Hacienda

Sacyr, una de las grandes de la construcción, cae de pie en los tribunales. La sala de lo Contencioso del Supremo acaba de desestimar un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba una sanción a la compañía, por parte de la Comisión Nacional de la Competencia por participar en un cártel ferroviario. La multa interpuesta por la CNMC en 2019 a Sacyr y a su filial ferroviaria, Neopul, ascendía a 762.362 euros, atribuyéndole una infracción por su participación en prácticas anticompetitivas prohibidas. Sin embargo, esa sanción resulta apenas un pellizco con solo echar un mes la vista atrás.

Y es que la sección sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una sentencia del pasado diecisiete de diciembre y a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, estima parcialmente un recurso presentado por Sacyr contra un acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central de noviembre de 2019. Esa instancia estimaba parcialmente las reclamaciones económico administrativas interpuestas contra el acuerdo de liquidación de octubre de 2015, por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, período comprendido entre mayo de 2009 a diciembre de 2010, dictado por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La cuantía de ese acuerdo de liquidación impugnado se elevaba a 14,3 millones.

Sanción de Hacienda

Sacyr también había recurrido el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador de ese caso, por el que se impuso una sanción de 737.878 euros. Ambas resoluciones, liquidación y sanción, quedaron anuladas en parte por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional.

En la demanda, uno de los argumentos de Sacyr tenía que ver con la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el IVA de mayo de 2009 a diciembre de 2010, por el transcurso del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, y planteaba su disconformidad con el acuerdo de ampliación de las actuaciones por deficiente motivación. Por efectos de IVA, el volumen de operaciones había sido aquellos años de 62,2 millones en 2009 y de 116,6 millones en 2010.

La operación de Itínere

La sentencia también recuerda que se realizaron importantes operaciones de enajenación de inmovilizado material y cartera, acogiéndose a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, reinversión que se ha efectuado por diversas empresas del Grupo Sacyr y respecto de la cual se exige mantenimiento, debiendo realizarse actuaciones coordinadas sobre el conjunto de las sociedades.

Y también señala la sentencia que la principal operación que se acoge a dicho beneficio fiscal es la venta, en el ejercicio 2009, de la mayor parte de su participación en Itínere Infraestructuras a Pear Acquisition Corporation, con un beneficio contable de 1.309 millones de euros. Itínere Infraestructuras era en ese momento propietaria de Autopistas del Atlántico, y Pear Acquisition Corporation era un fondo de Citi (Citigroup).

La llegada de Citi

En diciembre de 2008 el Grupo Sacyr anunciaba que había llegado a un acuerdo con Citi Infraestructure Partners (Citi) para la venta de su filial Itínere Infraestructuras, valorada en 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de Itínere y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida). Con esta operación, el grupo afloraba el valor de los activos concesionales maduros que ha acumulado en Itínere, caso de Audasa, la concesionaria de la AP-9, y reforzaba su posición financiera con una considerable reducción del endeudamiento. Y los inspectores de Hacienda, a la postre, pondrían el ojo sobre la arquitectura de todas estas operaciones.

En marzo de 2015, nueva vuelta de tuerca accionarial cuando Citi decide desvincularse en parte de Itínere, el grupo de autopistas fundado por Sacyr en el que la entidad había desembarcado en 2008. El nuevo gestor de Itínere sería el fondo de inversión estadounidense Corsair Capital, que se hizo en ese momento con toda la cartera de activos gestionada por Citi, valorada en unos 3.168 millones de euros. Y en ese momento también comenzaría otra batalla en los juzgados y a través de arbitrajes que duraron años para clarificar quién se quedaría finalmente con Itínere, la propietaria de Audasa, la gestora de la Autopista del Atlántico.