Puentes se hace con una “megacárcel” de 50 millones en Ecuador entre protestas contra su dueño chino

El Gobierno de Ecuador ha encargado a Grupo Puentes, la tercera mayor constructora gallega si obviamos a Goa Invest –filial de Inditex que trabaja casi en exclusiva para el Grupo de Amancio Ortega— una de las dos cárceles de máxima seguridad que pretende construir para paliar el hacinamiento en las prisiones del país, ya que la población de reclusos desborda la capacidad del sistema penitenciario.

El Gobierno ecuatoriano justificó de esta forma la iniciativa y avanzó que las nuevas cárceles seguirían un diseño similar a las que construyó Nayib Bukele en El Salvador, con estructura de panóptico y un potente equipamiento tecnológico. El primero de los centros se ubicará en Santa Elena, tendrá capacidad para 800 reclusos y la única empresa invitada al proceso de contratación fue la gallega Puentes, con amplia experiencia en la obra pública del país, donde ha construido hospitales y escuelas en ciudades como Quito o Guayaquil, entre otras actuaciones.

El pasado 21 de junio se anunció el inicio de la construcción de la cárcel con una visita del presidente Daniel Noboa a las 16,2 hectáreas de terreno de la Comuna Juntas del Pacífico donde se levantará el centro. El comunicado emitido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) apuntaba a las revueltas carcelarias acaecidas meses atrás y a la voluntad de Noboa por ponerles fin. “El sistema estaba secuestrado y humillado por organizaciones criminales. Hoy tenemos orden en los centros penitenciarios y estamos haciendo historia, en este centro se pondrá fin a la impunidad y al desorden penitenciario”, dijo el presidente.

La mano dura pregonada por el Ejecutivo llevó a los medios ecuatorianos a hablar de «megacárcel» y de «estilo Bukele» para referirse al diseño que tendrá que materializar la constructora gallega en un plazo de 300 días.

Críticas al dueño chino de Puentes

Grupo Puentes, que obtuvo en Ecuador el 3% de sus ingresos el año pasado (algo más de 10 millones), acaba de ponerse manos a la obra y ya tiene que lidiar con diversos obstáculos. Uno de ellos son las críticas contra su dueño, la china CCCC, que se hizo en 2020 con el 66% del capital de la empresa que dirige José Manuel Otero Alonso. El pasado lunes Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que a pesar del nombre es una entidad de la sociedad civil, cargó contra la SNAI por adjudicar la cárcel a una filial del conglomerado chino.

La acusaba de complicidad con el «entramado de corrupción» que permitió la venta del Hotel Quito a China Road and Bridge Corporation, también parte del grupo CCCC. El establecimiento estaba en manos públicas hasta la operación, en la que la dueña de Puentes desembolsó 30,8 millones de dólares en el marco de una subasta canalizada a través de una oferta pública en la bolsa de valores del país. Ocho años después de la venta y tras varias denuncias de la propia CNA, el vendedor, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), anunció el pasado mayo una investigación sobre la transacción, que calificó de «oscura». Aunque también manifestó que envió información a la Fiscalía, no hay una acción judicial concreta que pese sobre la venta del histórico hotel ni sobre la compañía china.

El otro obstáculo con el que lidia Puentes afecta a la propiedad misma de los terrenos donde debe construir la cárcel. Los comuneros de Bajada de Chanduy, asentados en la costa de Ecuador, asegura que las tierras les pertenecen a ellos y no al Estado. Según publicó El País, la comuna tiene unas 21.000 hectáreas que están dividas entre sus 7.000 habitantes, que se dedican a una agricultura y ganadería de subsistencia. La promesa de trabajo e inversión en el territorio a causa de la prisión ha convencido a algunos de ellos, pero también hay una parte dispuesta a oponer resistencia a la construcción del centro penitenciario, no solo por las tierras, sino también para evitar una militarización de la zona.

Alta tecnología en la cárcel

En este escenario, Puentes afronta un proyecto que el Gobierno considera de vanguardia, un antes y un después en la política penitenciaria del país. El nuevo centro tendrá una infraestructura exterior e interior que incluye seis torres de vigilancia (9,5 metros de altura cada una), una muralla de nueve metros; tres metros de malla, módulos de máxima seguridad; áreas administrativas, cocina, lavandería y armería, entre otros espacios.

A nivel tecnológico, la cárcel contará con una plataforma de Gestión Integral en la que se integrarán los diferentes módulos especializados, como  la gestión administrativa, los controles de acceso, las alarmas, la seguridad y la ciberseguridad. Según avanzó la SNAI, la prisión tendrá un sistema de reconocimiento biométrico basado en el iris; tecnología biométrica y dispositivos de alta seguridad para controlar el acceso del personal y las visitas; monitorización en tiempo real; o un registro y seguimiento mediante auditorías internas de todas las acciones realizadas en el interior del centro penitenciario.