La Xunta recurrirá ante el Constitucional la Ley de Vivienda y las inmobiliarias lo celebran

La Xunta ha ratificado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda. Esta medida pone fin a la vía de diálogo abierta en la comisión bilateral solicitada por el Gobierno gallego y abre, en su lugar, la vía jurídica que ya han tomado otras comunidades como Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña, cuyos recursos han sido admitidos a trámite a finales del mes de septiembre.

El Ejecutivo gallego señala que emprende la batalla judicial con el objetivo de «defender las competencias exclusivas» que tiene Galicia en materia de vivienda y resolver las dudas de aplicación que supuso su entrada en vigor, en mayo de 2023. Fundamenta su decisión en que la ley, además de ser «confusa» en su redacción, «técnicamente defectuosa» y «poco clara» en la atribución «de ciertas obligaciones y actuaciones», no «respeta» las atribuciones exclusivas en materia de vivienda que reconocen a la autonomía la Constitución y el Estatuto.

La Xunta mantiene discrepancias en relación a 17 artículos y disposiciones, entre los que se encuentran las modificaciones introducidas en relación con el fenómeno de la «ocupación» para «aumentar la protección de las personas que usurpen ilegalmente una vivienda».

Respaldo de Fegein

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias ha celebrado la decisión del gabinete de Alfonso Rueda. En un comunicado señala que todas las argumentaciones defendidas por el presidente de la entidad, Benito Iglesias, en los últimos meses, han sido recogidas en el recurso del Gobierno gallego. En la patronal consideran que se trata de una «normativa fallida» que aumenta el problema del alquiler. Y expone varios motivos. Por un lado, que no contempla ni una sola medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento, pero sí que penaliza al propietario, a pesar de que el 95% de ellos en Galicia son pequeños ahorradores, según sus datos.

La organización asegura que esta ley es «letal» para los inquilinos vulnerables y los jóvenes, y ahuyenta la inversión en alquiler, especialmente la foránea. A juicio de Fegein, desde su entrada en vigor no ha aliviado los precios, sino que «ha reducido notablemente la oferta de alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada«. Al igual que la Xunta, la entidad lleva tiempo lamentando que la norma «somete al propietario de una vivienda que sufra una ocupación a un calvario cruel e injusto».

«Diálogo y consenso siempre por delante, al igual que el acatamiento de la Ley de Vivienda, guste o no. Pero también hay que defender los intereses generales, siempre. Por lo que, el respaldo es absoluto a recurrir la Ley Estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por invadir frontalmente las competencias exclusivas de nuestra Comunidad Autónoma y por una posible vulneración del derecho de propiedad», dice Benito Iglesias, presidente de Fegein.