Discretos beneficios y 200 millones de deudas en las autovías rescatadas por la Xunta

La Xunta ha decidido desembolsar 297 millones para rescatar cuatro autovías de peaje en sombra de manos de sus concesionarias: la Autovía do Salnés (AG.41), participada por Copasa, Puentes y Abanca; la Autovía do Barbanza (AG-11), gestionada por Sacyr; la autovía Santiago-Brión (AG-56), en manos del fondo Hermes, ACS, Extraco y Francisco Gómez; y la autovía Ourense-Celanova (AG-31), con Copasa y Extraco en el accionariado. Todas ellas pasarán a estar gestionadas de manera directa por la Xunta y pondrán fin al periodo concesional de manera anticipada.

El movimiento tiene cierto significado político en un momento en el que se está debatiendo el traspaso y gratuidad de la AP-9. Sin embargo, tiene poco que ver con Audasa. El objetivo del Gobierno gallego es, simplemente, ahorrarse 30 millones de costes que tendría que pagar a mayores si se cumplieran los periodos de explotación al completo. En dos de las autovías finalizaban en 2035 (O Salnés y Santiago Brión); en 2036 para la de O Barbanza; y en 2040 para la que une Ourense con Celanova.

Los usuarios no pagaban por circular por estas carreteras, ya que la fórmula del peaje en sombra hacía que fuera la Xunta quien retribuyera a las concesionarias en función del tráfico de cada vía. El coste anual estaba en torno a los 30 millones. Estos rescates dejarán la Autovía da Costa da Morte como la única de peaje en sombra del Gobierno gallego, con Copasa como principal accionista de la concesionaria, donde también están Taboada y Ramos y Covsa.

Florentino Pérez vende

La Xunta concibió estas autovías bajo el modelo concesional para poder construirlas, ya que en aquel momento no contaba con fondos propios suficientes para ejecutarlas. Al diseño contribuyó el propio Alberto Núñez Feijóo durante su etapa como conselleiro de Infraestruturas del Gobierno de Manuel Fraga.

Con excepción de la Autovía do Barbanza, que se anotó unas abultadas pérdidas de 5,6 millones en al año 2022 por los costes financieros, las carreteras aportaban discretos beneficios a los socios de las concesionarias, que rara vez llegaban al millón de euros. Entre todas, tenían pendiente de devolver una deuda bancaria de más de 200 millones, por lo que el rescate abonado por la Xunta, de casi 300 millones, les dejará una relevante plusvalía.

La AG-56 entre Santiago y Brión era la infraestructura con más tráfico, pues cerró 2023 con una intensidad media diaria de 20.945 vehículos. En el pasado ejercicio generó una cifra de negocio de 9,1 millones, un resultado de explotación de 3,7 millones y unos beneficios de algo menos de 550.000 euros.

Iridium, empresa del grupo ACS, era el principal accionista con un 70% del capital, pero decidió traspasar la mayor parte de su participación al fondo Hermes en la venta de un paquete que incluía otras cinco autopistas y por el que recibió 700 millones de euros. Desde esa operación, en el año 2020, el fondo de inversión pasó a ser el principal accionista, controlando tres cuartas partes de ese 70% de Iridium. Los otros socios son la ourensana Extraco (15%) y una de las promotoras de la mina de Touro, Francisco Gómez y Cia (15%).

La Xunta pagará 72 millones para rescatar la concesión de la AG-56, mientras que la concesionaria tenía una deuda bancaria a cierre del año pasado de 54,4 millones.

Los números de las concesionarias

La constructora ourensana Copasa es la primera accionista de dos de las autovías, la de O Salnés y la que conecta Ourense y Celanova. Ambas aportaron al grupo beneficios en el pasado ejercicio.

La autovía ourensana está participada también por Extraco (30%) y genera unos ingresos próximos a los nueve millones de euros anuales con un tráfico que se sitúa por debajo de los 5.000 vehículos diarios. El Gobierno gallego pagará a los socios 85 millones por el rescate, mientras que la deuda de la concesionaria se sitúa en torno a los 50 millones.

En el caso de la Autovía do Salnés, son Puentes y Abanca, con un 30% cada uno, quienes acompañan a Copasa en el accionariado. La concesionaria factura algo más de 5 millones con un tráfico próximo a los 18.000 vehículos diarios. Tiene una deuda bancaria próxima a los 20 millones y recibirá de la Xunta 45 millones.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este medio a través de la plataforma Insight View, la vía ourensana generó 1,1 millones de beneficios en 2022 y casi 400.000 euros el año antes; la Autovía do Salnés cerró con ganancias de 600.000 y 230.000 euros en esos mismos ejercicios.

Finalmente, la Autovía do Barbanza, que tiene como único socio a Sacyr, registró importantes pérdidas en 2022 a causa de los costes financieros, anotándose un resultado negativo de 5,6 millones. Sin embargo, el año pasado volvió a generar resultados positivos para la constructora. Recibirá 72 millones por el rescate, mientras que su deuda bancaria se sitúa en torno a los 70 millones.

Las críticas del Consello de Contas

Aunque el rescate anticipado de la concesión permitirá al Gobierno gallego ahorrar costes, estas mismas autovías de peaje en sombra fueron cuestionadas por el Consello de Contas, que el año pasado emitió un informe en el que alertaba de que los acuerdos concesionales resultaban caros para la Xunta y que era factible ahorrar a las arcas públicas como poco 44 millones.

El organismo fiscalizador aludía a la revisión de los acuerdos a la que accedió Alberto Núñez Feijóo en la etapa de Agustín Hernández como conselleiro de Infraestruturas, y que permitió elevar las compensaciones a tres de las concesionarias (O Salnés, Barbanza y Ourense-Celanova) como solución a una intensidad de tráfico por debajo de lo previsto.