Así tumbaron Monbus y Alsa el plan de negocio de Arriva en Galicia con el transporte escolar

Arriva, uno de los grandes operadores europeos de transporte, vivió toda una desventura en el concurso del bus escolar de la Xunta, que le obligó a repensar su plan de futuro en Galicia y a redimensionar su estructura en la comunidad para reducir costes. La compañía controlada por el fondo I Squared, uno de los protagonistas de la opa sobre Applus, vio como eran anuladas cinco adjudicaciones que había ganado en la licitación del bus escolar, uno de los dos grandes repartos de líneas que realiza el Gobierno gallego junto al transporte regular por carretera.

El desenlace tuvo como némesis a Monbus y Alsa, dos empresas que también viven con desasosiego su posición en Galicia debido a la investigación por cártel abierta por orden judicial en la Comisión Galega da Competencia. Las UTEs lideradas por estos operadores presentaron los recursos contra las adjudicaciones a Arriva, que acabarían con la anulación de las mismas en abril de 2022. La resolución del tribunal de contratos TACGAL afectó a los lotes 2, 5, 10, 12 y 22 y obligó a Autos Carballo, filial de Arriva, a presentar un ERE en el que acordó 24 despidos.

Precisamente, una demanda laboral de un trabajador despedido, aunque no en el marco del ERE, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado mayo, desvela las cuitas de la compañía tras perder las adjudicaciones y la manera en que afectó a su proyecto en la comunidad.

La estrategia de Arriva

El fallo, desestimatorio respecto a la demanda laboral, relata que Arriva se presentó al concurso del transporte escolar de la Xunta en 2021 con las ideas claras. Hasta ese momento tenía adjudicados servicios en las zonas de Santiago de Compostela (Santiago, O Pino, Santa Comba), Ferrolterra
(Cariño, Ortigueira, Moeche, San Sadurniño, Ferrol, Fene, Ares, Mugardos, Cabanas, Pontedeume, Miño), Costa da Morte (Vimianzo y Camariñas), Betanzos (Betanzos, Oza, Curtis, Cambre, Abegondo) y Arteixo. Sin embargo, consideraba ineficientes los contratos de Ferrolterra y Compostela al no conseguir líneas de transporte regular de viajeros para esas zonas en el concurso previo de la Consellería de Infraestruturas.

Por este motivo, relata la sentencia, Arriva decidió que su filial Autos Carballo licitase por los lotes escolares del entorno metropolitano de A Coruña (Betanzos, Sada, Cambre, Carral, Culleredo, A Coruña y Arteixo) y en Lugo (Friol), donde el grupo opera concesiones regulares. «Con este nuevo escenario se podía mejorar exponencialmente la eficiencia operativa con turnos más optimizados y jornadas más completas por las sinergias entre concesiones interurbanas y escolares», dice la resolución judicial en los antecedentes de hecho.

Arriva tiene éxito y logra cinco lotes en las rutas próximas a la base de la empresa en A Coruña y en la zona de influencia de las concesiones de transporte regular.

Recursos contra la adjudicación

Las UTEs competidoras que lideraban Alsa y Monbus presentaron recursos contra las adjudicaciones de Arriva ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL). El organismo adscrito a la Consellería de Facenda determinó primero que la compañía debía subsanar problemas en la flota por la repetición de matrículas de autobuses en distintos lotes y, una vez presentada la nueva documentación, propuso entregar a Arriva cuatro de los cinco lotes en los que había resultado ganadora.

Nuevamente, los competidores recurrieron contra la nueva propuesta de adjudicación, consiguiendo en abril de 2022 que fuera revocada y, en consecuencia, dejando a Arriva sin cinco lotes. La compañía entonces en manos de Deutsche Bank se quedó sin las concesiones escolares, a excepción del Lote 34 en Lugo, operativo desde el mes de enero de 2022.

Los costes de Arriva

Aunque contra la resolución cabe presentar recursos judiciales, el proceso conllevó serios trastornos para Arriva. Por un lado, la suspensión de la entrada en servicio de las adjudicaciones hasta la pérdida final de las mismas. Por otro, un importante incremento de costes. La empresa, debido a los requisitos de solvencia exigidos por los pliegos, mantuvo toda la flota liberada de los contratos escolares antiguos, y además tuvo que adquirir 28 vehículos (a lo que destinó 1,6 millones), así como formalizar acuerdos de subcontratación con varias empresas para disponer de 19 vehículos subcontratados más.

«La empresa mantuvo la estructura y el plan de flota a la espera de la desestimación de los recursos por el TACGAL y la confirmación de la adjudicación de los lotes para poner en marcha la operativa de los contratos escolares. Durante dichos meses no obtuvo ingresos por los nuevos contratos, y en cambio tuvo que soportar los enormes gastos que comportaba la tenencia de una la flota de 230 vehículos«, sostiene el fallo.

Números rojos de Arriva en Galicia

La propia Autos Carballo explica en sus cuentas del ejercicio 2022 que la situación «ha afectado negativamente al presente ejercicio y al ejercicio
2023, donde se sigue trabajando de forma exhaustiva para adecuar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias al nuevo escenario de la pérdida de negocio de las líneas escolares». «En concreto y con el fin de garantizar la viabilidad económica de la compañía, la
dirección ha diseñado un plan de reducción de costes, ajustando la estructura de costes actual al volumen de negocio de la compañía una vez considerado la pérdida significativa de dichos contratos escolares», añade.

Ese ejercicio, la filial finalizó con pérdidas de 3,2 millones, que se sumaron a los números rojos de 2,7 millones del ejercicio anterior. Arriva Galicia, la sociedad que prestaba el servicio antes, registró un resultado negativo de algo más de un millón de euros en 2022 y de 3,5 millones en 2021.