La Xunta rescató cuatro autovías en plena batalla judicial por las indemnizaciones del Covid

El 14 de octubre, el Consello da Xunta acordó recuperar la concesión de cuatro autovías de peaje en sombra cuyos contratos expiraban mayoritariamente entre 2035 y 2036. Con el rumor de fondo del debate sobre la transferencia y gratuidad de la AP-9, el Gobierno gallego decidió rescatar la  autovías de O Salnés, O Barbanza, Santiago-Brión y Ourense-Celanova, esta última con una concesión que se prolongaba hasta el 2040. El objetivo principal, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue ahorrar unos 30 millones en la factura que debería abonar la Xunta si los contratos concesionales se desarrollasen hasta su vencimiento.

La operación para rescatar las cuatro autovías costó a las arcas públicas 297 millones y el acuerdo se cerró, curiosamente, mientras las concesionarias y la Axencia Galega de Infraestruturas resolvían sus discrepancias en los tribunales respecto a los propios contratos de concesión. La recuperación de las autovías de peaje en sombra por parte de la Xunta se produjo con varios procesos judiciales pendientes en los que las empresas reclamaban compensaciones por el impacto que tuvo el Covid en su actividad.

Sacyr pidió alargar la concesión

Ese es el caso de Sacyr, que gestiona la Autovía do Barbanza (AG-11) y que este mismo año resolvió su disputa con el Gobierno gallego en el Tribunal Supremo. Apenas dos días después de que Rueda anunciara el rescate de las autovías, la Sala de lo Contenciosos emitía una resolución en la que desestimaba el recurso presentado por el grupo de Manuel Manrique contra un fallo previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de marzo.

Sacyr pidió que se le reconociera el derecho a ser indemnizada o a alargar la concesión en la autopista hasta un 15% para restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, lastrado por la caída de tráfico que generó la pandemia y las restricciones a la circulación. Los magistrados rechazaron su reclamación, al entender que «no puede el recurrente pretender que la Administración asuma la totalidad de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, tratando de percibir sus ingresos habituales como si la crisis sanitaria no hubiera tenido lugar«. También alegaron que «al tratarse de contratos de larga duración, no se puede pedir el restablecimiento en base a una situación puntual, siendo necesario contemplar el contrato en su globalidad y total ejecución».

Estos razonamientos del TSXG fueron avalados por el Supremo el mes pasado al inadmitir el recurso presentado por la concesionaria de la Autovía do Barbanza. Fue la segunda victoria de la Xunta ese año en este tipo de batallas, pues en mayo también el TSXG desestimaba las reclamaciones de Itínere respecto a las autopistas A Coruña-Carballo y Puxeiros- Val Miñor.

Copasa gana

Algo similar ocurrió con la autovía Ourense-Celanova (AG-31), aunque con peor desenlace para la Xunta, ya que Copasa y Extraco, los dos socios de la concesionarias, lograron que los tribunales reconocieran su derecho a ser indemnizadas por la caída de tráfico del Covid. Fue en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de junio de 2023, que estimó el recurso de la concesionaria contra la negativa de Infraestruturas a reconocer su derecho a acogerse a un procedimiento de reequilibrio económico financiero. Copasa y Extraco habían declarado previamente la imposibilidad de ejecutar el contrato en la vía debido a las restricciones a la movilidad aplicadas por la pandemia. El fallo no es firme y estaba pendiente del recurso de casación del Gobierno gallego.

El rescate de la autovía Ourense-Celanova costó a las arcas públicas 85 millones, mientras que el de la autovía do Barbanza ascendió a 72 millones. El más costoso, sin embargo, fue el de la autopista Santiago-Brión, que alcanzó los 95 millones. Esta vía estaba gestionada por Iridium, una alianza entre el fondo Hermes y el grupo de Florentino Pérez, ACS, y por Extraco y Francisco Gómez y Cia. La autovía también mantuvo hasta hace poco un litigio con la Xunta previo, en este caso, a la pandemia, por la regularización del canon concesional. la Axencia Galega de Infraestruturas fue condenada por el TSXG a abonarle 2,04 millones adicionales en mayo de 2023.