El Gobierno garantiza más ayudas por CO2 a Alcoa, que pidió 77 millones

Alcoa presentará este miércoles sus resultados correspondientes al ejercicio 2024 con una buena noticia, sobre todo de cara a los analistas. Y es que un día antes de la señalada cita, la multinacional americana firmó en el Ministerio de Industria un memorándum de entendimiento con el Gobierno, la Xunta y su futura socia en España, Ignis EQT, que, aseguran, sienta las bases para blindar el futuro de San Cibrao. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo central se compromete a aumentar las ayudas públicas que recibirá la compañía de aluminio vía compensación de CO2. No se han trasladado cifras sobre cuánto lograrán los del Pittsburgh, pero hay que recordar que, hace tan solo unos meses, su CEO, Bill Oplinguer, advertía de que pediría “aproximadamente 80 millones de dólares”, casi 77 millones de euros al cambio en la actualidad.

El protocolo firmado en Madrid no ha contado con convocatoria oficial ni con la presencia del comité de empresa, algo que ha afeado la parte social. Sus firmantes han sido el ministro de Industria, Jordi Hereu; la conselleria de Economía de la Xunta, María Jesús Lorenzana; así como representantes de Alcoa (Rob Bear) e Ignis (Antonio Sieira).

Un acuerdo sin cifras

El acuerdo recoge el interés de todas las partes por colaborar junto con los trabajadores “para lograr la estabilidad de las operaciones, dando prioridad a la reactivación de las instalaciones de aluminio”. Así, las administraciones públicas se comprometen a agilizar los proyectos de energía renovables para lograr “costes energéticos competitivos” y a impulsar las medidas necesarias para facilitar la autorización y puesta en marcha de zonas de almacenamiento de residuos en Alcoa, lo que pasa por la ampliación de la balsa de lodos rojos de alúmina.

Todas estas eran demandas solicitadas por Alcoa, que, además, a lo largo de los meses, insistió en la necesidad de que se ampliasen las compensaciones públicas a las emisiones de CO2. El pasado diciembre, la vicepresidenta de la multinacional ya avanzó en una conferencia ante analistas que estaban negociando un memorándum con el Ejecutivo que debía sentar las bases para comprometer las millonarias ayudas. Este martes, en todo caso, nadie quiso poner cifras a la demanda de Alcoa.

Las fuentes oficiales consultadas por este medio declinaron hacer cualquier valoración sobre estas cantidades, indicando que en la reunión del Ministerio no se habló de las mismas. Pero hace tres meses, justamente tras la presentación de resultados trimestrales en los que Alcoa informó de su principio de acuerdo con Ignis Equity Holdings para San Cibrao, el CEO de la compañía, Bill Oplinguer, indicó que pretendía conseguir “el apoyo del Gobierno” para obtener “aproximadamente 80 millones de dólares” en compensaciones de CO2. Hay que tener en cuenta que, en diciembre, los de Jordi Hereu anunciaron que iban a presupuestar hasta 600 millones de euros para esta partida, prácticamente doblando la actual.

En realidad, y según indicó la número 2 del grupo, Molly Beerman, Alcoa considera que parte de esos fondos deberían estar en su poder, ya que la firma tuvo que devolver ayudas debido al ERE que finalmente no se llevó a cabo en San Cibrao en 2020. En concreto, unos 37 millones de euros debido de los fondos percibidos en 2018 y 2019. «En cuanto a los 80 millones de dólares de compensación por CO2, en realidad, se relaciona con el pasado. No recibimos nuestra compensación por el período 2018 a 2021 cuando operamos la fundición, por lo que hemos tenido reclamaciones contra el Gobierno. Nos gustaría tener acceso a esos 80 millones de dólares, ya que operamos y pagamos a todos los empleados», explicaba hace tres meses la directora financiera de la multinacional.

«Empresa en crisis», sin ayudas

Pero, las cosas nunca son sencillas en San Cibrao. Y que la situación de pérdidas encadenadas de Alcoa en la factoría de A Mariña hace que sea considerada como una “empresa en crisis” bajo los criterios establecidos en 2014 por la Comisión Europea y, por lo tanto, se quede fuera de la recepción ayudas públicas, atendiendo a la normativa vigente. Así que, para poder acceder las ayudas que el Gobierno está dispuesto a darle, los americanos deben sanear sus números en España.

Ahí es donde juega un papel importante el principio de acuerdo sellado con Ignis, que incluye una inyección inicial de 100 millones, financiada entre las dos empresas a un 75 y 25%, además de la posibilidad de otra aportación adicional de Alcoa de 100 millones más. Pero ahí también juegan un papel importante los trabajadores, ya que la multinacional aluminera solicita poder flexibilizar los términos del acuerdo de viabilidad de la fundición firmados con la parte social, para poder acceder a efectivo restringido y aplazar algunos proyectos comprometidos para disponer de ese cash.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, indicó este martes, al respecto, que es esencial que se convoque cuanto antes la mesa de seguimiento de Alcoa por parte del Ministerio, todavía pendiente tras ser aplazada, para «exponer a los trabajadores, al comité de empresa, este protocolo alcanzado», además de que Alcoa pueda exponer el «plan de negocio que va a dar viabilidad a la empresa».

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, reduce este protocolo a «humo», ya que «el MOU (memorándum de entendimiento) es un acuerdo que en la actualidad no tiene valor jurídico ninguno, no compromete legalmente a nada».

«Simplemente es un acuerdo de intenciones, es decir, ‘yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro’, y viendo los últimos MOU que se han firmado por parte del Gobierno de España, que fue en el año 2021 con ArcelorMittal y que actualmente está en un ERTE de 6.600 trabajadores, pues la verdad es que la noticia no se puede dar por muy grata”, opinó.