Luz verde al ex director del Igape para fichar por BDO, oferta que al final rechazó

El sector privado no tarda en reabsorber a parte de la cúpula cesada en diversos organismos de la Consellería de Economía tras la marcha del ex vicepresidente Francisco Conde a Madrid, con Núñez Feijóo. Ha sido el caso de Rubén Aguión, al frente de Xesgalicia hasta el pasado mes de agosto, también presidente de la sociedad de capital riesgo Sodiga, que se incorporó al grupo coruñés Denodo en septiembre en calidad de director de planificación financiera. Y es ahora el turno de Fernando Guldrís, el que fue jefe del Igape durante tres años, que ha obtenido luz verde para un destino en el sector privado al que ha renunciado, según la propia compañía que lo iba a contratar.  

Guldrís ha logrado la autorización de Función Pública para incorporarse a la consultora BDO Auditores apenas tres meses después de su salida del Igape, un cese firmado el pasado mes de junio. Al igual que en el caso de Aguión, la Dirección Xeral de la Función pública, dependiente de la Consellería de Facenda, acaba de dar luz verde al fichaje de Guldrís por BDO, al no hallar puntos de fricción con la Lei de Transparencia e Bo Gobierno. El plácet data del pasado día 16 de este mes.

La auditora de la crisis de Pescanova

En principio Guldrís trabajaría por cuenta ajena para BDO Auditores, en la “búsqueda de clientes privados para la prestación de servicios diversos relacionados con el área de Financial Advisory”, según detalla la autorización hecha pública por parte de Facenda, igual que en el caso de Aguión con la tecnológica Denodo. Sin embargo, fuentes de BDO señalan que, la pasada semana, Guldrís les comunicó oficialmente de desistía del proceso de incorporación, al tener otras ofertas, según fuentes de la consultora.

BDO saltó a los medios por su controvertido rol como auditor en la crisis de Pescanova que acabó con el presidente de la compañía viguesa en la cárcel. Fue el pasado mes de febrero cuando el Tribunal Supremo absolvió a BDO Auditores en el ‘caso Pescanova’. El alto tribunal modificó entonces la conclusión de la Audiencia Nacional acerca de la firma que había analizado las cuentas de Pescanova durante años en una espiral fraudulenta de facturas falsas y le eximió de pagar como responsable civil.

Lejos de los grandes

La sentencia confirmó la correcta actuación de BDO Auditores y del funcionamiento adecuado de sus sistemas de compliance y del control interno y calidad de su actividad. BDO auditó las cuentas tanto individuales como consolidadas del grupo Pescanova desde el año 2002, siendo reelegida para el ejercicio que finalizó en 2012 y en el que se destapó la situación de quiebra de la pesquera.

Aunque lejos de la presencia en Galicia de las grandes auditoras, el área de Financial Advisory de BDO cuenta con experiencia en la prestación de servicios de soporte en operaciones de compraventa y fusiones de compañías, valoraciones, asesoramiento financiero y en la prestación de servicios de forensic.

Larga etapa en Igape y Xesgalicia

Guldrís fue director general del Igape entre 2020 y 2023. Antes, había estado al frente de Xesgalicia durante siete años. El ejecutivo se había incorporado a la gestora de fondos de la Xunta en marzo de 2016 como director financiero y de control. Anteriormente había sido controller financiero y gestión de Zara España.

En el Portal de Transparencia de la Xunta consta actualmente la autorización pública para el ejercicio de actividades privadas del ex director general del Igape y, ahora también, del de Xesgalicia, que inicialmente no figuraba, al haberse incorporado a Denodo semanas después de dejar el cargo.

Durante un plazo de dos años tras su cese los altos cargos deben realizar, ante la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, una declaración sobre las actividades que realizarán, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha comunicación, el centro directivo competente en materia de servicio público, dice la ley, deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de la actividad privada a realizar y deberá comunicarlo tanto al afectado como a la entidad en la que pretende prestar sus servicios.