La Xunta calcula hasta 2.100 millones de indemnización a Audasa por el lucro cesante de la AP-9

El informe que la Xunta encargó a la consultora Eptisa sobre la AP-9 deja una batería de cifras que, además de rebajar sensiblemente el coste del rescate de la autopista respecto al cálculo realizado por el Ministerio de Transportes, da cuenta de los saldos pendientes con la concesionaria Audasa que deberán ser compensados por los propios usuarios de la vía o por las arcas públicas del Estado. Entre todas las magnitudes, una destaca sobre las demás, en medio del acalorado debate sobre la transferencia de la vía y la liberación de los peajes: la indemnización a Audasa por el lucro cesante, los beneficios que podría obtener con la explotación de la AP-9 hasta el final de la actual concesión, prorrogada por el Gobierno de José María Aznar hasta 2048.

El estudio presentado este jueves por la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, estima que la indemnización a la empresa en caso de un eventual rescate de la concesión podría alcanzar un máximo de 2.137 millones y un mínimo de 1.394 millones. El cálculo se basa en la media de los beneficios de explotación de la empresa en los últimos cinco años, multiplicada por el periodo restante de concesión, según prevé la Ley de Contratos. La horquilla fijada coincide con la aplicación o no de la tasa de descuento del 3,8%, correspondiente a la rentabilidad de la deuda pública del Estado a largo plazo, a la hora de realizar el cálculo.

En el importe máximo estimado por Eptisa, la indemnización a la empresa del grupo Itínere supondría casi el doble del pasivo que tiene actualmente Audasa, pues a cierre del primer semestre del actual ejercicio ascendía a 1.175 millones. Si se compara solamente con la deuda financiera, la compensación duplicaría con creces los 875 millones que tiene pendientes de amortizar la empresa por las emisiones de bonos y los préstamos bancarios.

Cabe recordar que el rescate de la concesión no está contemplado en la ley de transferencia de la autopista que confeccionó el Parlamento gallego y que el Congreso admitió a debate el pasado junio, sino solamente una ampliación de las bonificaciones. Sin embargo, la presión de grupos políticos como el BNG para que se levanten los peajes, así como los expedientes de la Comisión Europea a España al considerar que la prórroga de la concesión es ilegal, pues se hizo sin mediar concurso público como exigían las normas comunitarias, han sacado el debate a la palestra.

La propia Audasa manifestó repetidamente en los informes de resultados remitidos a la CNMV que, en caso de que la aparten de la AP-9, tendrá que ser «debidamente indemnizada». El informe encargado por la Xunta asegura que la factura podría superar los 2.000 millones.

Las subidas de peaje que vienen

Aunque la indemnización por el lucro cesante es la partida más relevante de un eventual rescate de la AP-9, no es el único coste que debería asumir el Estado. Hay que sumar los costes vinculados a la conservación y reposición de la autopista y a la eliminación de las áreas de peaje, que el estudio cifra en 430,15 millones más. Todavía quedaría por cubrir la amortización pendiente de la construcción de la vía, que el informe sitúa en 936,8 millones.

La factura final estimada por la Xunta, teniendo en cuenta la horquilla fijada para el lucro cesante, ascendería a un máximo de 2.355 millones, lejos de los 4.000 millones de los que habló el ministro Óscar Puente. Esto es debido a que el informe descuenta el coste que ya ha asumido la Administración para aplicar descuentos y bonificaciones en los peajes, y que le obligará a entregar a Audasa compensaciones por valor de 1.149 millones hasta 2048. De levantarse los peajes, este pago ya no sería necesario.

En este apartado, la partida más importante deriva de las bonificaciones a los viajeros frecuentes pactadas entre PSOE y BNG en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y que supondrán al erario público 874,4 millones durante la vida de la concesión. Si estos descuentos, generalmente el 50% de la tarifa en el viaje de ida y vuelta en el mismo día, suponen transferir parte del coste que deberían abonar los usuarios al Gobierno, lo contrario sucede con las compensaciones a Audasa por las obras de la circunvalación de Santiago y la ampliación del Puente de Rande.

El exministro gallego de Fomento, José Blanco, acordó con la concesionaria que las compensaciones a su inversión se realizarían mediante subidas de peaje, motivo por el que las tarifas de la AP-9 suben cada año un 1% adicional al incremento regular determinado por el IPC.

La factura pendiente de pagar con los aumentos de tarifas a los conductores asciende todavía a 446,5 millones, según los datos del estudio que hizo públicos la Xunta. De esta manera, si el Estado no asume el pago y la concesión se mantiene sin cambios, la autopista seguirá encareciéndose para sus usuarios. Precisamente, la propuesta de la ley de transferencia incluye la eliminación de esa subida adicional del 1% mediante el pago de la compensación a Audasa, así como la ampliación de las bonificaciones.