Naturgy estima en un máximo de 100 millones el impacto por sus parques eólicos judicializados

Naturgy prevé que los recursos judiciales contra sus proyectos de energía renovable en España le generen un quebranto máximo de 100 millones de euros. En esta cuenta se incluyen, fundamentalmente, los permisos para la construcción de parques eólicos que han acabado en los juzgados y están pendientes de resolución, así como algunas instalaciones fotovoltaicas cuyo desarrollo ha tenido que paralizar debido, por ejemplo, al hallazgo de restos arqueológicos.

Aunque la compañía pone cifra al peor escenario, espera que el impacto de la judicialización de sus proyectos en España sea mucho menor. A cierre de 2024, considera como «probable» que las denuncias acaben generándole unas pérdidas de 26 millones, 11 millones más que a la finalización del ejercicio anterior. «Existen algunos permisos concedidos a algunas instalaciones de generación eólica o fotovoltaica, construidas o en construcción, que han sido recurridos en vía judicial, lo cual, en caso de que se estimaran tales recursos, podrían afectar a su viabilidad. Para los casos en los que se considera probable la materialización del riesgo se estima un impacto de 26 millones de euros», dice Naturgy en su memoria anual.

En el caso de los otros 100 millones, la compañía «no considera probable la materialización del riesgo». De hecho, ha rebajado significativamente los potenciales daños derivados de las denuncias contra sus parques, ya que en 2023 ascendían a 227 millones. Esto es debido a las sentencias favorables emitidas a lo largo del último ejercicio respecto a los permisos de tres instalaciones eólicas en Tarragona y otra en Fuerteventura.

Inversiones de 200 millones paralizadas en Galicia

En el caso de Galicia, el desenlace de las paralizaciones está pendiente de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante el TJUE sobre los informes sectoriales de parques eólicos, después de que más de 60 proyectos estén suspendidos por el posible daño ambiental. Naturgy es una de las damnificadas con la parálisis de los parques Porto Vidros, Monte Peón, As Encrobas, Meirama, Uxo, Campo das Rosas y Piago, que en conjunto, según la documentación remitida a la Xunta para la tramitación de las autorizaciones, requerirían de una inversión próxima a los 200 millones de euros.

Entre estas instalaciones se encuentran los dos parques vinculados al plan de reindustrialización de Meirama tras el apagón de la central térmica de la compañía, en el que se incluye también la construcción de una planta de hidrógeno y otra de biogás junto a Repsol y Reganosa. En las tres zonas de transición justa de las centrales térmicas de Naturgy –Narcea y La Robla, además de Meirama–, la gallega es la única afectada por una paralización judicial. Los parques allí ubicados, Meirama y As Encrobas, sumarían 69,5 megavatios. En conjunto, los parques de la eléctrica paralizados por el TSXG sumarían una potencia de 163 megavatios.

Sin nueva potencia eólica

Una de las consecuencias de la judicialización de los proyectos eólicos, con Galicia como una de las zonas prioritarias para desarrollo de esta tecnología, es que Naturgy cerró el pasado ejercicio sin conseguir que entrara en funcionamiento ningún nuevo parque. Según explica en su memoria, «en España han entrado en operación 271 megavatios de potencia renovable, de los cuales el 100% es potencia solar fotovoltaica», es decir, ningún megavatio más vinculado al viento.

La compañía ha decidido mantener en su plan estratégico el mismo objetivo de generación renovable que estableció para el periodo 2021-2025, en el que pretendía alcanzar un porcentaje de potencia instalada renovable en el mix de generación en las operaciones propias de toda la
compañía del 48%. «Dado el retraso en la obtención de los permisos y el aumento de los plazos a la hora de ejecutar los proyectos, en el ejercicio del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, Naturgy ha establecido un objetivo de potencia instalada renovable alineado con el del anterior plan a 2025 como objetivo del nuevo plan a 2027, es decir, el 47%», señala el grupo.

Pendientes del Supremo

Si la partida del desbloqueo del sector eólico gallego se juega fundamentalmente en Europa, en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE, en el sector ha despertado un fuerte interés el recorrido judicial del parque eólico Campelo, promovido por Greenalia en los concellos de Coristanco y Santa Comba y con una potencia de 40,5 megavatios. Paralizado por el TSXG, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por la compañía de Manuel García Pardo, así como por la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia (EGA).

A priori, el Alto Tribunal debería pronunciarse sobre la fragmentación artificial de proyectos que comparten estructuras de conexión y sobre los elementos clave en las suspensiones cautelares de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno gallego: la reducción de plazos en los trámites de información pública y la necesidad o no de que los informes sectoriales estén disponibles antes de que la declaración de impacto ambiental se someta al proceso de información pública.

En diciembre de 2023, el Supremo ya había validado la reducción de plazos que estableció la Xunta para alegar contra los proyectos y consideró innecesario que los informes sectoriales deban recabarse y estar disponibles antes del trámite de información pública en una sentencia sobre la autorización de repotenciación del parque eólico Corme G-3, impulsado por EDP en el municipio de Ponteceso (A Coruña). Tras este fallo, el TSXG planteó la cuestión prejudicial en Europa.