La patronal gallega respalda a la Xunta: pide que la producción eólica beneficie a las empresas

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha mostrado su apoyo a las medidas adoptadas por la Xunta para garantizar que la implantación de proyectos renovables tengan un impacto positivo en el territorio, es decir, que contribuyan con energía parata para las empresas y los ciudadanos. La patronal gallega emitió un comunicado para expresar su respaldo «a la introducción de medidas que, siempre sin perjuicio del marco jurídico y de la necesaria seguridad jurídica», supongan que las empresas y autónomos de Galicia «cuenten con un soporte que garantice que en el futuro serán beneficiarias de los recursos propios de su tierra«.

El posicionamiento de la institución que dirige Juan Manuel Vieites llega después de que la patronal eólica española mostrara su disconformidad con la estrategia de la Xunta y augurara una lluvia de demandas y arbitrajes si obligaba a los nuevos proyectos a destinar el 50% de su producción a empresas o comunidades energéticas radicadas en Galicia. Desde el enfado de la industria eólica, han salido en defensa del Gobierno gallego la Confederación de Empresarios de Galicia y once clústeres, que emitieron una nota conjunta el pasado fin de semana.

Imprescindible para atraer inversiones

El presidente de la CEG ha asegurado que se trata de un momento «clave para definir el futuro productivo» de la comunidad, lo que , ha añadido, «debe pasar necesariamente por la industrialización y el establecimiento de unidades de producción en Galicia».

«La disponibilidad de energía a precios competitivos, así como su origen renovable, son factores esenciales para atraer y retener proyectos en Galicia y contamos con condiciones idóneas para la producción de energía renovable y en particular para la producción de energía eólica», ha expresado. Por todo ello, considera «lógico e innegociable» que la producción de energía en Galicia redunde en beneficio de las comunidades locales y consecuentemente en las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en el territorio.

En este sentido, señala que la Ley 2/2024, de 7 de noviembre, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia tiene por objeto «promover el desarrollo sostenible mediante la regulación y promoción de actuaciones e instrumentos como la búsqueda del mayor beneficio social y económico en la ejecución de los proyectos, entendiendo como tales beneficios, entre otros, la reducción de los costes de la energía y la reducción de la dependencia energética de las personas consumidoras locales e industrias del ámbito de influencia de los proyectos».

Mejorar la competitividad

La patronal señala que «las medidas que en materia energética contribuyan a dichos objetivos merecen una valoración positiva», ya que «contribuirán, a su vez, a la competitividad de las empresas y a la imprescindible transformación de Galicia». En esta línea, sostiene que «las empresas que producen energía en Galicia vienen contribuyendo ya desde hace mucho tiempo con parte de sus beneficios por diferentes vías además del empleo y de las inversiones al desarrollo de Galicia».

Asimismo, subrayan que es «una buena noticia» que los gallegos puedan «sacar partido de la energía» que se produce en el territorio. Recalca, sin embargo, la importancia de «concretar el modo» en que se materializa dicha contribución y para ello entienden como «imprescindible» trabajar «desde el diálogo y el entendimiento», para cualquier adaptación que se pretenda de las condiciones de los proyectos de energía en Galicia.

En este contexto, Vieites ha manifestado que «es necesario seguir apostando y profundizando en la sostenibilidad» del territorio y en «un mayor beneficio social y económico de sus actores y en particular en la reducción de los costes de la energía y de la dependencia energética».

Respetar la seguridad jurídica

Todo ello, opina Vieites, «debe realizarse sin perjuicio del marco jurídico del mercado eléctrico, de la libertad de empresa y de los principios y libertades del Mercado Único Europeo». Es un matiz relevante, pues la Asociación Empresarial Eólica se quejó precisamente de que la Xunta pretendía aplicar medidas expropiatorias y contrarias a la libertad de mercado. A esto se añade que Galicia cuenta con más de 50 proyectos eólicos paralizados por medidas cautelares o a la espera de la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«No podemos permitirnos introducir más incertidumbre, sino trabajar en favor de los objetivos planteados desde la certeza y la confianza«, ha advertido el presidente de la institución, que indica también que «Galicia debe apostar por medidas que apoyen y favorezcan a las empresas que estén establecidas en el territorio y especialmente donde se produce energía verde, como ya han puesto en marcha otras comunidades autónomas».