Así es el millonario negocio de San José y Puentes tras las cárceles sudamericanas

San José y Grupo Puentes, ambas constructoras gallegas, tienen en marcha proyectos en Sudamérica para la construcción y gestión en otro de tres grandes cárceles, una en Chile y otras dos en Ecuador. El precio de adjudicación de cada contrato sobrepasa de largo los 50 millones de euros. Un nuevo nicho de mercado para las compañías de Jacinto Rey y de la firma en manos del consorcio China Communications Construction Company Limited que no siempre se publicita, ya que en caso de la última, sus adjudicaciones de obra en el país de Daniel Noboa tienen carácter reservado.

El pasado diciembre, el Gobierno de Ecuador adjudicó en medio de grandes protestas la construcción de la segunda de las dos cárceles de máxima seguridad prometidas por su presidente con un modelo similar al implantado por su homólogo Nayib Bukele en El Salvador. El montante de la licitación eran 52 millones de dólares, unos 50,7 millones de euros al cambio, destinados a la construcción y equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Archidona, en una zona de la Amazonía ecuatoriana.

Información reservada en Ecuador

Los medios locales sostienen que la empresa adjudicataria de estas obras no es otra que Puentes y Calzadas, si bien no existe un documento oficial que lo acredite. Aunque el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció la adjudicación del contrato, el nombre de la empresa escogida para las obras no fue publicado debido a que el proceso de contratación de la obra fue declarado como «reservado».

Según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, en una resolución hecha pública el pasado agosto el Ejecutivo defendía que los procesos de adjudicación de obras de estas características siguiesen un principio de reserva dadas sus peculiaridades. El Gobierno ecuatoriano asevera que el país afronta problemas de violencia relacionados “con el hacinamiento y las condiciones de privación de libertad existentes, por lo que, al haber tenido medios no adecuados para la privación de libertad, especialmente por la existencia de infraestructuras deterioradas, la reserva de la información de las nuevas infraestructuras penitenciarias permitirán que el Estado controle la seguridad de estos espacios, y con ello contribuya a la seguridad tanto de las personas privadas de libertad como de la sociedad en conjunto, siendo este resultado más beneficioso que el acceso a la información”. “Es pertinente indicar que existe un equilibrio entre la limitación de acceder a información pública, con los beneficios que se busca lograr al controlar la seguridad de los centros de privación de libertad como espacios de custodia estatal, ya que, este beneficio de seguridad se convierte en una responsabilidad estatal”, argumentan.

Invitación a Puentes del Gobierno

No obstante, los medios de Ecuador dan por hecho que la adjudicataria es la gallega Puentes debido a que sí existen documentos públicos en los que se señala a la constructora como la compañía idónea para realizar estas obras. Por ejemplo, sí se puede consultar un documento de noviembre del año pasado en el que el director general de SNAI invitaba, de acuerdo a un “informe del análisis de conveniencia para selección de empresas”, a Puentes y Calzadas Infraestructuras para que presentase su oferta técnica y económica para la construcción del centro de Archidona.

Esta sería la segunda cárcel adjudicada a Puentes bajo este método de reserva por el Gobierno de Ecuador. Y es que tan solo unos meses antes, en junio de 2024, se iniciaron las obras para la construcción de otro moderno penal, en este caso, en Santa Elena. Como en el caso del penal de Archidona, el Gobierno declaró la reserva a la hora de brindar información sobre el proceso de licitación. Sin embargo, también en este caso, se hizo público que el SNAI había cursado una invitación a una empresa internacional, Puentes y Calzadas. El presupuesto estimado del proyecto también era de 52 millones de dólares.

En todo caso, ninguno de estos dos proyectos está publicitado en la página web de Puentes, que el año 2023 facturó en Ecuador algo más de 10 millones de euros, correspondientes a un 3% de su cifra de negocio.

Gestión de San José en Chile

Pero Puentes no es la única constructora gallega que, en estos momentos, hace caja con la una cárcel. El pasado noviembre San José anunció que había resultado adjudicataria del contrato para habilitar, operar y mantener la cárcel de Talca, en Chile, una obra valorada en unos 63 millones de dólares, unos 61 millones de euros al cambio. En este caso se trata de un contrato de gestión de 15 años, no de construcción.

Según la información consultada por este medio, el proyecto “consiste en la habilitación de la infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Talca y, en particular, de todas las áreas destinadas a la prestación de los servicios”.

“El edificio cuenta con una superficie total de cerca de 63.570 m2 y 14 módulos de reclusión de tres pisos. Esta nueva concesión considera la habilitación de todas las áreas destinadas a la prestación de los servicios, lo que considera la provisión del equipamiento estándar y de seguridad, la ejecución de mejoras en las instalaciones de seguridad, entre otras obras”, expuso el Ministerio de Obras Públicas de Chile.

El centro penitenciario que gestionará San José tiene capacidad para 2.300 reclusos y la intención es que comience ya con 400. La adjudicación de esta concesión sí ha sido publicitada, tanto por el Gobierno de Chile como por el grupo constructor de Jacinto Rey. Según las actas del adjudicación del contrato, San José fue la única empresa que se presentó a este proceso de licitación.