La plantilla de Nueva Pescanova da el ‘ok’ al preacuerdo de ERE que rebaja a 76 los despidos
El comité y la compañía acuerdan, entre otros aspectos, que el personal menor de 57 años que salga lo hará mediante un despido improcedente e indemnización de pago único de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades
La plantilla de Nueva Pescanova ha aprobado en asamblea este viernes (con únicamente seis abstenciones), el preacuerdo al que llegó ayer el comité de empresa con la dirección de la compañía sobre el Expediente de Regulación de Empleo extintivo. Finalmente, el número de personas afectadas será de 76. En un primer término la compañía había hablado de 100 aunque semanas después los rebajó a 82.
En las negociaciones, que se han extendido hasta el límite de lo que permite la ley, las partes han acordado aplicar un mecanismo preferente de voluntariedad para acceder a las salidas de la empresa, de modo que si hubiese los suficientes trabajadores a acceder a salir de la compañía no serían necesarios los despidos.
Además, el personal menor de 57 años que salga lo hará mediante un despido improcedente e indemnización de pago único de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, “mejorando con mucho lo que dice la legislación”, según ha dicho Celso Carnero, representante de CCOO.
Acuerdo positivo
El sindicato ha valorado el acuerdo “como positivo e importante” dado que la empresa en el primer semestre del año ha continuado en pérdidas, que se suman a las de los tres años anteriores.
Se han acordado bajas indemnizadas para los trabajadores de 58 a 65 años afectados, de modo que los que tengan entre 63 y 65 recibirán una indemnización en un pago único equivalente a un año de salario bruto, mientras que los que tengan entre 58 y 62 recibirán una indemnización fraccionada en forma de renta según los tramos de edad y el tiempo que lleven trabajando en la compañía.
El ERE afecta a personal de los centros de trabajo de Chapela (Pontevedra) y Madrid y de él quedan excluidos, salvo que se adscriban de forma voluntaria a las medidas de baja indemnizada, los trabajadores con discapacidad de al menos un 44 %, mujeres víctimas de violencia de género, y un miembros de los matrimonios o parejas de hecho en caso de los contratos de ambos estuviesen afectados por las medidas de extinción.