La SEPI irrumpe en la crisis de Alcoa 27 años después de la privatización de Inespal

La dueña de San Cibrao amenaza con abandonar el mercado español mientras crecen las voces que apuestan por una intervención estatal y recuerdan que hace casi tres décadas los de Pittsburgh se hicieron con un negocio próspero gracias a un precio energético pactado con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

Planta de alúmina de Alcoa, en San Cibrao

Planta de alúmina de Alcoa, en San Cibrao. Europa Press / Janet González

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Fue en febrero de 1997, hace 27 años, cuando, bajo el Gobierno de José María Aznar, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) decidió quién sería el comprador de Inespal, el acrónimo de Industria Española de Aluminio. Cuentan las crónicas que el vehículo inversor del Estado firma la carta de intenciones definitiva con Alcoa, que realizaría una due diligence hasta mayo de aquel año para, posteriormente, sellar la compra el ejercicio siguiente. El entonces ministro de Industria, Josep Piqué, defendió que la privatización era necesaria debido a las abultadas pérdidas de Inespal, que cifró en casi 70.000 millones de pesetas en siete años.

Lo que compró Alcoa en aquella época dista mucho que los activos que hoy retiene en España. Inespal nació en 1985 como resultado de la fusión de las empresas Aluminio de Galicia, Augasa, y la Empresa Nacional de Aluminio, Endasa. Cuando se llevó a cabo la privatización, en 1997, los centros productivos del grupo se repartían por San Cibrao, A Coruña y Avilés. Además también había fábricas de productos laminados de Alicante, Amorebieta (Vizcaya) y Sabiñánigo (Huesca); las de extruidos en Irurtzun (Navarra), Noblejas (Toledo) y Valls (Tarragona), además de otras dos en Barcelona de embalaje flexible y tapones para botellas.

La amenaza de Alcoa

En estos momentos, Alcoa tan solo posee ya el complejo de San Cibrao, conformado por la planta de aluminio primario, hoy parada y a la espera de la reactivación de la cubas, y la de alúmina, con la producción cercenada a la mitad debido a los altos precios del gas. Esta semana, en el marco de la presentación de sus resultados anuales, la cúpula de la multinacional puso en duda su continuidad en el mercado español debido, asegura, a las grandes pérdidas que acumula que han llevado su caja «al límite». Con una previsión de pérdidas de 200 millones de euros para este año, su CEO, Bill Oplinguer, asegura que la caja y las líneas de crédito en San Cibrao no alcanzan para ejecutar lo que pactó con los sindicatos, que no es otra cosa que la reactivación de las cubas de electrolisis.

En la conferencia ante analistas también abrió la puerta, por primera vez, al cierre de la planta de alúmina. “Si elegimos ir a un cierre total, tendíamos que pasar el proceso de negociación con los sindicatos. Llegados a este punto estamos explorando todas las opciones”, apuntó.

Las incógnitas de la privatización

Ante estas declaraciones, no son pocas las voces que vuelven a reclamar una intervención del Estado, al tratarse de una industria estratégica, y recuerdan que la venta de la SEPI, pactada hace 27 años, se negoció de forma muy ventajosa para los de Pittsburgh. Ante la reciente decisión del Estado de entrar en Telefónica con un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la plantilla reclama al Estado que mueva ficha en ese sentido. En Galicia también lo hace el BNG, que siempre ha defendido favorecer una intervención.

Dicen las hemerotecas que Alcoa compró Inespal por unos 400 millones de dólares, si bien hay que tener en cuenta que, de esa cantidad, 200 millones eran para el pago de la deuda. Históricamente, al proceso se le criticó siempre falta de transparencia, ya que una serie de acuerdos nunca se hicieron públicos. Unos pactos que habrían favorecido que Alcoa recuperase de forma rápida su inversión. Y es que el Ejecutivo también acordó un precio especial de electricidad con la compañía durante 10 años, con una prórroga de otros cinco más. Un precio máximo pactado por megavatio: si el coste de la energía subía, la SEPI pagaba la diferencia. “Nunca se supo cuál fue ese máximo pactado, todo un secreto de Estado”, recuerdan hoy fuentes empresariales consultadas por este medio.

¿Intervención de la SEPI?

Las crisis de Alcoa son cíclicas. Ya hace años que los americanos amagan con su marcha debido a los precios energéticos. En 2020, tras intentar sin éxito un ERE en la factoría de aluminio primario que fue tumbado por los tribunales, la propia multinacional abogaba por vender la planta a la SEPI por un euro, para que luego esta la transfiriera al comprador escogido. La operación no se llevó a cabo ya que, entre otras cuestiones, los americanos querían pactar una salvaguarda, un blindaje que los alejase de reclamaciones futuras para evitar otro caso como el vivido con Alu Ibérica.

Según ha podido saber Economía Digital Galicia, hace dos años, antes de que empresa y sindicatos pactasen paralizar las cubas para reactivarlas en 2024 manteniendo el empleo, el Gobierno de Pedro Sánchez barajó una actuación vía SEPI. Es decir, estaba dispuesto a que su vehículo industrial dependiente del Ministerio de Hacienda, tomase una participación en el negocio de San Cibrao si este acababa en manos de un comprador solvente que le diese garantías de futuro.

¿Ayudas estatales?

En cualquier caso, distintas fuentes consultadas por este medio coinciden en que, en este momento, la pelota está en el tejado de Alcoa. Si bien el comité de empresa lleva tiempo insistiendo en que, si no quiere mantenerse en San Cibrao, debe favorecer una venta, los americanos, de momento, no se han pronunciado en favor de una marcha. Aseguran que el complejo de A Mariña no es rentable y que tendrán que tomar «decisiones difíciles» sobre la planta, con repercusiones en el empleo si no hay un cambio.

Así, no son pocas las voces que creen que, con la amenaza de decisiones drásticas, Alcoa busca que las administraciones muevan pieza en busca de ayudas o medidas que reduzcan su factura eléctrica. De momento, hay que recordar que el Ministerio de Industria prevé sacar adelante este año dos convocatorias del llamado Perte de la descarbonización, al que lleva tiempo asegurando que se podrá acoger Alcoa con buenos resultados. La primera convocatoria de la línea 1 de este Perte está dotada con 500 millones de euros en préstamos y otros 500 millones en subvenciones, y el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el próximo 24 de enero.

Una fábrica de 45 años

Habrá que esperar los movimientos de empresa y administraciones públicas para ver qué futuro le aguarda a un complejo industrial histórico que echó a andar en enero de 1979, hace 45 años, entrando en funcionamiento 32 cubas de electrólisis.

Hace 50 años, en el 74, Endasa y Alugasa, por aquel entonces dos empresas rivales, se unieron, ya antes de su fusión, para promocionar la construcción de la planta de aluminio, “con el objeto de atender la demanda creciente de este metal en el país” y la de alúmina, para evitar tener que importarla.

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