Cártel lácteo: los denunciantes calculan que la industria evitó pagar 900 millones a las granjas

Las sentencias de la Audiencia Nacional respaldando la existencia de un cártel lácteo han espoleado a las organizaciones agrarias, que estos días están haciendo un llamamiento para que los ganaderos perjudicados presenten reclamaciones. Como sucede en el cártel del coche, parten de la premisa de que las prácticas colusorias alteraron el mercado y afectaron a los precios, lo que se traduciría en un menor importe percibido por las granjas al vender su leche a las empresas. Una vez ratificado judicialmente el cártel, los ganaderos perjudicados tendrían derecho a ser compensados.

La cuantía de las reclamaciones podría ser elevada teniendo en cuenta que las sentencias de la Sala de lo Contencioso dan por acreditado que el cártel operó entre 2000 y 2011 y que formaban parte de él las mayores compañías lácteas con presencia en España, como Lactalis, Capsa, Nestlé, Danone, Puleva (ahora integrada en Lactalis) o Pascual. También habrían participado en la concertación de precios Celta, Reny Picot, Leche Río o Feiraco, aunque en un periodo ya prescrito.

«No hay ninguna empresa láctea en Galicia que no se beneficiara del cártel«, zanja Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, la organización que denunció el cártel ante Competencia. «En algunas se pudo probar con documentación que participaban activamente, pero todas se beneficiaron porque pagaban el mismo precio», insistió.

En la entidad consideran que prácticamente todos los ganaderos estarían en disposición de reclamar compensaciones y estiman que rondarán el 10% de la facturación durante los años del cártel más los intereses de demora. Los servicios jurídicos de Unións Agrarias representan actualmente a 5.025 ganaderos que han iniciado el proceso para demandar, pero calculan que solo es un 30% de los que podrían hacerlo. «La sentencia abre una dinámica con mas certidumbres y menos riesgos para la totalidad de los ganaderos, no solo para los 5.025 que tienen la demanda autorizada», dijo García este jueves en rueda de prensa.

Un impacto de 900 millones

La organización también hizo cuentas sobre el impacto del cártel que, a su entender, explica por qué «los ganaderos de España, siendo un país deficitario y pese a que había cuotas máximas, fuesen los que menos cobraban la leche de toda la UE», en palabras de García. Según Unións Agrarias, entre 2000 y 2011 se comercializó en Galicia 29 millones de toneladas de leche y, a un precio de 33 céntimos, se pagaron 9,000 millones de euros. «Calculamos, que en el mejor de los casos, debería haber sido un 10% superior», precisó su secretario xeral. En consecuencia, el cártel habría detraído unos 900 millones en ingresos para los ganaderos en la comunidad.

Aunque ya hay movimientos encaminados a incitar a los productores a demandar, lo cierto es que las compañías sancionadas aún pueden recurrir las sentencias de la Audiencia Nacional. Una vez los fallos sean firmes, serán los jueces los que determinen en cada demanda si corresponde una indemnización a las granjas y por qué importe.

El Sindicato Labrego Galego señaló que en el año 2000, cuando la Audiencia Nacional da por iniciado el cártel, había 53.355 explotaciones lácteas en el Estado, de las que 28.231 eran gallegas. «Se confirman las conductas infractoras así como la mayoría de sanciones, y con esto queda más despejado el camino para la reclamación de las pérdidas que sufrieron las explotaciones productoras de leche», dijo la organización en un comunicado en el que avanzaba asambleas informativas para explicar la situación jurídica del cártel de la leche.