Repsol amenaza con paralizar sus dos grandes inversiones en Galicia: combustibles renovables e hidrógeno verde

Repsol echa un pulso en toda regla al Gobierno ante la decisión de los de Pedro Sánchez de mantener “de manera permanente” los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. La compañía indica que, en la coyuntura actual, “están en riesgo todas las inversiones para descarbonizar los complejos”, es decir, sus refinerías. “Si no hay un marco regulatorio y fiscal estable, nuestros de inversión en España se quedan en stand by”, añade. La amenaza de la petrolera, de cumplirse, y a tenor de sus manifestaciones, podría afectar a millonarios proyectos en marcha en Galicia, relacionados con el hidrógeno verde y los combustibles renovables.

En su última actualización de su plan estratégico 2024-2027, Repsol fijó sus prioridades para los próximos años, siendo uno de los objetivos principales consolidar una apuesta multienergética en pleno proceso de descarbonización. En ese escenario, la compañía avanzó en los informes remitidos a la CNMV que estudiaba la posibilidad de disponer en A Coruña “de una planta de combustibles 100% renovables”, una infraestructura en análisis pero que podría ser una realidad tras la reconversión de una de las unidades del complejo industrial herculino para producir estos combustibles y otros modelos descarbonizados. Básicamente, reproducir el proyecto ya anunciado para la refinería de Puertollano.

Combustibles renovables

Eso sí, cuando a principio de año, la compañía indicó que esta nueva planta estaba en estudio, ya aludió a la importancia del marco regulatorio. Así, en aquel momento, fuentes de la compañía indicaron que la apuesta de la petrolera pasaba por “mantener la competitividad de las instalaciones en su complejo industrial de A Coruña”, donde quería poner en marcha nuevas iniciativas bajas en carbono, aunque todo esto condicionado “por el evolución del marco regulatorio fiscal en España”.

Pero, Repsol, en este caso en alianza con Reganosa y con Naturgy, tiene en marcha otro proyecto en Galicia mucho más avanzado, que ya ha recibido ayudas públicas, pero que también está relacionado con la refinería de A Coruña.

De Meirama a la refinería

La compañía desarrolla en Meirama una planta de hidrógeno verde. Antes del conflicto regulatorio, la hoja de ruta del grupo pasaba por instalar electrolizadores en sus seis centros industriales en España, también por tanto en A Coruña, pero, además, su proyecto sobre las ruinas de la antigua térmica de Naturgy prevé, en una fase inicial, poner en marcha un electrolizador de 30 megavatios destinado a la producción de hidrógeno verde, que en inicio comenzaría operaciones en 2026.

Según la documentación expuesta en los procesos de tramitación ambiental, la planta de hidrógeno verde consumirá agua que procederá del embalse de San Cosmade, en Ordes, mientras que la energía eléctrica procederá de la subestación eléctrica de Meirama. Sin embargo, y aquí está su relación con la refinería, una parte del hidrógeno producido en la planta irá a parar a la refinería a través de una canalización aislada, un hidrogenoducto, que no está contemplado en la tramitación actual del complejo.

El ‘silencio’ de Repsol

Repsol, de momento, ha eludido responder, a preguntas de este medio, si, por tanto, su participación en el proyecto de Meirama o alguna de sus derivadas, como esta conexión con la refinería, quedan también en fase de revisión debido al conflicto con el Ejecutivo central. Se limita a indicar que, en la situación actual, «están en riesgo todas las inversiones industriales para descarbonizar los complejos».

El Gobierno habría ya concedido al proyecto de hidrógeno verde de Meirama unas ayudas de 15 millones de euros dentro de las líneas de Transición Justa para impulsar industrias de esta naturaleza. El presupuesto de la planta participada a tres bandas es de 70 millones en su primera fase, pero podría llegar a los 300.

El origen del conflicto

El origen de la amenaza de Repsol se encuentra en que, inicialmente, los impuestos extraordinarios a las energéticas estaban planteados para dos ejercicios, 2023 y 2024. El grupo energético habría pagado cerca de 800 millones de euros. El CEO de la compañía, Josu Jon Imaz, fue uno de los primeros ejecutivos que se mostró en contra, indicando, ya por primera vez en agosto del 22, que el gravamen no iba contra las fortunas sino contra el empleo industrial y que favorecía a operadores extranjeros y empresas exportadoras.

En realidad, Imaz expuso hace aproximadamente un año, en la presentación de resultados trimestrales de la compañía que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las inversiones futuras de nuestros activos industriales en España”. “Es decir, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, analizaremos si las condiciones son estables y atractivas para garantizar los retornos de esas inversiones”, indicó.