La fiscalía pide prisión para José Antonio Castro Sousa (Hesperia)

El presidente de la cadena hotelera Hesperia, José Antonio Castro Sousa, todavía tiene pendiente un antiguo caso judicial de cuando estaba al frente de la desaparecida Bankpime, entidad financiera catalana que en 2011 fue absorbida por Caixabank.

La fiscalía pide cuatro años de prisión para Castro Sousa por un presunto delito de insolvencia punible. Este caso está relacionado con una fracasada operación de venta de participaciones de Bankpime a Kota Investments, propiedad de la familia venezolana Bellosta.

Después de un largo y complejo litigio, en el que intervino la Corte Internacional de Arbitraje de París y diversos juzgados de Barcelona, Castro Sousa aportó en su momento los más de 20 millones de euros que estableció el laudo y las posteriores resoluciones judiciales. Sin embargo, no abonó los intereses, según consta en el escrito de fiscalía. Kota prosiguió con el pleito cuyo juicio oral está programado para la próxima semana en la Audiencia de Barcelona.

La fiscalía también reclama en sus calificaciones provisionales la misma pena de prisión para otros tres directivos vinculados a Castro Sousa. Además, en concepto de responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen a Kota con 2,47 millones de euros por los supuestos intereses no abonados.

La familia Bellosta planeó salvar Bankpime antes de que la absorbiera Caixabank

Este caso judicial se inició hace una década. Antes de que Caixabank se quedara con Bankpime en septiembre de 2011, en abril de aquel año Castro Sousa y Marcelino Bellosta suscribieron un contrato de toma de participaciones. El objetivo era recapitalizar Bankpime en un momento en que esta entidad estaba al borde del precipicio. Como garantía del contrato, Kota aportó dos avales emitidos por la financiera luxemburguesa Pictet & Cie por un importe conjunto de 26,64 millones de euros.

Sin embargo, Kota se echo atrás dos meses después. Comunicó al Banco de España que desistía de su entrada en Bankpime y reclamó la devolución de los avales.

Tras unas negociaciones infructuosas, Kota interpuso en julio de aquel año una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje. Eso no impidió que se ejecutaran sus avales.

Kota lanzó una batalla legal contra Castro Sousa en la corte arbitral de París y en los juzgados de Barcelona

A partir de entonces, Kota lanzó una batalla legal en diversos frentes contra la sociedad mercantil IPME 2012, que es la denominación que adoptó Bankpime una vez que transfirió su negocio financiero (tanto los activos como los pasivos) a Caixabank. En el consejo de administración de IPME, que pasó a centrarse en el sector inmobiliario, estaba Castro Sousa y los otros directivos acusados. En la actualidad, IPME se encuentra en liquidación.

Según el relato de la fiscalía, en junio de 2013, la corte arbitral de París emitió un laudo por el que obligó a IPME a devolver los 26,64 millones de euros de los avales ejecutados, además de los intereses devengados. Y a Kota le ordenó que pagase una indemnización de 7,67 millones de euros por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato. Al final, el laudo estableció que IPME debía restituir a Kota el diferencial de 20,43 millones de euros de principal, además del 4% de intereses anuales si el pago se hacia con posterioridad al 31 de julio de 2013.

Ante este laudo, IPME interpuso una demanda de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en una sentencia de julio de 2014, fue desestimada al confirmar la resolución de la corte arbitral.

La fiscalía acusa a los responsables de IPME de intentar ocultar el dinero

Cuando Kota acudió al juzgado de ejecuciones se encontró con que el dinero había desaparecido. En enero de 2013, el consejo de administración de IPME había concedido un crédito participativo de 30 millones de euros a su filial Multinmueble. Sin embargo, estos fondos no se transmitieron hasta el mes de julio, cuando ya se conocía el laudo arbitral, según precisa el escrito de la fiscalía. La mayor parte de estos fondos procedían de la ejecución de los avales de Kota.

Entre el 26 y el 31 de julio de 2013, se realizaron transferencias a Multinmueble por un importe de 26,75 millones de euros. A causa de ello, la fiscalía apunta que IPME quedó sin fondos.

En el escrito del ministerio fiscal se indica que los acusados realizaron diversas “operaciones para ocultar los fondos, desviándoles desde Multinmueble a otras sociedades del grupo controladas directa o indirectamente por José Antonio Castro Sousa”. Esta operativa se realizó supuestamente con la supuesta finalidad de “eludir la ejecución del laudo arbitral y evitar tener que devolver los fondo a Kota”.

En febrero de 2014 se declaró el concurso de acreedores de IPME. A instancias del administrador concursal, el juzgado mercantil número nueve de Barcelona rescindió el crédito de IPME a su filial Multinmueble, así como las cesiones desde esta última mercantil a otras sociedades controladas por castro Sousa. En 2016, la Audiencia de Barcelona confirma la sentencia.

Poco después, dos empresas controladas por Castro Sousa (Eurofondo y Barcelona Park) cubrieron el importe principal de más de 20 millones de euros. No obstante, según precisa la fiscalía, no se abonaron los intereses del 4% devengados hasta la fecha del laudo arbitral y que ascienden a 2,47 millones de euros, que es el importe que reclama Kota.

El juicio puede evitarse si todas las partes llegan a un acuerdo antes de que se inicie la vista oral. Este acuerdo requeriría la aprobación del juez.

Se trata del último fleco judicial de la desaparecida Bankpime. Félix Millet presidió esta entidad hasta 2009, cuando estalló el caso Palau por el que fue condenado. Luego, Castro Sousa asumió la presidencia de Bankpime hasta que Caixabank se quedó con su negocio bancario. Cinco meses antes, se produjo la fallida operación con Kota.