La Xunta declara estratégico el nuevo proyecto de la mina de Touro, con 200 millones de inversión

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes a la declaración de la mina de cobre de Touro como proyecto industrial estratégico, lo que permitirá acortar a la mitad los plazos de tramitación. Esta figura, que también tienen proyectos como la fábrica de fibras textiles de Altri o la de neumáticos de Sentury Tire, supone un espaldarazo del Gobierno gallego a las promotoras, Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas, después de que los propios técnicos de la Xunta emitieran una declaración de impacto ambiental negativa al proyecto anterior.

Desde entonces, Cobre San Rafael, la sociedad instrumental que impulsa la explotación, ha mantenido siempre su intención de presentar un nuevo proyecto, que el Gobierno gallego bendice ahora con su declaración como estratégico. Alfonso Rueda ha decidido librar las batallas de Altri y la mina de Touro, dos iniciativas con importantes sectores en contra por el temor a su impacto ambiental, desde el arranque de la legislatura.

200 millones de inversión

En un comunicado, las promotoras señalan que prevén invertir 200 millones de euros y crear más de 400 puestos de trabajo. Defienden, además, que el proyecto contribuirá a complementar cadenas de valor y está alienado con los objetivos de la Unión Europea, que incluye el cobre en su lista de minerales críticos y esenciales para el continente.

«Es una gran noticia que la administración, después de estudiar el proyecto de forma profunda y rigurosa, haya determinado que cumple los requisitos legales para ser un Proyecto Industrial Estratégico», dijo el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira. El ingeniero añadió que «este proyecto de producción sostenible de cobre gallego fue construido desde el escrupuloso cumplimiento legal, la excelencia tecnológica, la escucha al territorio y significará un impulso directo e indirecto a nivel industrial para una zona rural que padece problemas como la despoblación».

Siete millones para entidades sociales

La compañía defiende que el proyecto está llamado a convertirse en un referente de minería sostenible a nivel europeo. En este sentido, recuerda que fue mejorando la iniciativa aprovechando las mejores tecnologías actuales y teniendo en cuenta todas las sensibilidades locales. Según indica, los responsables mantuvieron más de 300 reuniones, de las que casi la mitad fueron con asociaciones de la Ría de Arousa. A lo largo de la vida de la explotación, la empresa prevé destinar 500.000 euros anuales a proyectos sociales, lo que supondrá un desembolso de 7 millones.

Cobre San Rafael indica también que se tuvieron en cuenta todas las alegaciones presentadas al anterior proyecto y que el nuevo se construyó en base a un proceso participativo de la ciudadanía. De esta colaboración, señalan, surgieron intervenciones técnicas como los 3,4 millones destinados a canalizar y recuperar las aguas de la zona.

Finalmente, las mineras destaca que los estudios independientes previos a la puesta en marcha del proyecto estiman que tendrá un impacto directo en Galicia de más de 2.500 millones, siendo los sectores de la fabricación de productos metálicos y de la construcción los más beneficiados. El 66% del gasto para el desarrollo de la explotación se realizará en proveedores gallegos.

Planta fotovoltaica

El proyecto de explotación abarca una superficie de 812 hectáreas, situadas esencialmente en la concesión de San Rafael, cuyos derechos mineros data de 1958. La Xunta explica en un comunicado que además del proyecto minero, la iniciativa incluye la restauración ambiental de la zona afectada y de los pasivos ambientales heredados de anteriores explotaciones.

Cobre San Rafael prevé incorporar una planta fotovoltaica para autoconsumo que evitará la emisión de 18.565 toneladas de CO2; un centro de tratamiento de purines para la valorización y aprovechamiento de los residuos de explotaciones ganaderas de Touro y O Pino; además de la reforestación de los espacios con especies autóctonas y la puesta en marcha de un proyecto piloto para complementar la cadena de valor y permitir la comercialización de cobre metal 99,9999%, en lugar de concentrado de cobre.

Oposición al proyecto

Esta declaración se produce de forma paralela a la oposición al proyecto de distintos colectivos ecologistas, vecinales y sindicales, que hace justo una semana expresaban su rechazo a la nueva formulación del proyecto de Cobre San Rafael. El anterior proyecto de reapertura de la mina, de 2020, fue rechazado por la Xunta basándose en la afectación a ocho cursos fluviales, así como una posible incidencia en los animales –de una zona de especial protección agraria–, unido a «un riesgo muy elevado» para las poblaciones y el medio ambiente en caso de catástrofe.

El pasado lunes, más de un centenar de colectivos vecinales, ecologistas, del mar y sindicales emitieron un comunicado rechazando este nuevo proyecto de explotación, presentado en enero de este año, asegurando que se trata «de una copia barata del tumbado en 2020 con una declaración de impacto ambiental negativa por sus previsibles impactos sobre el sistema fluvial del río Ulla».

«Lejos de enmendar el proyecto anterior, Atalaya Mining y su filial Cobre San Rafael vuelven a poner encima de la mesa una enorme balsa de 23 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos con 1,6 kilómetros de longitud y una altura similar a la de la Catedral de Santiago. El depósito de residuos está a menos de 500 metros del núcleo de población Arinteiro cuya población sería aniquilada en caso de un accidente. De hecho, la instalación propuesta sería ilegal en países como Brasil, Ecuador o China», afirmaron entonces los ecologistas.