Primera querella contra el dueño de EiDF por estafa, apropiación indebida y falsedad documental

Cerco a la cúpula de EiDF. Javier Sanz, fundador y CEO del Grupo ADSLzone, ha presentado la primera querella de un accionista minoritario contra los hermanos Romero por cuatro presuntos delitos: estafa, apropiación indebida, falsedad documental y organización criminal.

Se espera que esta querella sea admitida en los próximos días. Esta se dirige contra Fernando Romero, fundador y consejero delegado de EiDF, contra el consejo de administración de la compañía de autoconsumo, así como contra el hermano de Fernando Romero (O.A.R.), al que acusan de «mover los hilos» en la empresa «pese a no tener cargo alguno».

O.A.R. figuraba, además, como máximo responsable de la sociedad instrumental Huelva Capital. Según el querellante, esta sociedad jugaba un papel clave en la ampliación de capital por valor de 150 millones de euros que la cotizada de origen gallego tenía en marcha como paso previo a su salto al Mercado Continuo, un plan, este último, que ha aparcado de manera obligada ante la crisis en la que se encuentra inmersa la compañía.

Desplome en bolsa y alerta por falsificación de documentos

Esta querella es la primera que presentan accionistas minoritarios de EiDF ante la crisis que atraviesa la compañía. La imposibilidad de sacar adelante en tiempo y forma sus cuentas del ejercicio 2022 ante la negativa de su nuevo auditor (PwC) a firmarlas forzó una suspensión de cotización que duró cuatro meses y medio.

EiDF regresó al mercado a finales de agosto, pero ha pasado de capitalizar 1.720 millones de euros a casi 300 millones. La compañía ha visto cómo se ha evaporado el 81,6% de su valor pese al impulso reciente a su cotización por el desembarco del fondo luxemburgués Laurion Group con una participación del 5%. Las acciones de la compañía remontaron casi un 8% el viernes (sesión posterior a que se realizase este anuncio) y se instalaron en los 5,15 euros (lejos de los 29,8 que registraba antes de la suspensión).

Además, de esta marejada en bolsa, la CNMV se hacía eco del extracto del forensic de Deloitte que hizo público EiDF en el que se alertaba de «evidencias de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía», así como «debilidades de control interno». También se alertaba de «facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados».