Las eólicas rechazan destinar la mitad de la energía a empresas gallegas y prevén litigios contra la Xunta
La patronal española del sector consideran expropiatoria la propuesta del Gobierno gallego y advierten que vulnera la normativa española y europea sobre libre competencia
Operarios en un parque eólico / Disa Group / Anuario AEE
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Nuevo encontronazo entre las empresas eólicas y la Xunta, que se está encontrando con el rechazo de la patronal del sector en su tentativa de que la instalación de parques en la comunidad genere mayores beneficios para el territorio. La Asociación Empresarial Eólica ya se manifestó contra la política de repotenciación de parques contenida en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Gobierno gallego, y ahora lo hace contra la medida transitoria que obligará a destinar el 50% de la energía producida por los aerogeneradores a empresas ubicadas en Galicia.
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunció el martes que los promotores eólicos deberán firmar PPA (acuerdos a largo plazo con un precio fijo) con empresas gallegas para, «por lo menos», el 50% de la energía producida. Será una medida «transitoria» encaminada a conseguir el «autoabastecimiento» energético y que supondrá «anticipar» alguno de los principios que contemplará el nuevo plan eólico de la Xunta, que no estará listo hasta dentro de, al menos, dos años.
Esta iniciativa intenta que empresas de menor tamaño, con dificultades para firmar acuerdos de suministro a largo plazo (PPA), puedan acceder también a energía barata, algo que persigue también la energética público-privada creada por el Gobierno gallego de la mano de Recursos de Galicia.
Encarecimiento de la electricidad
Al sector, sin embargo, no le gusta demasiado la propuesta. Según recoge El periódico de la energía, creen que el planteamiento de priorizar a Galicia en el suministro vulnera la normativa europea de competencia y el marco legal español. La Ley del Sector Eléctrico en España, alegan, considera la generación de electricidad como una actividad libre y amparada por el principio de libertad de empresa.
En cambio, la propuesta de la Xunta es, a su juicio, una «expropiación de facto», que restringe las posibilidades de los promotores de cerrar contratos de energía con quienes consideren y en los términos que negocien. Además, creen que distorsionaría los precios y provocaría un encarecimiento de la electricidad en la comunidad.
Litigios y pérdida de inversiones
En un territorio donde la instalación de proyectos está prácticamente parada por la suspensión judicial de parques, la patronal eólica advierte que esta medida generará más inseguridad jurídica y ahuyentará inversiones. La entidad también cree que podría forzar la ruptura de contratos de suministro vigentes y derivar en una oleada de litigios judiciales.
