La patronal de Celsa y Megasa clama contra Bruselas por una reforma eléctrica «cosmética»
La patronal siderúrgica Unseid ha criticado la poca ambición de la reforma del sistema eléctrico y muestra sus dudas sobre la capacidad de esta para garantizar que la "industria disponga de electricidad en los términos competitivos que precisa"
Imagen de la sede de Megasa, la primera siderúrgica de Galicia, en Narón. EFE
Comentarios
La siderurgia española arremete contra el acuerdo político europeo para reformar el mercado comunitario de la electricidad. La patronal Unesid, bajo la cual se integran las gallegas Megasa y Celsa Atlantic, censura la poca ambición de un medida que tilda de «casi cosmética».
«La Unión Europea ha elegido una reforma casi cosmética que no estamos seguros que garantice (…) que nuestra industria disponga de electricidad en los términos competitivos que precisa y que permita continuar con las inversiones tan relevantes a las que tiene que hacer frente para culminar la descarbonización”, ha dicho la patronal Unesid.
Su director general, Andrés Barceló, ha señalado en un comunicado que la industria siderúrgica española «hubiera preferido una reforma realmente ambiciosa», por lo que respalda «la propuesta inicial del Gobierno español, al que hemos ofrecido nuestro apoyo en el procedimiento». «Si la solución a la descarbonización es la electrificación de la industria, de la movilidad y de los hogares, es imprescindible que haya un suministro de electricidad a precios competitivos porque, en caso contrario, ni la sociedad ni las empresas podrán abordar esa electrificación», ha apuntado.
La patronal de las siderúrgicas Celsa Atlantic y Megasa ha reaccionado así al acuerdo político recién alcanzado entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea tras diez horas de negociación en Estrasburgo (Francia) y que ahora tendrá que ser validado tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el pleno de la Eurocámara.
Así es la reforma
Se trata de un ajuste del mercado concebido al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022 que busca acercar a la Unión Europea a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia. El texto pactado recoge varias medidas para reforzar la protección a los consumidores y establece unos criterios que permitan que el Consejo, a propuesta de la Comisión, declare una crisis energética.
Los Estados deberían entonces adoptar medidas para rebajar los precios para los clientes vulnerables y desfavorecidos, con disposiciones para evitar «distorsiones indebidas del mercado interior», indicó el Consejo en un comunicado.
El mayor escollo de la tramitación fue previo a la negociación final entre el Consejo y la Eurocámara y apareció en el enfrentamiento entre París y Berlín a propósito de los contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) y su aplicación sobre las centrales nucleares en funcionamiento. Los CFD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
Francia, con un amplio parque nuclear, quería aplicar ese esquema a las plantas atómicas en uso y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria gala, que podría obtener electricidad más barata que la germana.
