Más de 200 proveedores y accionistas minoritarios de EiDF se unen y preparan una querella por estafa

Constituida la primera plataforma de afectados por EiDF. Más de 200 personas entre las que se encuentran principalmente accionistas minoritarios de la compañía y proveedores han unido fuerzas a través de una plataforma colectiva «ante la situación de desamparo e indefensión» en la que aseguran sentirse por la «lentitud de la justicia».

Portavoces de la Plataforma de Afectados de Toda España por EiDF y Óscar Romero aseguran que el objetivo por el cual han constituido esta entidad es que la «Audiencia Nacional se inmiscuya» y «tome medidas cautelares» contra Fernando Romero, presidente de EiDF, y su hermano Óscar. A ambos los acusan de urdir una trama que ha supuesto pérdidas millonarias para los afectados por tres vías.

Por un lado está la propia caída de las acciones. Y es que, pese a su reciente escalada en bolsa, las acciones de la compañía cotizan actualmente en los 10,3 euros. Este precio representa alrededor de un tercio de los 29,76 que registraba el 14 de abril del año pasado, jornada en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicaba su suspensión bursátil ante su imposibilidad de formular las cuentas del 2022 en tiempo y forma por la negativa de su nuevo auditor (PwC) a firmarlas.

Los motivos de la disputa

Dentro de los afectados se encuentra un segundo grupo. Este lo conforman aquellos inversores que, según el relato de los portavoces de la plataforma, habían entregado importantes sumas de dinero para participar en la ampliación de capital por valor de 150 millones de euros que preparaba la firma de cara a su desembarco en el Mercado Continuo. Estas cantidades se habrían canalizado, según denuncian, a través de sociedades instrumentales bajo el mando de Óscar Romero y no habrían sido devueltas todavía.

Por último, en un tercer grupo se encuentran un conjunto de proveedores a los que, tal y como argumentan, EiDF les adeuda dinero. En total son más de 200 los afectados de estos tres tipos que han decidido integrarse por el momento en la plataforma, que aprecia «delitos de estafa agravada, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal y organización criminal».

La plataforma cuenta con dos abogados que están analizando de manera individualizada cada caso y avanza que tomará acciones legales contra toda la cúpula de EiDF. La asociación pone en la diana a los hermanos Romero, a los que acusa de valerse de una red de testaferros y de sociedades instrumentales. A través de estas últimas, la plataforma considera que está realizando bloques de «compras y ventas» en el mercado con el objetivo de revalorizar de «forma artificial» las acciones de una compañía que capitaliza 679,2 millones de euros.

Un año de la suspensión en bolsa

La puesta en marcha de esta plataforma tiene lugar coincidiendo con el primer aniversario de la suspensión en bolsa de las acciones de EiDF. Fue el 14 de abril de 2023 cuando la CNMV decretó esta medida que se mantuvo vigente hasta el 28 de agosto. Para entonces, el regulador acordó su regreso a bolsa después de que la compañía presentó sus cuentas reformuladas con el visto bueno (aunque con salvedades) del auditor, que, no obstante, apuntaba a un fondo de maniobra negativo de 20,9 millones de euros y precisaba que durante su trabajo «se han puesto de manifiesto incidencias relevantes que suponen la existencia de debilidades significativas en el modelo de gobierno corporativo y el sistema de control interno».

Además de la publicación de las cuentas reformuladas con la aprobación de PwC, EiDF también reveló algunas de las conclusiones del informe forensic encargado a Deloitte. En ellas se ponía de manifiesto la existencia de deudores que presentaban «una vinculación directa e indirecta con Fernando Romero» presidente y máximo accionista del grupo con una participación superior al 52%. Además, de acuerdo a las mencionadas conclusiones, durante estos trabajos se identificaron «numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos».

EiDF regresó al parqué y abordó un plan de recorte de deuda y de potenciación de la gobernanza del grupo. Además, la compañía encargó a KPMG un dictamen jurídico sobre el informe forensic de Deloitte. En él se concluía que «desde el punto de vista contractual y mercantil” no «habría indicios que den lugar a concluir la existencia de negocios jurídicos simulados, ni de otra forma anómalos (fraudulentos, fiduciarios o indirectos)”, según comunicó la empresa a la CNMV.

Es por ello que EiDF consideraba que “no existirían elementos suficientes para hacer encaje en tipo penal alguno vigente en ninguna de las conductas descritas en el informe de Deloitte”. De este modo, la firma descartaba la posibilidad de acusaciones penales “bien sea por la falta de elemento objetivo del tipo, bien sea por la ausencia total de simulación, o bien por inexistencia de vulneración del bien jurídico protegido”.