Multa de más de 40.000 euros a miembros de antiguo comité de la quebrada Alu Ibérica

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a pagar una multa de 10.530 euros a cada uno de los cuatro miembros del comité de empresa de la antigua planta de Alu Ibérica en A Coruña por agresión a responsables de recursos humanos y daños en el mobiliario de oficina, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El juez, que les ha impuesto el pago conjunto de una indemnización de 590 euros, los ha considerado autores de un delito de coacciones, de otro de daños, de dos delitos leves de lesiones y de uno leve de maltrato de obra.

Hechos de 2020

En la sentencia, considera probado que el 17 de diciembre de 2020, sobre las 18.30 horas, «en unión de un numeroso grupo de al menos diez personas», se dirigieron a las instalaciones de la empresa tras conocer el despido de una trabajadora.

Y «puestos de común y previo acuerdo, actuando de manera coordinada y concertada con las otras personas que no se han podido identificar», fueron a una de las oficinas en la que se encontraban tres personas, quienes tenían diferentes cargos en el departamento de recursos humanos.

«Irrumpieron violentamente, provocando una grave alteración de su funcionamiento ordinario», indica el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña en el fallo, en el que asegura que, tras discutir con los directivos, «los acometieron físicamente».

Versiones discrepantes

En la sentencia, afirma que, si bien hay «dos versiones absolutamente discrepantes de los hechos», existen «corroboraciones periféricas de naturaleza objetiva que refuerzan la conclusión de que lo acontecido en las instalaciones de Alu Ibérica el día de autos fue algo más que una reunión de trabajo airada entre los representantes de los trabajadores y los responsables de recursos humanos de la empresa».

Así, subraya que existen «unos lesionados y unos daños materiales que solo pueden ser atribuidos a la acción coordinada de los acusados», al tiempo que concluye que «los indicios de criminalidad son evidentes y se engarzan entre sí de una manera lógica y coherente».

En cuanto al delito de desórdenes públicos que les imputaban, el juez afirma que «no hay prueba alguna de que se haya causado una perturbación relevante de la paz pública, máxime cuando la presencia de los acusados en la oficina duró escasos minutos». Sin embargo, explica que la acción «tiene una naturaleza claramente violenta». Contra el fallo cabe recurso.