Los otros líos judiciales de la empresa del ‘caso Koldo’ que invirtió en Galicia

Reguero de causas judiciales en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. La empresa que se encuentra en el epicentro del caso Koldo por ser a través de la cual los detenidos canalizaban los contratos para el suministro de mascarillas con la administración pública durante la pandemia se ha multiplicado en los tribunales en los últimos años a cuenta de sus operaciones de compraventa de empresas.

La empresa vinculada en su momento al empresario Íñigo Rotaeche, uno de los detenidos en el marco de esta trama junto a Koldo García, asesor del exministro de Transportes (José Luis Ábalos) y su hermano Joseba, así como el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama. Los cuatro quedaron en libertad tras haber pasado una noche en los calabozos y haber comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de esta investigación que gira en torno a unas presuntas comisiones obtenidas de manera irregular mediante la consecución de contratos públicos con las administraciones.

Estos llegaron a generar 53,1 millones de euros en ventas en 2020 para una sociedad que había llegado al año de la pandemia en números rojos y prácticamente sin actividad en materia de ingresos. Este boom en su facturación llevó a la firma a anotarse unos beneficios por valor de 3,96 millones de euros que aprovechó para desembarcar en el accionariado de distintas sociedades.

Los avisos del auditor

Una de ellas es Comercializadora Pizarras Santa Bárbara. Según se desprende de su memoria anual, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas desembolsó 1,2 millones de euros para hacerse con el 36% de una empresa a la que, además, destinó un millón de euros a través de un crédito participativo. A esta cantidad se suman los 630.487 euros a los que ascendió su préstamo para financiar la compra de activos por parte de esta pizarrera asentada en Valdeorras a la que, además, transfirió la titularidad de diferentes fincas rústicas en la comarca, según recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas es la principal empresa de una red societaria que también sobrevuelan nombres como Telefarmacia App o Brama Capital. Sin embargo, fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas la que más actividad mostró en materia de compra de empresas. El informe con salvedades que Auren Auditores emitió para sus cuentas del ejercicio 2021 (las últimas depositadas ante el Registro Mercantil de Zaragoza) revelan que la firma contrató al despacho Guerra Abogados para reclamar el pago de 1,04 millones de euros a Proyectos Mittford.

Esta cantidad se corresponde al «precio de las participaciones sociales de la sociedad Sabores y Aromas del Mediterráneo SL» que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas vendió en su día a Proyectos Mittford.»La vía para obtener estas cantidades es el embargo de bienes de los demandados para, con su venta, conseguir el reintegro», recoge el informe de auditoría.

En el párrafo de énfasis, Auren Auditores también apunta que en la «partida activos financieros a coste amortizado se incluyen 1,54 millones de euros que corresponden a un derecho de cobro derivado de un anticipo a proveedores a la sociedad HRH Holdings Limited como consecuencia del contrato internacional de compraventa de mascarillas firmado el 3 de abril de 2020 por ambas partes».

«Con fecha 18 de marzo de 2021 se interpuso por la sociedad demanda de arbitraje ante la secretaría de la Corte de Arbitraje de la Ilustre Cámara de Comercio Internacional de Paris debido a un incumplimiento continuado por parte del proveedor. Dada la incertidumbre existente en cuanto a la cobrabilidad del saldo, la sociedad ha procedido a deteriorar la totalidad del importe al cierre del ejercicio».

Ventas sin cobrar

A estas guerras judiciales se suma la mantenida con Goya Holding. Soluciones de Gestión vendió esta sociedad en julio de 2022 por un importe cercano a los 6,9 millones de euros. Sin embargo, el auditor alerta de que el comprador no atendió “al calendario de pagos establecido”. «Por todo ello, la sociedad, con fecha 1 de diciembre de 2022 ha procedido a interponer demanda ejecutiva y demanda mercantil declarativa de derechos políticos de participaciones sociales pignoradas contra dicha parte. Asimismo, se ha comunicado a la parte compradora la ejecución de la prenda que de acuerdo a lo indicado en la escritura de formalización de la misma supone el inicio del proceso de subasta notarial de las citadas participaciones», añade el auditor.

«Como consecuencia de lo indicado anteriormente desconocemos el importe recuperable de la inversión al cierre del ejercicio, que estará supeditado ala resolución de los procedimientos judiciales y de subasta», recalcan desde Auren Auditores.